• Cada dependencia federal tiene su propia forma de organizar y divulgar esta información
• Ello propicia duplicación de nombres y exclusión de ciudadanos que necesitan los estímulos: Rodríguez Montero
• Esto “debilita la credibilidad hacia los Poderes de la Unión y lacera profundamente su legitimidadâ€�, afirma

02-11-2014 diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD) afirmó que debido a la falta de un padrón homogéneo de beneficiarios de los 102 programas sociales que actualmente implementan 13 dependencias del gobierno federal, se abre la puerta a la duplicidad de nombres y a que más ciudadanos no obtengan sus beneficios.

En el anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se especifican los programas sociales sujetos a Reglas de Operación. En conjunto, se les destinaron 339 mil 277.1 millones de pesos para el ejercicio 2014, cantidad “nada despreciable�, acota el secretario de la Comisión Especial de Programas Sociales.

A pesar de ello, acusa, cada una de las dependencias y de los apoyos sociales tiene su propia forma de organizar y divulgar los padrones, además de que las leyes no establecen normas mínimas de calidad y consistencia en la información.

La falta de transparencia en la materia “no es un problema menor, pues detona otras problemáticas en cascada que terminan debilitando la credibilidad hacia los Poderes de la Unión -actores fundamentales en este proceso-, y lacera profundamente su legitimidad�, sostiene Rodríguez Montero.

En consecuencia, el legislador por Morelos promueve una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para hacer obligatorio que las dependencias del gobierno federal publiquen en sus portales de internet el padrón de beneficiarios de los programas sociales a su cargo, bajo un mismo formato y de manera actualizada.

Rodríguez Montero sostiene que no contar con un padrón único, fomenta el sentimiento de que se favorece a personas o grupos que no necesitan ni aprovechan los estímulos, y de que estos se emplean para atender otros intereses, algo que la población relaciona con preferencias políticas y hace dudar de la legitimidad de los gobernantes.

Asimismo, “se eleva la aparente necesidad de adquirir un volumen mayor de bienes y servicios para su distribución, incrementando el gasto público, más no la eficiencia y eficacia en el cumplimiento del objetivo principal de cada programa social�.

En casos documentados, acusa Rodríguez Montero, se revela que los objetivos para los que los programas sociales fueron creados no siempre se satisfacen, debido a la falta de claridad en su aplicación.

“Es preocupante, ya que la información utilizada en las evaluaciones se obtiene de datos oficiales que pertenecen a las propias dependencias que operan tales programas�, añade.

Considera de suma importancia avanzar en la transparencia de los padrones de beneficiarios, pues no solamente es útil y necesario para la aplicación de los recursos, sino también para la planeación y evaluación que permite contar con información confiable para la toma de decisiones en materia presupuestal y de políticas públicas.

Por otro lado, “contar con un padrón único de beneficiarios, donde se compartieran no solo los datos generales, abiertos, actualizados y homogéneos de los beneficiarios, es un problema que no es fácil de resolver�, reconoce Rodríguez Montero.

Sin embargo, “no se han implementado acciones para atender y observar cabalmente las obligaciones legales y, mucho menos, se nota la aplicación de las sanciones previstas en la Ley en comento, por lo que al final los perjudicados son siempre los mismos: la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas�, concluye.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fue turnada para su análisis a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y es suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales, a la que pertenece Rodríguez Montero.

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