• Previamente fue aprobado por la Comisión de Economía
• Combate monopolios y oligopolios
• Ofrece certeza jurídica a consumidores y empresarios
• Da “dientes” a la Comisión Federal del ramo: Sánchez Ruíz

La Cámara de Diputados dio declaratoria de publicidad al dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, luego de que la Comisión de Economía, presidida por el diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN), lo aprobó por mayoría en lo general y en lo particular, con modificaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo federal; las reservas se discutirán en el Pleno camaral.

Declarada en sesión permanente, la comisión legislativa realizó su XII reunión ordinaria, en la que avaló también la reforma al artículo 254 Bis del Código Pernal Federal.

Los objetivos primordiales son ofrecer productos y servicios más baratos para los consumidores, alentar una competencia sana entre empresas, combatir monopolios, garantizar la libre competencia y concurrencia, así como acabar con conductas anticompetitivas que han retrasado el crecimiento económico del país.

Se prevé alcanzar estos propósitos mediante un órgano de regulación autónomo, independiente e imparcial en materia de competencia económica y el establecimiento de sanciones a quienes atenten contra la libre competencia y concurrencia.

El dictamen que contiene 90 modificaciones a la iniciativa remitida por el Ejecutivo federal, reglamentaria del artículo 28 constitucional, se turnó a la Mesa Directiva para la primera lectura y su discusión en el Pleno.

El diputado Sánchez Ruíz afirmó que esta ley “es la piedra angular y el cimiento para que la economía nacional crezca más”, al dar certeza jurídica a los consumidores y empresarios, impulsar la competencia sana, las oportunidades de empleo y a quienes inician una empresa.

El dictamen de ley reglamentaria contiene 130 artículos, y se divide en tres grandes apartados; el primero, define las responsabilidades entre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Comunicaciones.

Asimismo, la integración de la Cofece, las atribuciones de sus funcionarios y garantías a su actuación técnica, autónoma e independiente; los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas; la integración y funcionamiento de la autoridad investigadora, dotada de autonomía técnica y de gestión, y el funcionamiento de una contraloría interna que vigile el desempeño de los funcionarios de la misma.

El segundo apartado define las conductas anticompetitivas y prohíbe los monopolios y sus prácticas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.

Define conceptos de las prácticas monopólicas absolutas y relativas, incluye “dos nuevos tipos de conductas monopólicas relativas que sancionan la explotación abusiva de un insumo esencial por parte del agente económico dominante”.

El tercer apartado refleja la separación estricta de cada una de las cuatro etapas en que se divide el procedimiento de aplicación de la política de competencia económica: investigación, para detectar probables conductas anticompetitivas; instrucción, se refiere al procedimiento administrativo acusatorio, adversarial y por contradicción; resolución, el acto de autoridad para definir la situación, y la revisión de la resolución, mediante el juicio de amparo indirecto para llevar a cabo un efectivo control judicial.

El diputado Sánchez Ruíz destacó que este marco jurídico es el más importante que se ha aprobado en la LXII Legislatura, la cual ha avalado muchas reformas de gran calado. “Va a combatir los monopolios y oligopolios, que de repente hacen que los productos y servicios lleguen más caros y con menos opciones para los consumidores”, apuntó.

Aseguró que se buscó darle las herramientas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que tuviera los elementos, “los dientes”, pues decían que no tenía, para que pueda sancionar las acciones que van en perjuicio de las empresas y de la sociedad, pero cuidando la certeza jurídica de los empresarios y de todos los entes económicos.

Destacó que la autoridad garantiza la certeza jurídica hacia las empresas, porque sin ellas no se generan empleos, que son los que ofrecen la riqueza y los servicios.

Por su parte, el diputado del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza aseguró que en el dictamen aprobado “no hay ninguna contradicción” para fomentar la innovación tecnológica y estimular a las empresas, a las cuales no se les puede limitar de ninguna manera.

Comentó que el dictamen contiene 90 modificaciones a la iniciativa remitida por el Ejecutivo federal, hechas por los legisladores integrantes de la Comisión de Economía, incluidas las propuestas presentadas por la sociedad en los foros efectuados.

Al referirse a la Comisión Federal de Competencia Económica, dijo que “el compromiso era concederle mayores atribuciones, independientemente de darle equilibrio a los actores. Este dictamen reúne los requisitos que buscamos todos en la reforma constitucional –artículo 28- en beneficio del país”.

El diputado del PT, Adolfo Orive Bellinger presentó voto particular, y refirió cuatro contradicciones, relativas a una supervisión restringida de la economía, la falta de sustentabilidad en el aumento de la productividad de las empresas, las sanciones a compañías altamente productivas y no alentar la libre competencia.

El diputado del PAN, Carlos Angulo Parra sostuvo que el gran reto es generar políticas públicas que eviten barreras a la libre competencia, a fin de acabar con la cultura que propició el monopolio y la colusión de agentes económicos con políticos.

Recomendó tener cuidado en la aplicación de las sanciones a las empresas para no llegar a excesos.

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI) aseguró que con este marco legal se combaten prácticas monopólicas que alientan un 40 por ciento de sobreprecio a productos y servicios. “Es la gran oportunidad para que los mexicanos accedan a bienes y servicios más baratos”, y abre la oportunidad para tener certeza en que el país logre un crecimiento económico de 3.9 por ciento.

El legislador Juan Carlos Uribe Padilla (PAN) anunció reserva al artículo 48, fracción tercera, a fin de solicitar que la Cofece no reciba donaciones. También de este partido, José Ángel González Serna afirmó que esta ley beneficia a los consumidores mexicanos y recomendó mantener equilibrio para preservar las empresas.

La diputada del PRD, Purificación Carpinteyro Calderón, aplaudió la aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de que fortalecerá el mercado interno, mediante un consumo justo y equilibrado en precios y alternativas.

Alentará la apertura de nuevos negocios y generación de riqueza susceptible de distribuirse en los 54 millones de pobres que existen en el país, y no sólo en los 50 mexicanos más ricos, con “una cancha pareja”. Afirmó que no es una utopía lograrlo, porque sí se puede transformar al país cuando hay compromiso y se quieren hacer las cosas.

El diputado del PRD, Carlos Augusto Morales López aseveró que con esta ley reglamentaria, “México comienza una verdadera regulación de los monopolios”, ya que los altos costos de productos y servicios ofrecidos por éstos impactan a las empresas impidiéndoles generar nuevas fuentes de empleo. Adelantó reservas a los artículos tercero, noveno, 52, 53, 55, 66, 67, 94, 95 y 123.

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