• Reciben diputados informe donde plantea al Estado arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente estos actos

11-11-2014.- La C谩mara de Diputados recibi贸 de la Secretar铆a de Gobernaci贸n (Segob) el informe de la visita oficial a M茅xico de Juan E. M茅ndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El documento remitido a la Comisi贸n de Derechos Humanos, precisa que la impunidad de la tortura y los malos tratos es aliciente para su repetici贸n y agravamiento, por lo que el Estado debe urgentemente arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente estos actos.

Plantea tipificar a nivel federal y estatal de conformidad con el est谩ndar m谩s beneficioso de la Convenci贸n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y velar que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garant铆as que derivan de la prohibici贸n absoluta de la tortura, como la de investigar, procesar y sancionar en forma pronta, independiente, imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito y la reparaci贸n de las v铆ctimas.

Tambi茅n, reformar el C贸digo de Justicia Militar para asegurar que los casos de tortura presuntamente cometidos por un militar contra otro militar tambi茅n sea de competencia de las autoridades civiles, adem谩s de restringir en la Constituci贸n, el C贸digo Nacional de Procedimientos Penales y toda ley aplicable, las instancias de detenci贸n sin orden judicial a los casos propios de flagrancia.

Sugiere eliminar definitivamente el arraigo, as铆 como figuras similares en lo federal o estatal; prescindir los supuestos de prisi贸n preventiva oficiosa en la Constituci贸n y legislaci贸n, y aprobar la legislaci贸n federal y estatal para garantizar el control judicial sobre la ejecuci贸n de las penas, incluyendo medidas cautelares, prisi贸n preventiva, condiciones de detenci贸n y sanciones disciplinarias.

De igual modo, propone asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigados; se atestig眉en indagatorias imparciales, independientes y exhaustivas, y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente.

Manifiesta la necesidad de retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad p煤blica y restringir su participaci贸n a operaciones de apoyo con supervisi贸n de 贸rganos judiciales civiles.

En el documento se plantea tomar medidas para reducir el hacinamiento carcelario; restringir el uso de la prisi贸n preventiva como medida excepcional y respetar su plazo m谩ximo legal; aumentar el uso de medidas alternativas de prisi贸n, y garantizar recursos financieros y humanos para mejorar las condiciones de detenci贸n, incluyendo calidad y cantidad de la comida, condiciones de salubridad y acceso a oportunidades laborales, recreativas y educativas.

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