• Fortalece el sistema democrático; garantiza certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad: Moreno Cárdenas

15-05-2014.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), cuyo propósito es reforzar –precisamente- a las instituciones y los procesos electorales, las candidaturas independientes y los medios de defensa electoral.

El documento avalado en lo general con 381 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones, también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con esta nueva ley, se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), publicado el 14 de enero de 2008, lo que representa el comienzo de la transformación del sistema político mexicano hacia uno más moderno, acorde a las exigencias sociales y a los modelos internacionales que han demostrado éxito.

Además, contiene el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos; la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, de las entidades y de los municipios; los organismos electorales federales y locales; los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas.

También, las reglas de los procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las candidaturas independientes, la propaganda electoral, la fiscalización de sus recursos y los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.

Precisa que los ciudadanos podrán participar como candidatos en las elecciones de presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión, siempre por mayoría relativa. Los candidatos independientes que participen por el cargo de Presidente de la República deberán contar con el uno por ciento de las firmas de la lista nominal de electores y dos por ciento para otros cargos de elección popular.

Establece que ninguna persona podrá ser registrado como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco lo podrá ser para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, municipios o del Distrito Federal. En el supuesto de que el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro.

Conforma el Sistema Nacional Electoral cuya función será la de organizar las elecciones populares y estará integrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas.

Instituye una distribución de tiempo del Estado de manera igualitaria, para lo cual el INE tendrá la facultad de garantizar a los partidos políticos y candidatos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; las pautas específicas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables, y determinará, en su caso, las sanciones.

Además, prohíbe a los partidos políticos y sus precandidatos, así como a las candidatos independientes a cargos de elección popular, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

El dictamen erige el uso efectivo y oportuno de los recursos de las asociaciones políticas y candidaturas independientes. Argumenta que para el financiamiento de campañas de candidatos independientes, partidos o coaliciones podrán obtener de simpatizantes o militantes recursos de fuentes privadas siempre y cuando sean de origen lícito.

Destaca que los partidos políticos y candidaturas independientes, al concluir sus campañas, deberán presentar ante el INE sus informes especificando los gastos realizados por cada una de las candidaturas en cada ámbito territorial que corresponda.

Precisa que el proceso electoral comprenderá: preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones y dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo.

Subraya que las precampañas sólo procederán en los casos en que existan más de dos candidaturas y se trate de consultas populares mediante voto directo, a efecto de evitar campañas anticipadas. Añade que un ciudadano podrá ser precandidato de más de un partido político sólo en el caso en que medie coalición.

El dictamen argumenta que para las campañas electorales se propone establecer debates públicos, prohibir la entrega de dádivas, la propaganda encubierta, el uso de encuestas como propaganda electoral. Añade que para las encuestas, el Consejo General del INE certificará aquellas que cumplan con los criterios de carácter científico.

Respecto al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se precisa que podrán ejercer su derecho para la elección de Presidente, gobernador de las entidades federativas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal bajo las modalidades de voto personal en los consulados, embajadas y centros de votación autorizados o por el servicio postal.

Plantea un proceso de credencialización permanente en embajadas y consulados, y elaborar la lista nominal de electores para el voto en el extranjero aplicable en elecciones de Presidente, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y gobernadores.

Resalta que los partidos políticos nacionales y los candidatos a cargos de elección popular podrán realizar campaña electoral en el extranjero, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones normativas de cada país y utilicen los recursos provenientes de su financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades que recaben en el territorio nacional.

Además, precisa que en procesos electorales, la propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente. Los partidos o candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

Refiere que a más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General del INE determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

Otorga a la credencial electoral para votar, el carácter de documento de identidad ciudadana con vigencia de diez años contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva.

En los artículos transitorios, se precisa que las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del Instituto Federal Electoral (IFE) se mantendrán como válidas hasta la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de su oportuna renovación.

Argumenta que por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones del primer domingo de junio de 2015 iniciarán en la primera semana de octubre del 2014.

Al fundamentar el dictamen en la sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), expresó que esta ley busca ordenar la participación en los procesos electorales nacionales y locales, establecer con precisión las facultades del INE y su coordinación con los órganos locales, a través del Sistema Nacional Electoral.

De igual modo, dijo, pretende dar las directrices de aspectos tan relevantes como los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el Servicio Profesional Electoral, las candidaturas independientes, la Credencial Electoral de Identidad, la administración del tiempo del Estado en medios de comunicación y el régimen de fiscalización, y el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

Moreno Cárdenas subrayó que este dictamen cumple a cabalidad el mandato establecido por el constituyente en la reforma político-electoral de febrero de 2014; fortalece el sistema democrático mexicano y da un paso determinante en garantizar los principios que rige la materia electoral, es decir, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Con su aprobación, sostuvo, se culmina el proceso legislativo que busca fortalecer el proceso democrático de México y es el inicio de un nuevo reto de la vida democrática, pues en las próximas elecciones se pondrán a prueba muchas de las reglas que aquí se están estableciendo.

En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (NA) dijo que votaría a favor del dictamen porque atiende los puntos de mayor fragilidad del sistema electoral, constituye una norma actual y precisa que permitirá ascender los niveles de participación política, de acceso y legitimación de la función pública.

Señaló que los acuerdos orientaron el alcance y la estructura de la nueva ley electoral. “El resultado es positivo al producir instrumento integral, moderno y eficiente que regulará las distintas instituciones electorales y los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos expresarán su preferencia electoral en los próximos tiempos”.

El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) se manifestó en contra del dictamen porque las reglas que anuncian “son un gatopardismo que no garantiza un marco de competencia electoral equitativa, transparente y pública”, y tampoco contiene a los poderes fácticos en los estados ni la autonomía de los órganos electorales locales del poder de los gobernadores de los estados y los caciques regionales.

Destacó que la nueva ley deja sin voz a partidos minoritarios, a expertos electorales, académicos e investigadores y agregó que las legislativas violentan el proceso legislativo, que podría generar espacios de análisis y evaluación a los cambios.

A su vez, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC) manifestó su voto contra porque esas reformas ahondan la separación entre la ciudadanía y la clase política y constituyen una regresión más que una evolución, pues establece la mayor cantidad posible de barreras para que los ciudadanos puedan participar en los comicios de manera independiente.

“Hoy, los vendedores de humo anuncian reformas en nombre del supuesto progreso democrático, pero esta ley no alcanzará a trascender los procesos de 2015, porque no tiene nada que haga conservarla merecidamente”, subrayó.

En tanto, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) dijo que votaría a favor porque la reforma constituye una consolidación de la democracia mexicana, pues en el proceso se han escuchado todas las voces de los partidos políticos.

Indicó que su grupo parlamentario apuesta por un México republicano, representativo y ciudadano, y consideró que esta es la reforma que los ciudadanos hoy necesitan, pues contiene muchos fundamentos de suma importancia, como candidaturas ciudadanas, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mecanismos de fiscalización voto de mexicanos en el extranjero, y la utilización de materiales amigables con el medio ambiente.

Al fijar la postura del PRD, el diputado Miguel Alonso Raya señaló la irresponsabilidad de incluir las pensiones vitalicias de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que consideró “un vicio de origen” del dictamen. “No se vale echar a perder el esfuerzo en la construcción de este acuerdo”, sostuvo.

Reconoció avances en reglas y fórmulas, como en la igualdad de género, en derechos de los pueblos indígenas, las facultades para calificar de mejor manera las elecciones y fiscalizar los recursos, para evitar el uso de dinero del crimen organizado.

Por el PAN, el diputado Fernando Rodríguez Doval afirmó que el principal avance es llevar a todos los estados del país los mismos estándares de calidad democrática que ya existen a nivel federal, en virtud de que los órganos electorales locales se han convertido en espacios de poder que no garantizan comicios pulcros ni el cumplimiento de normas justas.

Destacó el voto electrónico de mexicanos en el extranjero, ya que más del 10 por ciento de la población reside en otras naciones; los avances en la organización política de comunidades originarias; la prohibición para transferir votos mediante los convenios de coalición, que “dan vida artificial a partidos que carece de representación social”, y la entrega de tarjetas para comprar votos o garantizar un pago a operadores electorales.

A nombre del PRI, el diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, afirmó que el proceso legislativo de la reforma fue plural e incluyente en el debate, donde se manifestó la voluntad política y se incorporaron las propuestas sustantivas de todas las fuerzas políticas para transformar el sistema electoral.

Apuntó que las leyes propuestas propician la equidad y la competencia, a fin de garantizar una mayor imparcialidad; se contará con partidos sólidos y se atienden las exigencias de la población para consolidar la cultura democrática y de derecho en el país. Comentó las reglas para el financiamiento privado y del prorrateo, y la homologación de criterios en materia electoral.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) manifestó que su postura sería en contra porque “es una reforma mediocre y regresiva, por lo que aún con su aprobación se seguirá con la utilización facciosa y clientelar de programas sociales, la compra de votos y la intervención descarada de gobernadores para manipular los procesos electorales”.

El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) se pronunció a favor de la aprobación de esta reforma, toda vez que se fomentará la calidad democrática; sin embargo, afirmó que para que funcione correctamente se necesita la participación del centro, izquierda y derecha.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que su voto sería en sentido negativo, ya que es una reforma excluyente y tortuosa y que al contrario de ser una política de inclusión plural está llena de ilusiones de equidad, transparencia; además, sostuvo, trata de eliminar a los partidos minoritarios, promueve el bipartidismo y no cumple con el ánimo democrático que el país necesita.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) mencionó que con la aprobación de estas normas se garantizará el derecho esencial de elegir a los gobernantes; supervisado y dirigido por órganos del Estado, a través de la conducción de ciudadanos y evitar con ello que las contiendas electorales se ganen a través de “pilletazos”.

En contra del dictamen, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) consideró “irreal” que la minuta amplíe los derechos políticos de los ciudadanos. “La idea primaria que subyace en la legislación que se propone es imponer la mayor cantidad posible de barreras a la entrada para los ciudadanos que osan tener la intención de participar en las elecciones”, dijo.

Por su parte, la legisladora del PRD, Alfa Eliana González Magallanes, señaló que el nuevo modelo electoral contempla un blindaje para no permitir la entrada de recursos ilícitos en las campañas políticas, además de que el INE contará con un marco legal adecuado para los comicios federal y locales.

El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) criticó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hayan sido incluidas en la orden del día de la sesión del periodo extraordinario, cuando éstas no eran objeto del periodo, por lo que las calificó de “inconstitucionales”.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) aseguró que el dictamen de la minuta es resultado de una profunda labor de análisis y estudio. “Es imperativo que aprobemos la legislación que regirá los procesos electorales”, destacó.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) indicó que con la legislación no se establece un procedimiento jurídico efectivo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, por lo que consideró a la minuta violatoria de los derechos fundamentales.

Para hablar a favor, el diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) señaló que la nueva ley apuesta por un sistema electoral más justo, además de que promueve la participación ciudadana y garantiza la limpieza en los procesos electorales.

El diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) sostuvo que es un dictamen que contiene reformas a dispositivos legales no contemplados en la convocatoria a este período extraordinario. “Se trata de una violación fragante a la Constitución y la única salida es que esta cámara acepte las reservas presentadas por el diputado Miguel Alonso Raya,” y devolverlo a al Senadores de la República “para que enmienden la violación constitucional”.

En su turno, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana consideró que la nueva legislación incorpora reglas sobre el prorrateo, la equidad de género en los cargos de elección popular y en las dirigencias partidistas, debates presidenciales y facilita el voto de los mexicanos en el extranjero. “El problema en este dictamen es el hecho de que se pretende meter por la puerta de atrás, tres legislaciones que no están contempladas en la convocatoria a este periodo extraordinario”.

También participaron los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Domitilo Posadas Hernández, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Roberto López Suárez, Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por el PT; Aída Fabiola Valencia Ramírez y Francisco Alfonso Durazo Montaño, MC; Raúl Gómez Ramírez, del PAN; Martha Gutiérrez Manrique, PRI; y, Felipe Arturo Camarena García, por el PVEM, para rectificación de hechos.

Previó a los posicionamientos y discusión, el Pleno rechazó una moción suspensiva del diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) para detener el procedimiento, con el propósito de leer el dictamen, hacer propuestas que lo mejoren y tener un ejercicio parlamentario responsable, pues el documento, dijo, no es producto del consenso sino del arrebato, agandalle y del oportunismo político, es decir, “un vulgar trueque y moneda de cambio; entregar la reforma político-electoral por la energética”.

Reservas

Para la discusión en lo particular diputados de diversas fracciones presentaron reservas a los artículos 1, 3, 7, 12, 15, 21, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 44, 53, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 111, 115, 119, 121, 123, 128,135, 140, 159, 167, 218, 225, 232, 233, 288, 290, 311, 325, 329, 330, 331, 345, 350, 361, 364, 368, 434, Transitorio Cuarto y Transitorio Decimotercero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral suprimir los artículos segundo, tercero y cuarto, 109 y 110 del proyecto de decreto y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los artículos 185, 186, 192, 195, 209 y Transitorio Segundo.

-- ooOoo--