15-05-2014.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Partidos Políticos, la cual fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La nueva ley, avalada en lo general con 391 votos a favor, 39 en contra y una abstención, contiene los lineamientos básicos para la postulación de candidatos y conducción de actividades de forma democrática; la transparencia en el uso de los recursos; los contenidos mínimos de los documentos básicos de los partidos, así como los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones.

Precisa el sistema de participación electoral de los partidos a través de la figura de coaliciones y establece un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos.

La legislación prevé las causales por las que un instituto político pierde su registro, entre otras, por no participar en un proceso electoral ordinario; por no obtener, en la elección ordinaria inmediata anterior, el tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de la República tratándose de partidos políticos nacionales, y de diputados locales o gobernador en caso de un partido político local.

Una vez que se haya emitido la declaratoria de pérdida de registro de un partido, menciona el dictamen, la autoridad electoral nombrará un interventor que se encargará del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido.

En torno al financiamiento, se precisa que los partidos tienen derecho a recibir recursos públicos para desarrollar sus actividades y que se distribuirán de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

Especifica que dicha subvención deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

Se establece que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.

Asimismo, regula el financiamiento privado proveniente de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento generado por rifas y sorteos, conferencias, espectáculos y eventos culturales y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus campañas.

De igual manera se establece la obligación de los partidos para entregar mensualmente una lista con los nombres de los aportantes en dinero y en especie, así como las cuentas origen de las aportaciones realizadas en el mes inmediato anterior, que superen el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, con la finalidad de que se analicen las operaciones financieras.

En el prorrateo se establece que en el caso de campañas federales, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados federales, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren, según la campaña que corresponda, y este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales.

Para efectos de la comprobación de gastos cada candidato deberá presentar la factura por el importe proporcional y deberá ser registrada en la contabilidad correspondiente.

La legislación establece que los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos relacionados con las rifas y sorteos, ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse de recursos para el cumplimiento de sus fines.

La ley no exime a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales, por lo que deberán retener y enterar a las autoridades fiscales el impuesto sobre la renta correspondiente por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución.

En cuanto a los frentes, coaliciones y fusiones, se establece que los partidos, a través de la celebración de convenios, podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral.

Las coaliciones, señala el dictamen, estarán sujetas a las disposiciones referentes a gasto de campaña como si se trataran de un solo partido político y se les prohíbe tener más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local.

En cuanto al Procedimiento Especial Sancionador, se crean dos salas especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El procedimiento deberá sustanciarse ante el tribunal, y el Instituto Nacional Electoral (INE) elaborará el expediente, mismo que remitirá al Tribunal para que éste lo sustancie.

La ley contempla un catálogo de conductas consideradas infracciones, como son el incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del INE y de las obligaciones en materia de financiamiento y fiscalización, entre otras.

Observa la atribución del Consejo General del INE para imponer un multa de trescientos y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente, cuando los partidos no proporcionen la información o documentación solicitada, no presenten los informes y presenten irregularidades en su información contable, de transparencia o de acceso a la información.

Los sujetos de responsabilidad serán sancionados hasta con diez mil días de salario mínimo y la cancelación de su registro como partido político.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI), secretario de la Comisión de Gobernación, señaló que a lo largo de las últimas décadas el sistema político mexicano se ha transformado para reconocer la pluralidad de nuestra sociedad, pero también la tolerancia y el anhelo democrático que priva entre los mexicanos.

Podemos afirmar, agregó, que buena parte del espectro ideológico está debidamente representado en los partidos que cuentan con registro político nacional y con esta ley se da un paso más en la construcción del régimen democrático de nuestro país.

Al exponer el contenido de la legislación, dijo que en esta se establece una distribución clara de competencias entre la Federación y las entidades federativas, a efecto de regular, entre otros, la contribución de los partidos políticos; la transparencia de los recursos que ejercen; el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; la organización y funcionamiento de los órganos internos de los partidos, así como los procedimientos de justicia intrapartidaria.

Un rubro importante, resaltó, es el financiamiento a los partidos, ya que se fijan límites para los militantes y simpatizantes y candidatos que deseen realizar aportaciones.

En concordancia con lo anterior, abundó, se indican las obligaciones de los partidos políticos en cuanto al régimen financiero, así como en la información que debe entregarse al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y el instituto emitirá los lineamientos para asegurar la publicidad de registros y movimientos contables.

Se congratuló por el hecho de que los partidos políticos establezcan criterios que garantizan la equidad de género en las candidaturas de las y los legisladores federales y locales.

En el rubro de transparencia, señaló, la ley responde a un reclamo popular por abrir la vida de los partidos, por lo que se establece lo que habrá de considerarse como información pública e información reservada.

Pidió hacer de nuestra democracia un régimen que permita la convivencia pacífica entre ciudadanos y que intervengan en la discusión y soluciones que aquejan al país.

“Procuremos que nuestras libertades no se agoten en el ejercicio del voto, sino que se extiendan de forma tal que la fiscalización y la rendición de cuentas sean ejercicios cotidianos, que el sentido de la opinión pública se traduzca en un verdadero ejercicio honesto y eficaz”, enfatizó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Luis Antonio González Roldán (NA), indicó que la Ley General de Partidos Políticos abona a un importante avance en el desarrollo democrático del país. Agregó que la fortaleza de la democracia se encuentra precisamente en la naturaleza de los institutos políticos, ya que son el espejo de toda la colectividad.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) consideró que el dictamen de la minuta que expide la Ley General de Partidos Políticos concluye un período de reformas constitucionales ilegales que no producen cambios sustanciales. Pese a la demagogia legislativa, dijo, “los procedimientos y controles de constitucionalidad y legalidad no garantizan elecciones auténticas ni respetan la voluntad ciudadana. Esta reforma política-electoral, afirmó, “resulta un fraude legislativo”.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) se pronunció en contra del dictamen toda vez que, dijo, representa un falso fulgor de la democracia y del avance de la participación ciudadana, pues en el fondo se trata de argucias y retoques legales que están muy lejos de consolidar el sistema de partidos que reclama la ciudadanía.

Por su parte, el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) mencionó que la reforma permitirá fortalecer la democracia, pues se amplían los derechos políticos electorales de los ciudadanos, se fomenta la fiscalización de egresos e ingresos de los partidos, y se desarrollan la transparencia y la rendición de cuentas, además de que se promueve la cultura política.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (PRD) señaló que la aprobación de esta ley contribuirá en la consolidación de la cultura electoral y el sistema de partidos; sin embargo, resaltó que la eficiencia de ésta será a través de la participación de las diversas líneas ideológicas, lo cual permitirá dar mayor confianza y credibilidad ante la ciudadanía y garantizará el Estado de derecho.

Por parte de Acción Nacional, el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández consideró que, al contrario de lo que se ha criticado, esta ley no fomenta la partidocracia, sino que “abunda en beneficio de los ciudadanos, toda vez que los partidos políticos serán verdaderos instrumentos de ciudadanía”.

Su regulación “le ofrece certeza a la gente, protección a sus derechos y oportunidades para incidir en su toma de decisiones”, sostuvo.

En coincidencia, el diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) dijo que la norma aprobada no fortalece la partidocracia, “lo que fortalece, es el sistema político nacional”. Actualmente, añadió, se enfrenta un reto de calidad democrática para obtener mejores leyes electorales e instituciones que organicen adecuadamente los procesos electorales.

“El ciudadano común, ya no quiere más confrontaciones entre fracciones políticas, quiere cambios, transformaciones”, por lo que “es tiempo de aprobar una buena reforma política para darle estabilidad y desarrollo económico al país”, enfatizó.

En contra del dictamen, el legislador Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), se manifestó que esta ley “es para los privilegios partidistas excluyentes, no para la ciudadanía. Los partidos han dejado de ser entidades de interés público para convertirse en organizaciones que han entregado el patrimonio nacional”.

A favor, el diputado del PRD, Jorge Salgado Parra, destacó que el mayor éxito de esta ley es garantizar la libertad política de los ciudadanos, facilita la corresponsabilidad de las fuerzas políticas y adecúa la legislación electoral y sus instituciones a las condiciones actuales que tendrán un gran impacto para salvaguardar la democracia representativa y los principios de certeza.

En contra, la diputada del PT, Lilia Aguilar Gil, sostuvo que en este marco jurídico se dan las más grandes ilusiones, y debería incluir mecanismos efectivos de fiscalización y facturación de gastos de candidatos en tiempo real. Afirmó que excluye a las minorías, detiene la libertad de asociación de los partidos y propicia que éstos sean rehenes de las grandes corporaciones al contratar propaganda y al convertir el marketing político como el elemento que realice las campañas.

Al pronunciarse a favor, la diputada del PAN, Margarita Licea González, afirmó que es un avance significativo para consolidar la democracia, desterrar el autoritarismo y fortalece la participación de los ciudadanos. Además, garantiza el respeto al pluralismo político, termina con la compra de votos y con las fuentes opacas de financiamiento, y es un instrumento para avanzar significativamente para combatir la corrupción, que merma la credibilidad de los ciudadanos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, al manifestarse en contra, señaló que la exclusión de los partidos minoritarios permanecerá en este marco y aseguró que sus propuestas no fueron tomadas en consideración para construir este marco jurídico. Señaló que el artículo 87 impide las coaliciones, cuando las minorías también deben tomarse en cuenta.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) consideró que la reforma es favorable porque se fomenta la transparencia y se establecen los derechos de los militantes, pero indicó que existe un retroceso en la norma que plantea que quien vota por más de un instituto político sólo sirva a los candidatos y no a los partidos, lo cual sin duda alguna desincentiva la creación de coaliciones.

Por su parte, la diputada Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano) dijo su voto sería en contra, ya que la reforma genera una gran indignación en la sociedad.

La diputada Esther Quintana Salinas (PAN) manifestó que su voto sería en sentido positivo debido a que esta reforma permitirá construir una cultura ciudadana y representa la oportunidad de que las mujeres participen de manera igualitaria en los procesos electorales.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) indicó que su voto sería en contra, ya que esta ley no busca una alternancia en el poder y una definición clara en la división de poderes.

En su turno, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) se pronunció en contra del dictamen, porque “serán más los legisladores reelectos, en detrimento de la renovación. La reforma al sistema de partido en México es un reclamo social, en efecto, hoy en México los partidos políticos se encuentran sumidos en una crisis de legitimidad y confianza ciudadana que los coloca, no como los grandes depositarios de la representación y confianza ciudadana, sino como los grandes vividores del supuesto cambio político”.

Reservas

Con 311 votos a favor, 91 en contra y cero abstenciones, se aprobaron, en términos del dictamen, los artículos reservados 3, 10, 25, 43, 46, 51, 52, 55, 60, 72, 73, 76, 80, 83, 87 y 88, así como una propuesta de modificación a todo el dictamen para incluir el lenguaje incluyente en todos sus preceptos.

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