• También a elevar el nivel de vida de los ciudadanos, y evitar que se manejen de forma política: diputado Muñoz Soria

24-03-2014.- El diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de todos los sectores sobre los mecanismos para eliminar la inercia del gasto público, y modificar a fondo el marco legal para su fiscalización.

Durante la primera reunión “Análisis de las auditorías en funciones de gobierno, hacienda y crédito público”, el legislador apuntó que los resultados de las auditorías deberán contribuir a diseñar el presupuesto y mejorar el ejercicio del Gobierno para elevar el nivel de vida de los ciudadanos, y evitar que se manejen de forma política o ideológica para justificar o propiciar algún daño o mal uso.

“En esto no tiene por qué haber ningún lienzo que cubra de ningún color a ningún funcionario que haga mal uso de los recursos públicos” advirtió.

Muñoz Soria destacó la urgencia de sacar de la inercia al gasto público a través de la revisión de la fiscalización del presupuesto; llamó a todos ser “más estrictos y específicos” e identificar lo que debe hacerse con los recursos públicos para que no se manejen con opacidad y mejoren el nivel de vida.

Ante los fuertes problemas de temporalidad para revisar las Cuentas Públicas, propuso asumir un compromiso para modificar los tiempos y procedimientos de auditoría para hacer efectivo la meta de fiscalización y rendición de cuentas.

En la primer ronda de preguntas, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) señaló que en el ejercicio fiscal 2012, los ingresos públicos no lograron hacer frente a las necesidades de gasto en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-2012, lo que generó una brecha de 427 mil 731.9 millones de pesos, por lo que cuestionó cuáles son las recomendaciones de la ASF para resolver este déficit de recursos públicos.

Refirió que de 2006 a 2009, el Ejecutivo federal presentó seis iniciativas que incluían medidas de ampliación de bases gravables. La propia auditoría señala que en impuestos como el IVA, IDE y IETU, los resultados en materia de recaudación fueron negativos, y preguntó qué fue lo que falló, “por qué fracasaron estas reformas estructurales”.

En su turno, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) cuestionó si Auditoría denota negligencia y omisión de las instancias gubernamentales en la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o si hay una inadecuada planeación desde las propias reglas de operación.

Añadió que si año con año Tabasco es abatido por inundaciones y la atención a la ciudadanía sigue siendo tardía, “cuál es la utilidad de las revisiones llevadas a cabo por la entidad de fiscalización superior o qué acciones deben realizarse para que no se presenten las mismas problemáticas”.

El diputado Julio César Lorenzini Rangel (PAN) recordó que en el 2006 se promulgó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria y en 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en dichos instrumentos se establecía la obligación legal de implantar el sistema de evaluación de desempeño; sin embargo, no se ha logrado implementar.

Ante ello, cuestionó cómo se podrían mejorar los instrumentos legislativos para hacer más eficaz la implementación de este sistema de evaluación del desempeño y qué se requiere para cumplir con los mandatos que ambas leyes que permita contar con información confiable para la toma de decisiones, mejorar la planeación, la gestión pública, calidad del gasto, rendición de cuentas y la transparencia y cerrar los espacios a la corrupción.

El auditor especial de desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, señaló que México es el último lugar de la OCDE en recaudación con el 19 por ciento del PIB, mientras que la media es del 33 por ciento, y para llegar a ella se requiere una tributación mucho más efectiva, mejor calidad del gasto, ampliación de la base gravable y del padrón de contribuyentes, así como la despetrolización del presupuesto.

El director general de Análisis e Investigación Económica de la ASF, Ricardo Miranda Burgos, enfatizó la importancia de fortalecer los ingresos tributarios no petroleros, y dijo que para abatir y reducir ese déficit se requiere elevar la calidad e incidir en los aspectos del gasto que representen mayor beneficio social y económico a la sociedad y al país.

El auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Javier Pérez Saavedra, precisó que la atención de desastres naturales se tiene que dar en la etapa de prevención y de esta forma disminuir el riesgo para la población.

El auditor Juan Manuel Portal Martínez subrayó que se deben hacer acciones para evitar el desastre como tener cuidado en la regulación de la ocupación de la tierra, no permitir que se establezcan unidades habitacionales en zonas inundables y cuidar que los recursos se apliquen oportunamente.

El director general de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas de la ASF, Rubén Medina Estrada, comentó que algunos aspectos fundamentales para mejorar la operación del sistema de evaluación de desempeño son: que el Presupuesto de Egresos de la Federación se realice con apoyo de los resultados de evaluaciones y que en la cuenta pública se expliquen las causas de las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y, sobre todo, de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

En la segunda ronda de participaciones, la legisladora Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) apuntó que las observaciones hechas por la ASF respecto al anexo 12 del PEF (destinado a eliminar la brecha entre hombres y mujeres), señalan que no existen mecanismos de control y seguimiento a los proyectos puestos en marcha con fondos de este apartado.

Por tanto, sostuvo la necesidad de recomendar a instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que midan el impacto de los microcréditos en la vida de las mujeres, tanto de aquellas que lo obtienen como de las que no tienen acceso a éstos.

En su intervención, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) consideró menester focalizar los trabajos en las responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias de hechos, dictámenes negativos y temas trascendentes en las instituciones, como la adquisición de nuevo software. Esto, dijo, para tener un mejor resultado, además del informe que presenta la ASF.

Opinó que es innecesario insertar comentarios subjetivos en los informes elaborados por la ASF y la Unidad de Evaluación y Control (UEC), pues” sólo les quita fuerza”.

Por su parte, Martha Leticia Sosa Govea (PAN) destacó que existe un rezago en la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas, un proyecto con una inversión cuantiosa, que depende de estados con diferentes visiones.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que el aumento de la portabilidad pensionaria implique un riesgo para la situación financiera del país.

Respecto a la igualdad de género en la ASF, Juan Manuel Portal Martínez sostuvo que en la institución se cuenta con 50 por ciento de personal femenino, y se cuidan los programas correspondientes para velar por la equidad entre hombres y mujeres, desde la integración de becarios, hasta los altos mandos.

Por su parte, Roberto Salcedo Aquino, de la Auditoría Especial de Desempeño, reconoció que no existen los indicadores adecuados para conocer el impacto de los programas y presupuestos destinados a las mujeres, solo “datos aislados”.

Del tema de la portabilidad pensionaria, expuso que existen 50 millones de trabajadores afiliados a los dos tipos de pensiones: 18 millones en la Pensión de Beneficio Definido y 32 millones en la Pensión Individual de Contribución Definida.

De la segunda cifra, dijo, los beneficiarios tienen la portabilidad asegurada, mientras que los 18 millones de pensionados restantes han expresado “que no les importaba la portabilidad, porque pensaban que sería más factible el sistema que tenían”.

El problema de los beneficiarios de la Pensión de Beneficio Definido, añadió, es que se tiene un faltante en los fondos por 6 billones de pesos, que no se harían efectivos en un corto plazo, sino, de acuerdo a estudios, se resolvería a un plazo de 110 años.

En tanto, Muna Dora Buchahin, directora general de Auditoría Forense, detalló que en la revisión para la implementación del sistema penal fueron encontradas inconsistencias.

En consecuencia, solicitó a los diputados hacer lo procedente para homologar en los estados la legislación, pero tomando en cuenta que “los funcionarios, comenzando por los policías, estén capacitados apropiadamente y esto se dé por las personas que conozcan el sistema”.

La directora general de Auditoría Financiera, María Guadalupe del Rosario Chéquer Mencarini, coincidió en que las mujeres se ven sujetas a la asesoría por parte de varones para la ejecución de beneficios y la implementación de programas, hecho que las afecta, pues “reciben un apoyo que no entienden en su aplicación y del cual se benefician quienes las asesoran”.

Durante la tercera ronda de preguntas, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, calificó como grave que el 60 por ciento de instituciones esté en incumplimiento en la rendición de cuentas, además que, advirtió, se carece de un sistema efectivo para registrar los avances físicos y financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.

Precisó que en los estados hay un hoyo negro en el cumplimiento de los recursos destinados a la seguridad nacional y los asuntos del orden público y seguridad interior los cuales concentran el 34.8 y el 21.9 por ciento, respectivamente.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del PAN, solicitó al titular del ASF dé a conocer en qué estados se presentaron mayor número de rezagos en resoluciones judiciales ya que, resaltó, en el tema de procuración de justicia, del 2007 al 2012, se elevó el porcentaje de averiguaciones previas en 1.5 por ciento y el detrimento en 2.5, de averiguaciones despachadas por año.

Además, pidió saber cuál es el análisis del trabajo de los órganos de fiscalización estatales ya que, dijo, algunas entidades tienen reincidencia en faltantes y déficit en rubros como infraestructura, salud y educación, entre otras.

Del PRI, la diputada Socorro de la Luz Quintana León aseguró que no se ha atacado de manera formal los últimos subejercicios, lamentó que se vean como algo normal y no se haga nada para evitarlos. “En el 2012, la ASF determinó subejercicio presupuestario de 6 mil 54 millones de pesos, principalmente por parte de Sedesol, Sagarpa y el sector Salud, pero no se han realizado acciones para que esto no se siga dando”, sostuvo.

Indicó que el Programa de Reducción de Gasto Público del 2010 al 2012 logró generar un ahorro de 51 mil 167.8 millones de pesos, sin embargo, señaló, “no fueron reasignados correctamente. Sólo el 48 por ciento se turnó a programas prioritarios del ramo 23”.

El titular de la ASF explicó que el objetivo es la prevención. “Es ayudar a crear una cultura de administración, de orden y de control” lo cual, explicó, va ayudar prevenir la corrupción.

Al respecto, el contador público de la ASF, Fernando Cervantes, precisó que muchos entes públicos se autoevaluaron con rangos altos que en realidad no cumplían.

El titular de la Unidad General de Administración de la ASF, Salim Arturo Orcí Magaña, precisó que en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en el 2017 se asignaron por esta vía 7 mil 374 millones de pesos a las entidades federativas, habiendo deficiencias principalmente por transferencias indebidas por 579 millones de las cuentas bancarias de este fondo; 2 mil 839 millones de pesos (39 por ciento de los recursos) no fueron aplicados para los objetivos de dicho fondo.

Ricardo Miranda, también de la ASF, mencionó que la deuda pública sub-nacional se ha ido incrementando. De 2012, respecto de 2011, creció un 7 por ciento, mientras que 2013, respecto de 2012, se incrementó a 7.8 por ciento; llegó a diciembre del año pasado a 482.8 mil millones de pesos.

Rubén Enrique Medina informó que del 100 por ciento de delitos denunciados, entre el 75 y el 80 por ciento, son del fuero común. En cuanto al personal de procuración de justicia, evaluado en control de confianza, dijo que en el caso de Baja California de una plantilla de 502 servidores, 417 fueron evaluados y sólo pasaron 45.

Muna Dora Buchahin (ASF) señaló que deben ser personas capacitadas y profesionales quienes deben impartir la justicia de forma apropiada en este nuevo modelo.

En la cuarta ronda de preguntas, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) expresó su preocupación por el comportamiento y criterios de la Sociedad Hipotecaria federal, del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi) y de Nacional Financiera (Nafin). De la misma manera, analizar un dictamen negativo en el SAE en referencia a las cuentas de orden, valores en custodia, auditoría financiera y de cumplimiento.

Además, en qué forma se puede regular para que los recursos excedentes del petróleo, no se determine discrecionalmente la aplicación y el uso que se le van a dar. Ya que, “todos estos temas representan muchísimos millones de pesos para la federación y para el país, que veamos cómo se pueden regular y evitar la problemática que estamos viendo en el 2012”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) pidió abundar sobre el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para los estados y municipios (FASP), ya que el 39 por ciento de sus ejercicios, es decir casi 3 mil millones de pesos, no fue aplicado a los objetivos. Cuestionó qué hizo la ASF ante estos datos y cuál fue el destino final de los recursos.

Respecto con el sistema federal penitenciario, determinó que las obras previstas en 33 contratos de obra pública y de servicios a precios unitarios y tiempo determinado no se terminaron en el plazo convenido.

En su turno, el diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD) subrayó que las autoridades estatales dejaron de ejercer el 27 por ciento del Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el 13 por ciento del Programa de Apoyos para la Seguridad Pública (PROASP), por lo que cuestionó a qué se deben estas irregularidades en el ejercicio de los recursos.

Precisó que en una gran mayoría de entidades federativas se adquirieron bienes mediante el procedimiento de la adjudicación directa, sin una debida fundamentación en la medida. Preguntó si la Auditoría verificó el nivel de precios de dichos bienes con los disponibles en el mercado o con parámetros similares a la adquisición pública.

La directora general de Auditoría Financiera Federal "C" de la ASF, Beatriz Castelan García, indicó que en el caso de Sociedad Hipotecaria, se señala una carencia de control interno eficaz y eficiente, por lo que no hay el ambiente, medidas y procedimientos de control y no hay seguimiento a las acciones.

Precisó que en el tema del SAE, se encontró que debe de registrar en cuentas de orden los valores que recibe en custodia, sin embargo lo hizo por número, por lo que no se conoce de cuándo es cada vez que se recibe porque los registra de manera global periódicamente.

El auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Javier Pérez Saavedra, dijo que respecto a los recursos excedentes del petróleo, el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece un mecanismo de aplicación de éstos.

El director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF, Celerino Cruz García, mencionó que la problemática que encontró en los centros federales de readaptación social es que las obras no se terminan en tiempo y el monto se incrementó.

En la última ronda, el diputado del PVEM, Carlos Octavio Castellanos Mijares, cuestionó sobre los ingresos petroleros excedentes. Señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo informó el destino del 14.1 por ciento, es decir 28 mil 789.8 millones de pesos, de los 204 mil 480.2 de pesos obtenidos en el 2012.

A nombre de la ASF, Ricardo Miranda Burgos sugirió, respecto a los ingresos petroleros excedentes, que deberá precisarse en la Ley Federal de Ingresos que la Secretaría de Hacienda reporte el destino específico de la totalidad de esos recursos por clave presupuestaria. Refirió que tienen un tratamiento de ingreso casi ordinario, por lo que recomendó formen parte de la Ley de Ingresos para alcanzar las metas de recaudación.

En cuanto a la inercia del gasto, señaló que el presupuesto debe diseñarse con base a los resultados, el sistema de evaluación del desempeño y la liga con la regla fiscal de equilibrio presupuestario, que alienten un gasto público de calidad.

A nombre del PAN, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles solicitó dos reuniones entre legisladores y la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Evaluación y Control, para revisar los dictámenes calificados en negativo y con salvedad, a fin de conocer cuáles son las dependencias que incurrieron en ello.

Planteó: para revisar las promociones de responsabilidades administrativas de sanción, “¿quiénes son los funcionarios que están cayendo en este tipo de acciones? ¿Cuáles son los casos en donde hay denuncia de hechos y cuáles son los motivos? Estas acciones son urgentes para avanzar en la revisión de cuentas”.

También pidió evaluar los avances de la solventación y la recuperación económica lograda en el 2012. En el análisis de la ASF se informa que hay una probable recuperación de 250 mil millones de pesos y se han recuperado 7 mil. ¿Qué pasa con los 243 mil millones y cuál es el efecto real de las recuperaciones, si son efectivamente solventadas, para enfocar la responsabilidad y determinación de estas acciones? cuestionó.

Al respecto, el auditor Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación propuso las reuniones con los diputados federales para los días 23 y 25 de abril entrante.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) preguntó sobre el Programa de Protección Civil, para prevenir riesgos por desastres naturales, al cual, la ASF emitió un dictamen negativo a la Secretaría de Gobernación, al considerar que no cumplió con reducir los efectos negativos en la población víctima de desastres naturales. Refirió que no todas las entidades federativas ni municipios cuentan con un Sistema de Protección de Riesgos, ni tampoco con medidas preventivas.

Roberto Salcedo Aquino, auditor especial comentó que hay atraso en la prevención y previsión de desastres naturales y sus efectos. Destacó la creación del Atlas Nacional de Riesgo sobre el cual debe trabajarse la prevención y previsión por entidad federativa; sólo 125 municipios cuentan con dicho atlas, faltan 2 mil 300 que lo definan; de las entidades federativas, faltan 12 de construir su mapa de riesgos. Se han gastado en los últimos tres años 77 mil millones de pesos en la etapa de emergencia y reconstrucción.

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