10-03-2014 Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza expresaron sus posicionamientos sobre el proceso de adjudicación de contratos, en particular los de la naviera Oceanografía, ante el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Asimismo, sobre la viabilidad financiera y técnicas de las asignaciones de los campos petroleros, tanto de exploración como de explotación, con los que se va a quedar la paraestatal, de acuerdo con la reforma energética.

En la reunión, ante las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las Especiales de Cuenca de Burgos y la de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se ubican las Instalaciones de Pemex, el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI) señaló que en el caso de Oceanografía, se está ante hechos constitutivos de delitos cuyos responsables deben ser llevados ante la justicia para ser procesados con apego a derecho, sin excepción ni distingos y sin dar margen a que puedan quedar impunes.

Expresó su convicción en que la administración de Pemex hace lo necesario para sanear la empresa y prepararla para enfrentar los retos que traerá el proceso de reforma que no puede detenerse ante la dinámica de la transformación mundial del mercado de hidrocarburos. En todo este proceso, dijo, será toral fomentar la proveeduría nacional mediante cadenas de producción y contenido nacional en la ejecución de asignaciones y contratos, en sintonía con los tratados internacionales y acuerdos comerciales.

Subrayó que la experiencia de lo que ocurre con el caso de Oceanografía pone de relieve la pertinencia de haber establecido en la reforma constitucional la obligación de asegurar la transparencia de los procesos de licitación y la adjudicación de contratos en la industria petrolera y contar con órganos reguladores coordinados. “Éstas son las herramientas que evitarán que vuelvan a repetirse casos como el que ahora enfrentamos”.

En su turno, el diputado Juan Bueno Torio (PAN) cuestionó cómo se construyó este fraude, quiénes y cómo participaron, las fechas de las facturas, cuándo y cómo es que Banamex validó con PEMEX el contenido de las 217 facturas y los nombres de los funcionarios de ambas instituciones vinculadas a este fraude. Lo anterior, para tomar las providencias necesarias y correspondientes en la construcción de las leyes secundarias, en particularmente las que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad.

“En este quebranto financiero es evidente que Oceanografía no actuó sola. Sin duda también hay complicidad de funcionarios tanto de Banamex, que forzosamente tuvieron que aceptar las operaciones, con algún funcionario en Petróleos Mexicanos; de otra forma no hubiera sido posible que el banco le prestara 585 millones de dólares a una empresa cuya calificación crediticia había sido reducida en el año 2010”, enfatizó.

Consideró que también habría que investigar por qué crecieron las deudas de Oceanografía ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque le debe 500 millones de pesos, y al Infonavit 200 millones de pesos de las cuotas obrero-patronales. Solicitó que se llegue al fondo en las investigaciones, “sin cortinas de humo ni tintes partidistas, pero sí con la estricta aplicación de la ley y una vez realizada la investigación se haga pública y se finquen las responsabilidades de este fraude a quienes resulten involucrados”.

Por el PRD, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena cuestionó cuál es la estrategia a seguir a partir de la reforma energética para dar solución a los problemas económicos y técnicos de las empresas energéticas en México, así como el impacto que deberían tener para garantizar el desarrollo nacional y el bienestar social. Además, qué acciones piensan implementar para acabar con la corrupción.

Refirió que Pemex aporta al presupuesto federal cerca del 40 por ciento de los ingresos por medio de sus aportaciones fiscales, es decir, es la empresa estratégica del gasto público, por lo que preguntó ¿cómo impactará la presencia del capital privado y en especial del capital extranjero en Pemex en materia de recaudación fiscal?

También cuestionó cuál es el plan para subsanar el déficit de gasolina y cuánto tiempo se considera que necesitaría Pemex para estar en un nivel competitivo en cuanto a su tecnología en esta área. Asimismo, qué se propone en materia de desarrollo tecnológico para ampliar progresivamente el uso de energía renovable en el país y evitar el rápido deterioro de la ecología y del medio ambiente. Además, peguntó: “¿creen que los órganos reguladores de Pemex podrán cumplir con los contratos de la iniciativa privada de una manera transparente y sin corrupción?”

En tanto, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) reconoció la forma en que se han enfrentado, sin rodeos, todos los casos de corrupción que se han presentado en la empresa. “Me parece que no es tiempo de regresarnos a los tiempos de administraciones pasadas, sin embargo, es tiempo de reconocer que hoy en conjunto, PEMEX y la PGR han actuado de forma frontal a una de las razones que ofenden a todas las familias mexicanas que es la impunidad”, recalcó.

Reconoció que también “han dado muestra de que no solamente con chalecos y balas se combate al crimen organizado, sino con inteligencia, tecnología, cooperación y ese ha venido siendo el resultado que hoy se ve”.

“No podemos negar que el sector energético ha sido invadido de una cantidad de acciones de corrupción y de poca transparencia durante la acumulación de todos estos años. Sin embargo, hay resultados alentadores en el último año en comparación de las administraciones pasadas, en lo que tiene que ver con recuperación de petróleo, combustibles, diesel, gasolina y los detenidos involucrados en el mercado ilícito, ya que hoy rebasan a las 220 personas, cuando en los últimos 3 años solamente fueron 22 detenidos”, puntualizó.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, solicitó al Gobierno Federal y a la PGR una investigación a fondo por los fraudes bancarios y operaciones basadas en supuestas facturas de Pemex que realizó Oceanografía.

El también secretario de la Comisión de Energía pidió una investigación “con lupa” sobre el contratismo, tráfico de influencias y sobornos que se hayan realizado en Pemex durante el sexenio de Felipe Calderón y Vicente Fox, así como de la actual administración.

“Que no se discutan las reformas secundarias en materia energética si antes no se combate la corrupción, porque los temas son contratos de producción y utilidades compartidas. Si en el caso de Oceanografía, que sólo con contratos de servicios hay estos niveles de corrupción, ya podemos imaginar el negocio corrupto que se avecina si no se combate desde ahora”, dijo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) consideró que “la situación de Pemex en lo referente a temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas es desalentadora, ocasionando grandes daños a los recursos disponibles en nuestro país”.

Detalló que en ocho auditorías realizadas a las cuentas públicas, del 2005 al 2012, el órgano fiscalizador halló irregularidades en nueve contratos otorgados por Pemex a la empresa que hoy es investigada por fraude y lavado de dinero y simplemente no se hizo nada. “Las irregularidades dentro de la paraestatal, ahora empresa productiva del Estado, han existido desde hace décadas y no reconocerlo sería dar un paso más hacia atrás”.

Expresó su confianza en que la información de Oceanografía no sea considerada reservada ni confidencial de forma permanente. Enfatizó que “el tráfico de influencias está presente no sólo en Pemex, sino en prácticamente todas las áreas en las que se lleva a cabo algún contrato y licitación en nuestro país e involucra tanto a funcionarios como a empresarios. Es de suma importancia conocer bajo qué condiciones y bajo qué esquema administrativo y de gestión Pemex puede reducir actos de corrupción, así como tener información sobre cuánto le cuestan a Pemex estos actos de corrupción en la actualidad”.

En su momento, la diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) exigió una investigación imparcial, objetiva, “que deslinde o finque las responsabilidades a que dé lugar y se sancione conforme a derecho a los involucrados, sean funcionarios públicos o particulares”.

La legisladora destacó su preocupación por que México impulse el desarrollo nacional de una manera sustentable a través de energía e hidrocarburos más limpios.

“En esta oportunidad de diálogo queremos escuchar de qué forma las legisladoras y los legisladores podemos coadyuvar en lograr el objetivo común de todos, que es tener una empresa nacional competitiva, productiva, rentable y sustentable”, señaló.

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