• Avalan cambios a la Constitución para establecer un eficaz régimen de responsabilidad de los servidores públicos

• Evitemos casos de corrupción, donde los presupuestos sean utilizados como botín: diputado Moreno Rivera

11-03-2014.- La Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política, para incluir a los integrantes de los ayuntamientos como responsables por violaciones a la Carta Magna y las leyes federales, en particular por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales.

El dictamen avalado con la unanimidad de 437 votos, y devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que este precepto constitucional no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los miembros de los municipios.

Menciona que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental en el sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero Estado de derecho.

Es fundamental que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales, los utilicen con eficiencia, economía, transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que les son propios, precisa.

Con la reforma, argumenta, los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos serán responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que la función pública del gobierno se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

Además de los integrante de los ayuntamientos, también los gobernadores, los diputados locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por la “aplicación indebida” de fondos y recursos federales.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), expresó que actualmente el ordenamiento constitucional no contempla a los servidores públicos que integran los gobiernos municipales, como sujetos responsables por el manejo indebido de los fondos y recursos federales.

Mencionó que sólo 16 por ciento de los municipios cuentan con información clara y completa sobre sus trámites y servicios, y en el 50 por ciento de ellos la información es limitada o inexistente, además de que los informes de la Auditoría Superior de la Federación reflejan que la gestión de los fondos federales operados por los ayuntamientos presenta insuficiencias e irregularidades.

Julio César Moreno resaltó que de acuerdo con el Fondo de Infraestructura Municipal, una tercera parte del mismo se concentra en pavimentos, en detrimento de servicios básicos prioritarios, como agua, drenaje, salud e infraestructura educativa, además de que dicho gasto se concentra en las cabeceras municipales, dejando en el abandono a las localidades con alto y muy alto rezago social.

“Avancemos con esta legislación, buscando que se puedan consignar a personas que en el ejercicio de sus funciones abusen de los recursos púbicos. Evitemos que existan casos graves de corrupción en donde los presupuestos de municipios o de estados estén siendo utilizados como botín. Recordemos que la corrupción es un reflejo de las fallas en el sistema mexicano”, afirmó.

En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) señaló que con esta reforma se cierra la brecha en cuanto al manejo eficiente y transparente de los recursos, y se refuerzan los mecanismos de control que inhiban conductas perniciosas en la administración pública y responsabiliza a quienes la cometen.

Resaltó que hoy se coadyuva a garantizar a la ciudadanía el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno, ya que “todo régimen que se precie de ser democrático debe tener como baluarte el control y la responsabilidad de sus servidores públicos”.

Por el PT, la diputada Lilia Aguilar Gil expuso que la no responsabilidad de las alcaldías en la revisión de las participaciones y las aportaciones federales tiene una gran trascendencia, de ahí que esta reforma pretende acabar no solamente con excesos de las presidencias municipales, sino que éstas se fortalezcan en sus atribuciones.

Se pronunció porque la Auditoría Superior de la Federación no solamente firme contratos con sus homólogas en los estados, sino que fiscalicen a los ayuntamientos. “Necesitamos que estas auditorías realmente ejerzan su facultad y responsabilidad constitucionales de velar por la adecuada aplicación de los recursos en los municipios y en los estados”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) argumentó que en México el fenómeno de la corrupción se ha enraizado en las prácticas políticas y en el ejercicio de gobierno en los diferentes niveles del país, por lo que es pertinente que quede muy claro que también son responsables los ayuntamientos y sus autoridades de la aplicación y manejo indebido de recursos federales.

Hizo votos para que la Auditoría Superior de la Federación no sólo revise los gastos federales en los ayuntamientos, sino “vaya más a fondo en la corrupción en este nivel de gobierno, pues aquellos son la célula básica de la organización política y territorial del país, pero son los más golpeados por la crisis y por la insuficiencia de recursos”.

A su vez, el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) consideró pertinente el dictamen, ya que abona a temas de transparencia, sobre todo cuando las alcaldías son la base de los gobiernos, es donde acude primeramente el ciudadano y dónde se tienen más necesidades.

“Es momento de que tengamos mayores elementos para capacitar a los presidentes municipales y cabildos para que tomen mejores decisiones de cómo gastar mejor, de cómo bajar recursos federales, de cuál es el perfil que deben tener los funcionarios que les acompañan en su administración, es decir, todos esos elementos que permitan hacer un buen gobierno”, afirmó.

Del PRD, el diputado Víctor Manuel Manríquez González mencionó que es necesario establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos acorde con la realidad y permita arribar a un verdadero Estado de derecho cuya característica fundamental sea la de combatir el abuso del poder.

Puntualizó que con esta reforma constitucional, se busca establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno federal, “lo que constituye un imperativo fundamental en el sistema democrático”.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) expresó que México ocupa el lugar 106 de 177 países registrados en la OCDE, en materia de percepción en corrupción. “Es un tema muy importante y trascendental, por lo que es una de las reformas estructurales que le hacen falta al país”, manifestó.

Sin embargo, indicó que esta reforma no es suficiente, pues se requiere discutir un nuevo modelo anticorrupción. “La minuta no da respuesta a la problemática que tiene México en esta materia. Hoy existe una gran oportunidad para dar paso a una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, a un Consejo Nacional para la Ética Pública y a un nuevo Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas”, añadió.

Finalmente, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI) dijo que esta legislatura ha avanzado en temas de transparencia y rendición de cuentas, pero “faltan aun tramos largos por recorrer para poder consolidar un Estado plenamente ajeno a la corrupción, a estas prácticas y usos que dañan la función pública”.

Resaltó que la minuta ayuda a otorgar el carácter de sujetos de responsabilidad a los miembros de los ayuntamientos que ejerzan recursos de orden federal, lo que va a contribuir y dar un impulso importante en la transparencia y la rendición de cuentas. “Es imperativo inhibir y corregir las malas prácticas gubernamentales. Los recursos públicos deben ser aplicados con puntualidad y pulcritud”, sostuvo.

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