• El ilícito financia actividades criminales y pone en problemas de seguridad pública a la sociedad, afirman
• Instan a coordinar la norma con el SAT, el Código Penal Federal y la Ley de Instituciones de Crédito para hacerla efectiva
• Realizan en San Lázaro foro de análisis acerca de su implementación

11-11-2014.- Académicos y expertos en economía y finanzas señalaron ante diputados la necesidad de adecuar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en virtud de que “es confusa y presenta dificultades para su aplicación”, además de que representa un instrumento indispensable para combatir delitos muy graves.

Al participar en el “Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero”, realizado en San Lázaro, advirtieron que a pesar de ser una norma novedosa, es menester cuidarla y profundizar en aspectos como la prevención de este ilícito, ya que lo identifica eficazmente, pero requiere de candados que eviten cometerlo.

Asimismo, advirtieron que debe erradicarse el lavado de dinero en nuestro país, pues la economía que genera sirve de financiamiento para las actividades de organizaciones criminales y, derivado de esto, “se pone en problemas a la sociedad, traducidos en muerte, agresiones e inseguridad pública en la que México está inmerso”.

En su participación, el director general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, recordó que la norma tiene un año y dos meses que entró en vigor. Fue creada a partir de recomendaciones internacionales, entre ellas, de la ONU, en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Esta Ley protege la economía, sin ella, la autoridad estaba tuerta y no podía combatir de manera eficaz el lavado de dinero. Ahora se poseen mayores elementos para hacerlo y se han detectado mayores operaciones de lavado de dinero y aquellas que no se podían ver antes de su publicación”, enfatizó.

Pese a esto, el funcionario consideró que debe darse un tiempo para implementarla correctamente la ley, aunque es mejorable en virtud de que vienen retos emanados de las nuevas recomendaciones internacionales, la evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y los cambios radicales en las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para los estados que lo integran.

Al tomar la palabra, Javier Pérez Almaraz, presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, afirmó que los topes de manejo de dinero en operaciones mobiliarias, por ejemplo, son demasiado bajos: uno de 16 mil veces el salario mínimo (alrededor de un millón de pesos), y otro de ocho mil 25 veces (540 mil pesos).

Al detectarse grandes cantidades monetarias, los notarios deben reportar a las unidades de inteligencia del gobierno; empero, estos reportes “se tratan más de cantidad que de calidad. Es preferible incrementar los umbrales que señala la ley para que la autoridad reciba información útil y determine si se emplean fondos de procedencia ilícita”, subrayó.

Por otro lado, sostuvo que es necesario permitir el uso de efectivo para operaciones financieras grandes, como en otras naciones, ya que la norma mexicana no lo permite. Con esto, explicó, se daría aviso a la autoridad y cuando detectara una operación que sea objeto de investigación, contaría con toda la información necesaria para llevarla a cabo.

En su turno, el catedrático del ITAM, Herbert Bettinger Barrios, se pronunció por incluir al Servicio de Administración Tributaria en la Ley, para garantizar la protección al sistema financiero y a la economía nacional.

“El SAT sólo se considera en el reglamento de esta norma. Se le pone en una situación muy difícil porque no es una de las autoridades que están en el cuerpo de la ley, y para los abogados es muy fácil hacer a un lado a una autoridad que no está en una ley”, advirtió.

De la misma manera, sostuvo que muchas cosas de esta ley están en otros reglamentos y leyes especiales, por lo que es menester ubicar cada cosa en su lugar. “Pierde su fuerza, y eso no debe ocurrir. Quiere hacer tanto, pero no posee garras para arañar”, señaló, e instó a coordinar esta norma con las disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por su parte, Angélica Ortiz Dorantes, académica de la Universidad Panamericana, destacó que la restricción de uso de moneda nacional para grandes operaciones en efectivo, es una disposición que el GAFI no precisa, y una medida que, al fijarse en la Ley, debemos reflexionar si es o no adecuada.

Consideró acertado identificar a quienes llevan a cabo operaciones en efectivo; no obstante, para personas que las realizan por otros medios, como tarjeta o cheque, dijo, esto no debería ser necesario pues “si el sector financiero hizo bien su trabajo, la persona ya debería estar identificada”.

“Cada uno tiene un papel que cumplir. Los empresarios tienen que servir de apoyo para la autoridad en el aspecto de información, pero cargarles más responsabilidades administrativas quizá no sea la mejor forma de prevenir y combatir el lavado de dinero”, aclaró.

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