07-10-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, la cual estará vigente hasta el término de la presente Legislatura.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política señala que esta comisión estará conformada con siete integrantes, uno por cada grupo parlamentario, y la presidencia corresponderá al diputado representante del PAN.

Los integrantes son los diputados Manuel Añorve Baños (PRI), José Guillermo Anaya Llamas (PAN), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Lilia Aguilar Gil (PT) y Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza).

La Junta Directiva e integrantes de la Comisión Especial, así como su presidencia, vigencia y demás previsiones que se estimen necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Jucupo, a propuesta de los grupos parlamentarios.

El documento indica que la comisión tomará sus decisiones preferentemente por consenso; de no ser así, lo hará por el sistema de voto ponderado, en el que el legislador o legisladora de cada grupo parlamentario representará tantos votos como integrantes tenga su fracción.

Precisa que para el cumplimiento de su objetivo, esta Comisión Especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes y responsables, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

Los recursos técnicos y financieros para su funcionamiento serán aprobados por el Comité de Administración. La comisión deberá presentar un informe ante la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente.

En tanto, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) se pronunció en favor de que se actúe contra los responsables, “no solo los criminales que actuaron el 26 de septiembre, sino contra las propias autoridades que por su omisión permitieron el empoderamiento de la delincuencia en la región”.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) se manifestó por la creación de la comisión porque hay interrogantes que requieren respuestas claras y contundentes. “Estaremos atentos y vigilantes de que las investigaciones se lleven a cabo con todo profesionalismo y absoluto rigor técnico y jurídico”. Asimismo, urgió a las autoridades a encontrar a quienes aún se encuentran desaparecidos, a fin de salvaguardar su integridad.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) discrepó del nombramiento de Guillermo Anaya (PAN) como presidente de la comisión especial, ya que se busca dar un mensaje de imparcialidad y que las tareas del grupo de trabajo se apeguen a la objetividad, debido a la sensibilidad del tema; por tanto, exhortó a la Mesa Directiva y la Asamblea a asignar el cargo de presidente a otro diputado.

En su participación, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) consideró que los actos recientemente suscitados muestran la grave crisis de inseguridad que vive el país. Subrayó que la comisión especial no puede ser una más, sino un grupo de trabajo que llegue al fondo del problema. Afirmó que el tema de la violencia “sale del discurso oficial y de los medios de comunicación, pero no de la realidad”.

En su participación, el diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) expresó que su fracción parlamentaria condena los hechos de violencia y dijo que la seguridad del país es cuestionable, sobre todo en Guerrero. Pidió que se dé importancia por igual a todos los estados e insistió que debe castigarse a los culpables.

Guillermo Anaya Llamas (PAN) subrayó que los hechos en el estado de Guerrero son condenables, y que si bien no es la única causa que golpea al país, es particularmente dolosa. Aseveró que las autoridades guerrerenses han dejado mucho que desear y reiteró que los normalistas desaparecidos no son un tema político, por lo cual son inaceptables las verdades a medias.

Miriam Cárdenas Cantú (PRI) manifestó que la masacre en Guerrero merece un seguimiento puntual de la Cámara de Diputados. Sostuvo que los mexicanos reclaman sanción a los culpables de un hecho lacerante. Enfatizó que los legisladores están para responder al pueblo, pero debe existir congruencia entre discurso y práctica.

En su turno, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que no es un tema solamente de Guerrero, ya que a principios de este año se contabilizaban más de 400 fosas clandestinas en el país desde el año 2006. Tan sólo en el lapso de marzo de 2011 a abril de 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que se localizaron 198 fosas clandestinas con más de 460 cadáveres. Por ello, consideró que “la responsabilidad es compartida de todos los órdenes de gobierno”.

Del PRD, Uriel Flores Aguayo (PRD) se pronunció por que la comisión dé resultados e informe en lo inmediato de algún avance. “Deberíamos, por lo tanto, de hacernos cargo de eso, y en memoria de estos muchachos y en defensa del país, exigimos justicia para las víctimas de Ayotzinapa”.

De la misma fracción, el diputado Silvano Blanco Deaquino lamentó los hechos ocurridos en Iguala y consideró que esta comisión especial debería tener mayores alcances y hacer propuestas de política a nivel nacional que modifiquen la realidad en México.

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