25-11-2014.-

• Imperdonable incitar a la gente, cuando se conoce a culpables de desaparición de estudiantes: Leobardo Alcalá
• Tras etapa reformista, “México enfrenta hoy inseguridad, miedo e indignación social”: Juan Pablo Adame
• Crisis de Estado y social derivada del hartazgo por presencia de crimen organizado: Miguel Alonso

Durante el desarrollo de la sesión de este martes, los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos en torno a la situación política nacional. En tribuna, los legisladores se refirieron al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, las movilizaciones sociales de apoyo y los actos de violencia.

Al fijar el posicionamiento del Revolucionario Institucional, el diputado Leobardo Alcalá Padilla señaló que es imperdonable mentir cuando los que incitan a la gente a reclamar, saben quiénes son los culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Es imperdonable, subrayó, que protejan a delincuentes y es imperdonable la falta de memoria de algunos. Advirtió que no se debe confundir a la población con “discursos incendiarios”, pues se precisa un debate responsable para encontrar soluciones. “Todos queremos justicia, pero esta se defiende con la razón, no incitando a las masas a delinquir”, añadió.

El legislador instó a generar consensos entre las fracciones parlamentarias y a tener un Congreso de la Unión que genere propuestas permanentemente y, sobre todo, que garantice la paz en el país. Es necesario, recalcó, debatir, pero ajustado a los temas y no a ocurrencias. “No se puede secuestrar creyéndose dueño de la verdad”.

En su turno, el diputado de Acción Nacional, Juan Pablo Adame Alemán, urgió a las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados a aprobar, antes de que termine el 2014, la iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que promueve el partido que representa, pues “seguimos enredados en un Estado donde domina la ineficiencia”.

Destacó que meses atrás, México estaba en una etapa reformista y transformadora, construida desde el Congreso; sin embargo, actualmente “es un país donde la inseguridad, el miedo y la indignación social han salido a relucir en las protestas de las calles, donde se demandan cambios en economía, seguridad y corrupción”.

En consecuencia, se pronunció por dar a esta y a las futuras generaciones la esperanza de que México puede ser mejor, donde sus derechos humanos y políticos serán siempre respetados. “No hay otra oportunidad, la clase política de nuestro país necesita afrontar la crisis con sensibilidad y responsabilidad”, expresó.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, consideró que México vive una profunda crisis social, política y de los derechos humanos, que expresa el malestar ciudadano acumulado por décadas y que es el resultado del hartazgo por la presencia del crimen organizado, por su involucramiento en la política y su penetración en las instituciones, hasta corromperlas.

Vivimos, aseguró, “una crisis de Estado”. Añadió que esa inconformidad social es resultado también del modelo privatizador que ha incrementado la pobreza en el campo y la ciudad, profundizado las desigualdades, deteriorado el bienestar de la gente y cancelada la esperanza de una vida mejor, sobre todo para los más jóvenes.

Destacó que ante esta crisis, la solución no es la regresión autoritaria, sino la construcción de un Estado democrático, social y de derecho. Pidió a la PGR que dé respuesta pronta, veraz y creíble a las demandas de los 43 jóvenes desaparecidos, así como la creación de una Comisión de la Verdad y que las fuerzas armadas abandonen las tareas de seguridad pública.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró que México vive “una crisis sistémica” y que hay un duelo causado por el dolor de los 43 normalistas desaparecidos, lo que a su vez detonó un “Ya Basta. Un malestar social acumulado durante más de una década de desapariciones forzadas, ejecuciones masivas, fosas clandestinas, desplazamientos colectivos y descomposición nacional”.

Indicó que para rescatar al país se requieren transformaciones profundas, entre otras, conformar un nuevo Constituyente para una nueva Constitución que promueva un régimen político parlamentario o semiparlamentario y se reconozcan y amplíen los derechos humanos de última generación.

Habló de otras reformas, como integrar un capítulo especial anticorrupción; se reconozca el poder ciudadano y la democracia participativa directa; restituir la explotación exclusiva de la Nación sobre los recursos del subsuelo. Planteó, mediante iniciativa ciudadana, el reconocimiento constitucional de la revocación de mandato e instaurar un Sistema Nacional Anticorrupción ciudadanizado y autónomo.

Rubén Acosta Montoya (PVEM) hizo un llamado a la civilidad y al diálogo, tanto para los integrantes del Congreso como para los grupos que se aprovechan de las circunstancias que vive el país, y que a través de la violencia, contribuyen al desorden y a la tensión.

Comentó que la magnitud de los problemas que enfrenta el país, exige la unión y coordinación de todos los actores que integran al Estado, pues no es responsabilidad exclusiva del titular del Ejecutivo, como se ha manejado.

El legislador señaló que una sociedad dividida es débil y vulnerable ante cualquier problemática que amenace la paz social y el Estado de Derecho. “Una sociedad unida, que actúa en correspondencia a los valores de la democracia, y que respeta tanto las leyes como a las instituciones, reduce significativamente la posibilidad de ser penetrada por el vicio y la corrupción”.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, afirmó que la política dio un giro trascendental a partir del 26 de septiembre, al levantarse voces contra el silencio acumulado e impuesto por estructuras de gobierno federal, estatales y municipales.

Preguntó “¿qué se necesita para atender a las mujeres y hombres en este país que claman justicia? luego señaló que la crisis del sistema político por la protesta contra la desaparición de 43 estudiantes, tiene repercusión internacional, lo que preocupa al jefe del Ejecutivo.

Asimismo, dijo que es necesario determinar la responsabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de su secretario de Seguridad Pública por la violación de los derechos fundamentales de expresión, manifestación y reunión pacífica de miles de mexicanos que fueron objeto de un violento desalojo del Zócalo de la Ciudad de México el pasado 20 de noviembre.

La diputada María Sanjuana Cerda (NA) reconoció que el momento por el que atraviesa el país es difícil, derivado de la crisis de la representatividad política que se manifiesta en las calles; sin embargo, agregó, de ninguna manera se justifica la violencia que atenta contra la paz y el orden social.

Aseveró que México no requiere víctimas ni héroes, sino responsabilidad y altura de miras para resolver esta situación de emergencia nacional. Asimismo, pidió reconocer que el actual modelo de representatividad política está agotado, mismo que se edificó sobre la base de la corrupción política y la impunidad, lo que ofende y agrede a toda la sociedad.

Es obligación de los legisladores, indicó, rechazar cualquier intento de romper con la institucionalidad democrática y poner en riesgo la seguridad de quienes han manifestado su inconformidad. Hizo un llamado urgente a construir un nuevo pacto social que oriente el rol del Estado para brindar seguridad y bienestar a las y los mexicanos.

--oo0oo--