20-11-2014 La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es perfectible y la Cámara de Diputados está dispuesta a revisarla, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Damián Zepeda Vidales (PAN).

Por su parte, representantes de las industrias inmobiliaria, de la construcción, joyera y automotriz, demandaron un replanteamiento de la legislación ya que contiene lagunas que permiten el lavado de dinero, y a su vez, genera perjuicios en la economía del país.

Durante el segundo Foro de Análisis sobre la implementación de la ley contra el lavado de dinero, organizado por la Comisión de Hacienda y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) el diputado Zepeda Vidales, recordó que esta norma fue considerada como un instrumento para atender esta problemática y fortalecer el Estado de derecho, ya que el lavado de dinero está ligado a actividades del crimen organizado.

Esta actividad, dijo, puede deteriorar la integridad de las instituciones y el sistema financiero, así como obstaculizar el crecimiento económico, afectar la competitividad de México y desalentar la inversión local y extranjera.

Agregó que a más de un año de haber entrado en vigor la ley antilavado, la Cámara de Diputados se propuso organizar estos foros para escuchar a especialistas en un tema controvertido para varios sectores de la economía en virtud de las actividades y los tipos de bienes o servicios que se consideran vulnerables en términos de la propia legislación.

Dijo que la Cámara de Diputados está abierta para escuchar los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad y, en particular, de aquellas a las que les impactan las decisiones del Poder Legislativo.

De lo que se trata es de construir mejores leyes para el país; estamos abiertos a fortalecer lo que hemos hecho a la fecha porque toda norma es perfectible, dijo el legislador.

Martha Ramírez Gallegos, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias (AMPI), Fernando Abusaid Quinard, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y Fernando Soto-Hay Pintado, director general de Tu Hipoteca Fácil, coincidieron en que la ley es necesaria.

Sin embargo, mencionaron que su aplicación ha perjudicado al sector desarrollador e hipotecario, así como a los propios ciudadanos, ya que adquirir una vivienda por arriba de los 590 mil pesos es considerado como una actividad inusual.

“No todos los mexicanos lavamos dinero. No todos hacemos cosas que vayan en contra de la ley. No todos vendemos una casa con lucro”, dijo. La ley contra el lavado de dinero, agregó, no está enfocada hacia los mexicanos comunes y corrientes, sino a detener a gente que hace cosas malas, pero su aplicación es generalizada y afecta al sector inmobiliario”.

Muchos ciudadanos, comentó, no cambian o no venden sus casas por miedo a estas reformas. “Creemos que las reformas son buenas, y estamos de acuerdo en que son necesarias, pero no coincidimos en quien se aplica y cómo se aplica”, agregó.

Adolfo Vélez Muñoz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Casas de Empeño A.C. (ANACE) destacó que se debe revisar la ley contra el lavado de dinero y corregir fallas que permiten el blanqueado.

En el país, precisó, existen siete mil casas de empeño, de las cuales, sólo cuatro mil 500 se encuentran regularizadas y cumplen con sus obligaciones, pero hay otras tres mil que se mueven en la informalidad y que, junto con prestamistas y agiotistas, tienen amplitud para lavar dinero, pues no son sujetos de la ley en la materia.

“El lavado de dinero proviene de parte de los prestamistas irregulares. Aplaudimos la ley antilavado, pero creemos que el camino para trabajar es con las casas de empeño, con los prestamistas y agiotistas clandestinos”, subrayó.

Miguel Cotero Ochoa, presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de Jalisco, y Gonzalo Enrique Villarreal Salas, representante del sector joyero, coincidieron en que la legislación antilavado contiene una sobreregulación que ha afectado a esta industria.

“Somos para esta ley una actividad vulnerable. Con su aplicación se ha inhibido la producción joyera, lo que ha generado un alto porcentaje de desempleo; la caída de las exportaciones y la pérdida de clientes internacionales nos pone fuera de la competitividad mundial”, sostuvo.

Añadió que incluso los bancos ya no quieren saber nada de joyeros porque consideran que son parte de una actividad inusual y han decidido no abrir más cuentas.

Refirió que “55 mil pesos es el margen que tenemos para identificar a uno de nuestros clientes como posibles lavadores. Estos no son límites normales para una actividad que maneja recursos mayores. Nos pone la obligatoriedad de notificar operaciones arriba de 100 mil pesos, montos que tampoco corresponden a la industria joyera”.

Agregó: “todos los días tenemos que informar a la Secretaría de Hacienda que no estamos haciendo nada malo”.

Entre sus propuestas planteó exceptuar la identificación y el aviso de clientes. Elevar los umbrales en montos de identificación y aviso; eliminar la obligación de presentar notificaciones y reportes, así como simplificar requisitos de “identificación” de comercio exterior, entre otros.

Por su parte, Enrique Villarreal Salas señaló que los ingresos de la industria joyera cayeron en poco más de mil 200 millones de pesos a partir de la entrada en vigor de la legislación.

Luis Fernando Zarate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo estar convencido de que este tipo de leyes son necesarias para el país, sin embargo, debe ampliarse para combatir al sector informal, desde donde se mueven grandes cantidades de recursos.

“Les pedimos a los legisladores que apoyen al sector establecido y combatan al informal, donde se pueden llegar a manejar recursos del blanqueado de dinero. Hacienda, dijo, detecto cien empresas que no pagaban impuestos y 98 de ellas eran del sector informal”. Aseguró que en la industria de la construcción opera un monto superior a los 2.1 billones de pesos.

También participó José Lázaro Peña Ruiz, corredor público número 36 del Distrito Federal, quien pidió mejorar la ley, ya que existen puertas por las que el crimen organizado puede ingresar para realizar operaciones ilícitas.

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