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Boletín N°. 4708 Comisiones unidas aprueban dictamen para elevar penas y definir conceptos sobre delito de trata de personas
  • Se impone prisión de 10 a 25 años y sanciones económicas de mil a 20 mil días; el ilícito no prescribirá
  • Con las modificaciones, PGR y procuradurías estatales podrán aplicar la ley de manera estricta
  • Ingresos por trata, superiores a los del tráfico de drogas y armas

 

27-11-2014.- Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia aprobaron por unanimidad, en lo general, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Trata de Personas.

 

El dictamen prevé imponer de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días de sanciones económicas a quien para sí o para un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.

 

Las reservas de los diferentes grupos parlamentarios serán discutidas en el Pleno cameral, acordaron los legisladores durante la reunión de trabajo, presidida por los diputados del PRI, Miriam Cárdenas Cantú y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, respectivamente.

 

De acuerdo con el dictamen, el concepto de prescripción no operará en el delito de trata de personas; será una conducta continuamente perseguida cuando sea cometida en contra de menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el hecho o para resistirlo y derive de un ataque sistematizado y generalizado contra la población.

 

Se amplía el espectro de protección, al preverse como bien jurídico tutelado no sólo la libre personalidad, sino ante todo la dignidad humana, un derecho raíz y base de todos los demás.

 

Las comisiones también avalaron modificaciones al dictamen, a propuesta de los legisladores del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, al artículo tercero para que la extracción de órganos sea un delito acumulable al de trata de personas, y que la Ley General se armonice con la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.

 

Acordaron en el artículo 10 eliminar la palabra sometimiento; se aclara que la trata de personas tiene fines de explotación y se precisan todas las modalidades de este delito.

 

En el artículo 84, fracción IV, se especificó la atención de los derechos a la salud sexual y reproductiva; el séptimo transitorio establece que las erogaciones que se generen con la vigencia de esta reforma se cubrirán por el presupuesto aprobado para las dependencias públicas federales correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones.

 

De esta forma, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que consolidan el mandato constitucional para maximizar a una alta expresión los derechos humanos.

 

El Estado condena enérgicamente esta conducta.

 

Por el PRI, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, al manifestar su apoyo, aseguró que “el Estado mexicano condena socialmente este delito como una conducta inaceptable y aberrante”, ya que es la esclavitud moderna que somete a millones de personas y la humanidad resulta agraviada, y es víctima de un fenómeno que lacera las fibras más sensibles de la dignidad.

 

Afirmó que el artículo 10 es el aspecto medular de esta reforma; se reestructuró, a fin de precisar lo que debe entenderse por trata de personas y sus modalidades, para atacar este delito transnacional, en donde los esfuerzos aislados pocos resultados tienen, si no se les combina con una estrategia de mayor prevención, investigación, persecución y sanción.

 

“Se ha cuidado brindar una armonía y coherencia al ordenamiento al establecer una definición y conexión en donde no quepa ninguna duda de que lo realizado respeta la competencia constitucional del Congreso para legislar en la materia”, apuntó.

 

Otro tema central, dijo, es la ratificación de la decisión del Senado de la República para que las víctimas de la trata se vinculen con el fondo previsto en la Ley General de Víctimas vigente, porque prevé recursos asignados directamente por el Presupuesto de Egresos de la Federación, además de contar con el comité especializado para atender de forma diferenciada a la víctimas de acuerdo a la circunstancia que enfrenten, en virtud de que resulta más generoso e idóneo.

 

A nombre del PAN, la diputada Esther Quintana Salinas, al celebrar la aprobación de este dictamen, aseveró que se dan al legislador y al Ministerio Público todos los elementos humanamente posibles para que se haga justicia, y no solamente se castigue, sino que se inhiba a quien se dedique a este delito denigrante e infame, porque vulnera la dignidad, que es lo más íntimo que tienen los seres humanos.

 

Subrayó que es el resultado no del capricho, sino de un estudio y análisis hecho con seriedad y responsabilidad, enriquecido con la experiencia y propuestas de expertos de la sociedad civil en el tema.

 

Sostuvo que “todo el que tenga que ver con este delito ya no se va a lavar las manos como Poncio Pilatos, y quedar libre. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para que en México, quienes se dediquen a la explotación y envilecimiento de personas, ahora sí se topen en pared”.

 

Dijo que se reconstruyó el artículo 10, uno de los preceptos sustantivos del dictamen, al establecer prisión de 10 a 25 años y mil a 20 mil días de sanciones económicas para quien incurra en cualquier modalidad delictiva de esta conducta.

 

El diputado Alejandro Carbajal González (PRD) urgió a atender este delito que se practica a la luz pública y no se hace nada por combatirlo. Un ejemplo es Tenancingo, Tlaxcala, “conocido como la capital mundial de la trata de personas; una red que llega a Nueva York y no hemos hecho absolutamente nada. Estamos con los ojos vendados, no sé si porque no queremos ver o porque hay intereses creados. Hay un silencio muy conveniente”, apuntó.

 

Resaltó el poder económico que tiene la trata de personas por arriba del tráfico de drogas y de armas, y ocupa el tercer lugar en la incidencia de delitos de la delincuencia organizada.

 

Afirmó que este instrumento legal será una herramienta para dar certeza jurídica y atacar frontalmente este ilícito; aunque adolece de muchas cosas, dijo, atiende necesidades reales y da la oportunidad de responder a la exigencia social de actuar en la materia.

 

Llamó a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías estatales a aplicar la ley de forma estricta, para abatir la impunidad, porque “no es la falta de leyes; las tenemos, pero no se aplican. No es suficiente con las buenas intenciones que pudiera ser una ley, necesitamos aplicarla y abatir la gran red de corrupción que sabemos existe, no podemos ser omisos”.

 

Por el PVEM, el diputado Antonio Cuéllar Steffan destacó la importancia de perfeccionar la minuta del Senado de la República para darle certidumbre y perfecta armonía a la Ley General de Trata de Personas, a fin de que los jueces la apliquen estrictamente.

 

“Esta conducta antisocial e indignante que atenta contra la vida de la víctima en manera permanente y forma inhumana y perversa, tenemos que sancionarla con toda severidad”, indicó.

 

Resaltó la cadena delictiva nacional y extranjera del sometimiento de las personas en contra de su voluntad, por lo que con este marco jurídico se da a los impartidores de justicia los elementos de prueba para acusar efectivamente a los responsables y castigarlos.

 

A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez adelantó que su grupo parlamentario presentará reservas en el Pleno. Resaltó la necesidad de incorporar en el artículo tercero la vinculación de la Ley General de Trata de Personas a la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.

 

“Las penas que se imponen son demasiado bajas en algunas modalidades; es preocupante que algunas víctimas no acepten ser testigos y las que lo hacen no reciban una protección integral”, explicó.

 

La diputada del PT, Lorreta Ortíz Ahlf refirió la importancia de vincular el tráfico de órganos con el delito de trata de personas. Destacó la pena corporal de cinco a 15 años a quien rente inmuebles que sean utilizados para perpetrar este delito.

 

Refirió la dificultad de probar el conocimiento previo sobre el uso que se dará a un inmueble y aseguró que se deja en la indefensión a muchas personas de la tercera edad, cuyo único medio para sobrevivir es rentar una vivienda. “Los expone a una situación de indefensión, porque no queda claro que se va arrendar para un delito como la trata de personas”.

 

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