11-11-2014.- Durante el apartado de iniciativas, el diputado Juan Bueno Torio (PAN) planteó modificar el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que en los convenios firmados entre la federación y los gobiernos estatales para la transferencia de recursos federales, se establezcan sanciones administrativas a los funcionarios públicos que incurran en el retraso en la ministración de los recursos a municipios.

Asimismo, imponer una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien incurra en dichas conductas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señala que para alcanzar un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un equilibrio de corresponsabilidad y eficiencia, para que, con un sistema de transferencias federales óptimo, los órdenes locales tengan la capacidad presupuestal para solventar sus planes de inversión en el corto y mediano plazo.

Por ello, precisa, es necesario que se otorgue a los municipios certeza presupuestaria, a través de la norma, ya que en la “cadena de distribución” de recursos, son estos los más afectados. Además, “es fundamental que se establezcan las sanciones adecuadas que se encaminen a eliminar la corrupción que comúnmente generan los fondos dirigidos a dichos órdenes locales”.

Por otra parte, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) propuso reformar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de incluir las condiciones económicas de las familias y de los individuos, como un factor que otorgue derechos a la asistencia social por parte del Estado.

Destacó la necesidad de que el ciudadano reciba del gobierno oportunidades de asistencia social, que lo lleven a una mejor situación que facilite su inserción al mercado de trabajo y le permitan cubrir al menos las necesidades básicas de sí mismo y de su familia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud.

En tanto, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) planteó cambios a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política para introducir el concepto de Unidad de Cuenta, el cual deberá sustituir al de “salario mínimo” que actualmente utilizan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general.

Propuso otorgar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo responsable de medir la inflación, la facultad de fijar anualmente el valor de dicha unidad con base en la inflación anual. Asimismo, prohibir que el salario mínimo siga siendo utilizado como unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por su parte, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) presentó iniciativa que adiciona un artículo 4-Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de especificar los principios básicos que deben regir las acciones de esta norma.

Se precisa que los principios de esta ley son: apertura e Integridad, legibilidad, puntualidad, permanencia y reutilización, accesibilidad, no discriminación, libre licencia y costos de uso. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

La Comisión de Energía analizará la iniciativa de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo es que la Unidad de Responsabilidades podrá abstenerse para iniciar procedimientos o sancionar a funcionarios, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad.

El documento precisa que se busca generar certeza jurídica para los funcionarios públicos que realizan actos o abstenciones referidos a cuestiones opinables, discutibles o que pueden aceptar diferentes criterios de interpretación de la norma, de tal manera que pueden ampararse contra estos ordenamientos para no ser sancionados.

La legisladora Ana Paola López Birlain (PAN) y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, plantearon reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el propósito de instaurar distritos escolares, en las entidades federativas, como instancia encargada de la aplicación del Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Total en la Educación.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señala que los distritos escolares estarían encabezados por un superintendente, que se ocupe de llevar a cabo la mejora continua como función administrativa del sistema educativo nacional.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 13 de noviembre, a las 11:00 horas.

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