11-11-2014.- En la sesión, diputados externaron comentarios sobre las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que determinó inconstitucionales las solicitudes de consulta popular sobre salarios mínimos y en materia energética.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique (PRI) manifestó respeto a las resoluciones de la SCJN y dijo: “nadie puede eludir su responsabilidad, porque la Corte interpretó y resolvió en uso de los instrumentos legales con los que nosotros mismos le dotamos. No se deben hacer juicios de valor y partidizar una resolución cuando ésta no les favorece”.

Añadió que se trata de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares, consagrado en la Constitución. “Estamos abiertos a la posibilidad de perfeccionar este mecanismo de democracia participativa recién establecido para que sea un instrumento viable y eficaz. La figura de consulta popular es imperfecta, si es así debemos mejorarla”.

Por Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval relató que la SCJN, cuando hizo las interpretaciones sobre el control de constitucionalidad de las consultas populares, no interpretó “el principio pro persona”, pues más de dos millones de ciudadanos propusieron aumentar el salario mínimo e incluso la Corte se extralimitó.

Argumentó que la SCJN tiene que establecer un control de constitucionalidad, es decir, “en el caso de las consultas, tiene que decidir si éstas se ajustan o no a la Constitución”. Aclaró que la SCJN no tiene facultades para decir que una consulta popular sobre el salario mínimo puede tener, por ejemplo, efectos negativos en la inflación. “Consideramos, que su interpretación fue bastante mediocre y bastante vaga”.

La diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) expresó que el país está en una situación de tensión extrema, pues hay quien dice que México está en llamas. “Sabemos el enorme problema que hay por los diferendos. Creemos que no se utiliza este instrumento de democracia directa para que decida la población por una ceguera”.

Manifestó que no solo se le niega a los millones que firmaron la solicitud de consulta, sino a todo México, porque el país tiene derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y su futuro. “Por eso discrepamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo decimos de manera clara y subrayada: no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución”.

Antonio Cuéllar Steffan, diputado del PVEM, resaltó que en estricto apego a la Constitución, a la división funcional de Poderes, a las decisiones emanadas de los órganos encargados de la interpretación y control constitucional, se respetarán “las resoluciones de la SCJN dentro del procedimiento de procedencia de las solicitudes de consulta popular sometidas por diversos partidos políticos”.

Sostuvo que la labor que realizó la Suprema Corte fue apegada a lo que establecen los causes que se han previsto en la Constitución. “La labor de la Corte no es política, sino jurídica, tratándose del establecimiento de procedencia de la consulta popular.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) señaló que la decisión de la Corte de negar las consultas populares, en especial la de la reforma energética, se inscribe en el contexto de exclusión, negocios al amparo del poder y sumisión de los tribunales a los grandes intereses económicos corruptos, y confirma la cerrazón del régimen y las complicidades que están detrás del despojo del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad.

Indicó que en estos momentos en que el país atraviesa por una gran polarización social, “el régimen representado por la Corte ha optado por el endurecimiento, por cerrar las vías institucionales para que el pueblo de México pueda expresarse sobre temas trascendentes a través de la consulta popular”.

Del PT, la diputada Loretta Ortiz Ahlf mencionó que la SCJN debió garantizar una adecuada interpretación y maximizar los derechos políticos previstos en diversas disposiciones de la Constitución y estaba obligada a promover y a ampliar la garantía de los derechos humanos de la participación política.

“La decisión mayoritaria de los ministros, con excepción del voto particular del ministro Cosío, es violatoria de derechos humanos y por eso el Partido del Trabajo y los de Morena estamos inconformes porque estamos viviendo no un Estado de derecho, sino en un Estado violatorio de los derechos fundamentales”, añadió.

María Sanjuana Cerda Franco, diputada de Nueva Alianza, lamentó que no se hayan promovido consultas populares legítimas para la jornada electoral de junio de 2015; sin embargo, dijo, “la resolución de la Suprema brinda la oportunidad de asumir el compromiso de proteger la consulta popular de todo intento de partidización y que se convierta en un mecanismo de propaganda política”.

Dijo que es importante explicar a los ciudadanos por qué se promovieron consultas populares con la finalidad de revocar disposiciones constitucionales y leyes vigentes, cuando este instrumento no tiene alcances revocatorios, y se les diga la razón de que la materia de las preguntas formuladas versaran sobre temas vedados por la Constitución, como son los ingresos del Estado y la materia electoral.

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