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Boletín N°. 3587 Diputada Mícher Camarena rechaza rapto de niñas nigerianas por islamistas armados
  • Pidió visibilizar la situación de las niñas mexicanas, en alto riesgo de ser violadas o vendidas

 

13-05-2014.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), expresó su rechazo al rapto de más de 200 niñas nigerianas el pasado 14 de abril por islamistas armados, al participar en el inicio de la campaña “Recupera una oportunidad, prevención del embarazo adolescenteâ€.

 

“No quieren que las musulmanas estudien, asistan a la escuela, se preparen, porque ahí sí se profundiza más el concepto de que nosotras solamente servimos como incubadoras. Por eso, tenemos que legislar, para garantizar la salud reproductiva de las adolescentesâ€, señaló.

 

La diputada lamentó la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas secuestradas de Chibok, Nigeria. “Han sido amenazadas y si no hubiese sido por esta niña (Deborah Sanya, una jovencita de 18 años) que logró escapar, no nos hubiéramos enterado de nadaâ€, destacó.

 

Mícher Camarena criticó que en el mundo las niñas valgan más por los hijos e hijas que concebirán que por el hecho de ser infantes. También lamentó que en México “pareciera un delito†ser mujer, indígena, pobre y niña, y que en algunos estados aún no estén tipificados algunos delitos que se cometen contra la población femenina.

 

Exhortó a los y las diputadas a visibilizar la desprotección en la que se encuentran las niñas mexicanas. “La vulnerabilidad es la falta de herramientas para poder enfrentar un riesgo y ellas siempre están en uno mayor porque no pueden enfrentar a un adulto que las viola o las engancha para venderlasâ€, explicó.

 

Por lo anterior, les pidió apoyar una iniciativa que reforma a la Ley General de Salud, para garantizar el derecho a la salud reproductiva, luego del alto índice de embarazos adolescentes en el país.

 

Esta iniciativa, que presentará en las próximas semanas, responsabiliza a los gobiernos federal y estatales a legislar sobre la salud reproductiva e informar de ella a los adolescentes.

 

“Vamos a revisar cómo y cuándo se garantizará el abasto de todos los métodos anticonceptivos, que no sea a contentillo del gobierno ni del secretario de Salud estatal, si es de Pro Vida o es amigo de El Yunque. Eso no nos importa, porque el funcionario público tienen la responsabilidad de entregar anticonceptivosâ€, dijo.

 

La iniciativa obliga al Estado a otorgar el derecho a los servicios de salud a las mujeres que no están embarazadas, así como a aquellas que se encuentren en edad postreproductiva, es decir, con menopausia.

 

La diputada explicó que actualmente la Ley General de la Salud establece que las mujeres sólo tienen derecho a la salud si están embarazadas.

 

Previamente, la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud (SSA), Susana Cerón, anunció que este año la dependencia federal comprará once métodos anticonceptivos, como el Dispositivo Intrauterino (DIU) y el parche.

 

“Esto nos va a permitir aumentar la disponibilidad, ampliar la gama y satisfacer las demandas y expectativas de la población, especialmente indígenas y adolescentes donde vamos a focalizarâ€, dijo, luego de aceptar que se había reducido el gasto para la planificación familiar.

 

En la Mesa “Violencia sexual y matrimonioâ€, el director adjunto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Leopoldo Figueroa Olea, señaló que en nuestro país 23 de cada cien mujeres contrajeron matrimonio antes de los 18 años, y cinco de ellas se casaron antes de los 15 años. Los motivos son por pobreza, discriminación de género, culturas y tradiciones y el control de la sexualidad, especificó.

 

Comentó que de acuerdo con el INEGI, el porcentaje más alto de matrimonio de niñas adolescentes en América Latina está en Nicaragua, 41 por ciento; Honduras, 34 por ciento; Guatemala, 30 por ciento; El Salvador, 25 por ciento, y México, 23 por ciento.

 

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, señaló que el matrimonio infantil es una de las expresiones de violencia sexual; se conoce como una práctica tradicional nociva, la cual se enmarca en la cultura del machismo.

 

Mencionó que en los códigos civiles y marcos normativos del país existen situaciones graves como el trato diferenciado en las edades para casarse, ya que en los varones es a los 16 años y en las niñas a los 14, asumiendo que ellas tienen menor posibilidad de decidir y otros eligen el matrimonio.

 

Enfatizó que la violencia machista impone una forma de ver el mundo, por lo que se debe dar una batalla cultural en torno a la violencia sexual normalizada en los matrimonios infantiles. “La violencia se alimenta y se mantiene por la impunidad, la cual siempre será una invitación a que se repitan los acontecimientosâ€.

 

En su turno, Nashieli Ramírez Hernández, de Alianza por los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes en México, consideró que hay que quitar los mitos y hacer una campaña que desnaturalice y desculturalice el tema del matrimonio a determinada edad.

 

“No podemos seguir legislando ni generando políticas públicas a partir de creencias individuales, sino del interés público, y no podemos permitir que ninguna niña menor de 15 años sea madreâ€, enfatizó.

 

Raffaela Schiavon, directora de IPAS-México, alertó que la muerte materna representa el 5 por ciento en las causas de fallecimiento entre adolescentes.

 

Dijo que el fenómeno del embarazo adolescente “no surge de la nadaâ€, ya que, explicó, comienza con una serie de determinantes sociales y demográficos.

 

“Hay factores de riesgo ligados a la familia, como ser hija de madre adolescente o hermana de una madre adolescente, lo que aumenta el riesgo de la repeticiónâ€, explicó.

 

Por su parte, Esperanza Delgado Herrera, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) A.C., afirmó que existe voluntad política en el sector educativo para capacitar a los docentes y brindar educación sexual a los alumnos, pero esto no se ve expresado con letra firme dentro de las políticas públicas, por lo que se queda sólo en “un mero discursoâ€.

 

Consideró que al tener descentralizados los sectores educativo y de salud, cada entidad, de acuerdo a sus percepciones e ideología, decidirá cuantos anticonceptivos debe adquirir y se realmente los ofrecerá a los adolescentes.

 

Dijo que falta respaldo a esta estrategia a nivel local. “A pesar de que hay mucho compromiso de las diputadas a nivel federal, hay ausencia de las estatalesâ€, sostuvo.

 

Durante la mesa “Los retos en la educación y el embarazo adolescenteâ€, Fernando Santibáñez Gutiérrez, director de Enlace con Organizaciones Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), sostuvo que para disminuir este fenómeno es necesario implementar un plan de educación integral, con fundamento científico, que incluya la parte biológica, social y emocional.

 

Además, que se explique de forma específica el uso de métodos anticonceptivos, la planeación de la vida sexual y la resistencia a la presión para tener relaciones, ya que si bien existe información, ésta no es de calidad debido a que no cubre las necesidades de los jóvenes.

 

Por su parte, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza), secretario de la Comisión de Derechos Humanos, mencionó que existen dos caminos que permitirán atender el embarazo en adolescentes: uno es la prevención, a través de la información sin tabúes y acceso a los anticonceptivos de forma oportuna.

 

El segundo es brindar el apoyo a las adolescentes embarazadas, el cual debe ser destinado por Imjuve, de becas y guarderías que les permitan continuar con sus estudios, así como a través del cambio del rol del hombre.

 

“La cultura social ha permitido que el hombre piense que puede deslindarse del embarazo sin ningún un tipo de consecuenciaâ€, por lo que, aseguró, se deben diseñar leyes que obliguen a los jóvenes a reconocer su paternidad y asegurar el bienestar de sus hijos.

 

Gabriela Rodríguez, directora general de la Sociedad Civil Afluentes, dijo que el embarazo adolescente es consecuencia de estancamiento económico del país. “Doce años de censura en los libros de texto sobre el tema de sexualidad y 10 años de no realizar ninguna campaña dirigida a la educación sexual, generó que se incrementara considerablemente el embarazo no deseado entre los adolescentes, indicó.

 

Señaló que otro factor es que no se ha garantizado en su totalidad la educación media superior para toda la juventud.

 

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