11-11-2014.- Al participar en el foro “Análisis sobre la implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero”, Gerardo Córdova Bejarano, director general de Apoyo Legal y Financiero de la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que se desarrolla una plataforma tecnológica que permitirá analizar y procesar con la mayor efectividad y en menor tiempo posible la información relacionada con las investigaciones de este delito.

Apuntó que la PGR ha iniciado diferentes funciones que le competen en esta ley, como son los convenios con entidades públicas y trabajar en la definición de mecanismos para el análisis e intercambio de información.

Indicó que las actividades de la Unidad Especializada se basan en cinco ejes: análisis de información y actividades económicas por regiones, evaluación de crecimiento de sectores y regiones, detección de salarios anormales; variables criminales, socioeconómicas y financieras de cuentas bancarias.

Además, coordinación interinstitucional, fortalecimiento de investigación apoyando a las diferentes áreas de la PGR, mediante el análisis y obtención de información financiera; desarrollo de tecnologías de última generación, y capacitación de personal en materia de lavado de dinero, derecho penal, financiero, fiscal y operaciones de comercio exterior.

En el evento organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Martín Montealegre Hernández, integrante del área de análisis de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, propuso analizar y reducir las 15 actividades consideradas por la ley como sospechosas o vulnerables de ser reportadas por indicio de que sus recursos tengan un origen ilícito.

En la segunda mesa de evaluación, dijo que a casi un año cuatro meses de vigencia de este marco jurídico, “se observa disminución en actividades comerciales como la compra de joyas y relojes en efectivo; ese dinero se ha canalizado a la compra de equipos de cómputo y televisores, donde no hay un requerimiento de identificación”.

Pidió a los diputados revisar los umbrales de actividades, a fin de medir la eficiencia de la aplicación de la ley, para identificar y definir una metodología de los rubros económicos susceptibles de reporte, ya que aseguró, los 2 o 3 millones de avisos no todos se relacionan con una actividad sospechosa.

Sobre el seguimiento de operaciones en efectivo, aludió duplicidad, que inhiben su uso. Indicó que existen medios alternos para reportarlos y revisarlos como la presentación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la verificación que realiza el sistema financiero de sus clientes.

Comentó que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi), recomienda dar seguimiento a actividades sospechosas como la compra-venta de metales preciosos y joyas, pero “no restringe el manejo de dinero en efectivo”.

Propuso evaluar la conveniencia de crear una comisión específica en materia de prevención de lavado de dinero, que tenga facultades y centralice las actividades, para hacer más eficiente la especialización.

El abogado Miguel Ishii Yokoyama comentó que es muy difícil tener una seguridad jurídica si no se tiene claro lo que es una actividad vulnerable y si es sujeto o no de reporte, ya que tiene una definición muy amplia.

Resaltó que la prestación de servicios profesionales enfrenta serios problemas por la falta de claridad en las definiciones para atender a los clientes como en la administración, manejo de recursos, cuentas bancarias y organización de aportación de capital en la constitución de personas morales, fideicomisos y entidades mercantiles.

En su intervención, el director general de Agentes Aduanales (CAAAREM), Rubén Dario Rodríguez Larios, dijo que antes de la Ley de lavado de dinero, el sector ya cumplía con obligaciones descritas actualmente en la misma, ya que el agente aduanal registra sus cuentas bancarias, su sociedad e identifica a los empleados, además de que tiene que dar de alta a sus representantes y socios comerciales.

Informó que México cuenta con un padrón de 69 mil importadores registrados y se realizan alrededor de 8 millones de operaciones al año, los que corresponden a 18 millones de cruces de vehículos y más de 46 millones de mercancías distintas.

Detalló que el 99 por ciento de las operaciones de comercio exterior se realizan a través de Sistema Financiero Mexicano y sólo el 1 por ciento hace pagos en efectivo.

Por tanto, indicó, los agentes aduanales se encuentran regulados y son obligados a presentar sus reportes de mercancías tales como: vehículos, máquinas para juegos y sorteos, materiales para la elaboración de tarjetas de pago, joyas, relojes, obras de arte, artículos y metales preciosos, así como materia prima de resistencia balística.

Por su parte, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Alberto Burgoa Toledo, sugirió que es indispensable mayor difusión y publicidad del tema, a fin de que la aplicación de la Ley sea sencilla y se eviten confusiones.

Esta ley, dijo, “presenta tintes administrativos que previenen el lavado de dinero, pero no es fiscal, ni de índole penal, por lo que para no cargar en efectivo, el crimen organizado compra en especie, joyas por ejemplo, que transportan en avión y al llegar a su destino acuden a una casa de empeño, donde dejan un porcentaje insignificante. Esa es la dinámica que utilizan”, agregó.

La diputada Cecilia González Gómez (PRI), presidenta del Comité del CEFP, afirmó que para garantizar la mejor implementación del marco jurídico contra el lavado de dinero en México, los legisladores tienen la responsabilidad de analizarlo en estrecha vinculación con la academia, los profesionistas y las universidades para perfeccionarlo, afirmó

Durante la clausura del foro destacó la importancia de conocer y divulgar este ordenamiento, y en su momento, “tener la sensibilidad de perfeccionarlo”.

Refirió la transcendencia de conocer las propuestas y experiencias de especialistas como abogados, notarios y contadores, así como de investigadores de instituciones de educación superior sobre su implementación, con el propósito de enriquecer los elementos de juicio para mejorar la ley.

Pedro Ángel Contreras López, director general del CEFP, anunció que este foro se concentrará en un libro que editará el Centro de Estudios para apoyar la actividad de los diputados y estará a disposición de la ciudadanía.

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