• Se requieren datos e investigaciones fiables, asegura Mejía Berdeja

05-05-2014 Es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) genere un mecanismo permanente de intercambio de información forense entre los países de Centro y Sudamérica, a fin de crear protocolos de identificación de migrantes desaparecidos y acceso a la justicia, consideró el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales.

A través de un punto de acuerdo, destacó la importancia de recabar información, pruebas, elaborar dictámenes periciales, notificar a las familias y dar seguimiento a los casos de desaparición de personas migrantes en un esquema protocolizado que garantice la aplicación de los mismos métodos y conceptos.

Lo anterior, en virtud de que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, “hasta la fecha no cuenta con un mecanismo nacional articulado y atiende de manera individualizada los casos que van llegando a sus oficinas en el Distrito Federal, sin una estrategia unificada”, pese a haber iniciado sus funciones en junio del 2013.

El legislador argumentó que los migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica y algunos países sudamericanos no sólo tienen que esconderse de las autoridades mexicanas por la falta de documentación ante la posibilidad de ser deportados, sino que enfrentan el mayor peligro por el crimen organizado, que actúa en algunos casos con consentimiento, tolerancia o incluso bajo la protección de las autoridades mexicanas.

Explicó que las personas migrantes rumbo al norte de México para cruzar la frontera “son el blanco ideal para ser asaltadas, secuestradas, violadas y asesinadas. La falta de protección del Estado mexicano a sus derechos es un factor fundamental para que dichos atropellos se realicen en un contexto de completa impunidad”.

Precisó que la problemática ha sido ampliamente documentada por diferentes organismos internacionales que reconocen la vulnerabilidad de los grupos migrantes a ser víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, debido a su estatus de indocumentación, la falta de recursos financieros, leyes efectivas, programas destinados a protegerlos y recursos judiciales a su disposición.

Las denuncias sobre la falta de datos y de investigaciones fiables sobre la desaparición y homicidio de estas personas se basan en tres hechos particulares: la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; el hallazgo en los años siguientes de 47 fosas clandestinas con 193 restos en ese mismo municipio y los 49 cuerpos abandonados en Cadereyta, Nuevo León, en 2012, comentó.

“La impunidad para cientos de casos de migrantes víctimas de homicidio, la falta de bases de datos unificadas, la ausencia de mecanismos efectivos para la búsqueda de desaparecidos y las insuficientes respuestas del Estado mexicano”, se denuncian en el informe “Las personas migrantes como grupo vulnerable” de la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes, que fue entregado a Christof Heyns, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, refirió.

Dicho informe precisa que “las tres masacres analizadas no son los únicos casos de asesinatos o ejecuciones de personas migrantes, pero el gobierno mexicano no tiene contabilizado o sistematizado el número de víctimas que pudieran tener esa condición, lo que también impide tener políticas públicas de prevención y acceso a la justicia focalizadas”, agregó.

Mejía Berdeja subrayó que la Red Regional Verdad y Justicia alertó al relator de la ONU que en México no hubo instancia de gobierno que tuviera información sobre los migrantes desaparecidos y que la única cifra que obtuvo fue la que entregó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que indicó que sólo hay dos mujeres extranjeras desaparecidas.

Las solicitudes de información que realizó la Red en otros países, como Honduras, registran que de 2010 a la fecha existen 541 migrantes no localizados; en El Salvador, desde 2005, se conoce el caso de mil 584 personas con las que se perdió contacto en México.

También alerta que cuando ocurre una desaparición de migrantes, las familias difícilmente tienen acceso a la justicia, pues no hay mecanismos para que puedan denunciar y dar seguimiento al delito registrado en México.

El informe de la Red denuncia que aunado a la carencia de estadísticas sobre los migrantes que podrían haber desaparecido en el país, no hay mecanismos eficaces para buscarlos, por lo que urge, dijo Mejía Berdeja, que la PGR diseñe una estrategia permanente de intercambio de información forense, para crear protocolos de identificación en todas sus fases.

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