• Vigente, la obligatoriedad de contar con uno para transitar en la red carretera

• Diputados proponen que automotores tengan constancia de verificación mecánica y de contaminantes para circular

03-10- 2014.- El presidente de la Comisión de Transportes, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), informó que en octubre próximo la instancia legislativa sostendrá una reunión de trabajo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), para evaluar los avances en la definición de nuevos seguros para daños a terceros, ya que está en vigor la obligatoriedad de que todos los vehículos que circulen en la red carretera del país cuenten con uno.

Apuntó que las aseguradoras están conscientes de la necesidad de abaratar los costos de las coberturas y hacerlas accesibles a los conductores; inclusive, firmaron un convenio con el gobierno federal, en el cual “se comprometieron a sacar productos innovadores que permitan que esto sea accesible; podrán tener un costo anual de entre 900 a mil pesos”, comentó.

Se trabaja con la AMIS en la normatividad para que las aseguradoras asuman su compromiso, ya que “urge finiquitar los temas pendientes, de aquí a diciembre, en virtud de que la Legislatura está por acabarse”.

Destacó la importancia de que se concienticen los conductores de contratar un seguro de daños a terceros y se consolide la cultura del seguro vehicular, ya que representa una herramienta conveniente para proteger el patrimonio familiar en caso de un accidente.

Por otra parte, la Comisión de Transporte avaló reformas para que todos los vehículos de autotransporte federal de carga, de pasajeros, de turismo y de uso particular que transiten en la red carretera nacional “cumplan con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas”, así como la de emisiones contaminantes.

El diputado Muñoz Márquez explicó que la finalidad de modificar y adicionar tres artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es “cuidar y preservar el medio ambiente” para garantizar que sean unidades que no contaminen y estén en condiciones de circular, sobre todo las que se importen definitivamente.

También, al certificar que las unidades estén en condiciones mecánicas y físicas que eviten accidentes y descomposturas, se logrará la seguridad de los usuarios, de los vehículos, de las carreteras y de las ciudades. “Garantizar que tengan estas condiciones, para que transiten de manera más segura y sustentable”, subrayó.

Afirmó que con estas medidas se abatirá la incidencia en el índice de accidentes. “Definitivamente ayudará, porque muchos percances se deben a los vehículos descompuestos en las carreteras, no se observan y colisionan contra ellos las demás unidades; además, provocan tráfico, generando mayores contaminantes o accidentes”.

El dictamen precisa en el artículo 35 que los vehículos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros dos años a partir de su venta de primera mano. “Al tercer año estarán obligados a su verificación, la que tendrá vigencia de dos años adicionales, a aquél en que la aprueben, siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con las normas oficiales correspondientes”, explicó.

Las unidades usadas estarán obligadas a realizar esta verificación anualmente, a partir del quinto año de su venta de primera mano.

“Todos los vehículos que circulen por caminos y puentes de jurisdicción federal deberán portar las constancias vigentes de sus verificaciones de condiciones físicas y mecánicas, así como de emisiones contaminantes”, subraya el dictamen aprobado.

Muñoz Márquez apuntó que con estas reformas y adiciones se otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) facultades y obligaciones para que la supervisión de las unidades de verificación físicas y mecánicas pueda ser realizada por la dependencia, o bien por terceros, como las armadoras o distribuidoras de vehículos y las demás empresas que cuenten con los elementos técnicos o instituciones académicas que la SCT autorice.

“De manera sencilla, económicamente con mucha competencia, pero sobre todo con mucha transparencia”, destacó.

El dictamen refiere que se sancionará a las unidades por no portar las constancias de aprobación vigentes de las condiciones físicas y mecánicas, así como de emisiones contaminantes, con multa de 50 a 100 días de salario mínimo vigente. En caso de reincidencia, la Secretaría de Gobernación podrá imponer una multa equivalente al doble de esta cuantía.

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