07-10-2014 La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 395 votos, las reformas a las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal para adecuarlas al marco normativo de las enmiendas constitucional de 2011 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2013, en materia de derechos humanos.

Con esta adecuación, señala el dictamen, las instituciones de seguridad pública se deberán conducir con apego al orden jurídico, respetando y garantizando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

Plantea también que la investigación para la prevención de los delitos deberá ser con base en los principios de legalidad y el respeto a las garantías individuales reconocidas.

La enmienda reemplaza la mención del secretario de Seguridad Pública por la del secretario de Gobernación en dichas leyes, al considerar que la figura del titular de la SSP actualmente es inexistente.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Sonia Rincón Chanona (NA) explicó que nuestro país ha firmado 11 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entre ellos, las cartas de la Organización de los Estados Americanos, la de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José y la Convención de Viena.

Reconoció que pese al progreso legislativo en esta materia, aún persisten las violaciones de forma sistemática, por lo que, dijo, “es necesario que la Policía Federal y demás instituciones encargadas de brindar la seguridad pública, actúen con estricto apego a la legalidad”.

La legisladora enumeró que las principales denuncias en contra de estas instituciones son por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, detención o retención arbitraria.

“Tan sólo en 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 41 mil 662 quejas en torno a dicha problemática. De entre la diversidad de personas que sufren este tipo de violaciones encontramos a los migrantes, quienes son víctimas de abusos verbales y físicos por parte de la policía y demás encargados de migración”, concluyó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada María Elena Cano Ayala (PRI) manifestó que la reforma no es un ejercicio ocioso ni cosa que se le parezca, sino una labor necesaria para dar certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de tales ordenamientos, en este caso, precisó, las instituciones de seguridad pública.

Con ello, agregó, se evitarán interpretaciones confusas que sólo podrían entorpecer la aplicación de las normas. “La actualización será útil en tanto que reflejará la voluntad del Constituyente, en el sentido de ampliar la esfera de prorrogativas, por lo que la votación a favor será una consecuencia del avance de los derechos humanos en nuestro país”.

Elizabeth Oswelia Yañez Robles (PAN) consideró que con esta reforma se busca evitar cualquier confusión en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos por parte de las instituciones de seguridad pública y lograr una plena aplicación de los mismos.

Acción Nacional, dijo, coincide en el sentido de que se debe actualizar el marco normativo para armonizarlo con los cambios constitucionales de 2011 y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2013, para lograr un mejor desempeño de las instituciones de seguridad pública, como corresponde a una nación democrática.

Catalino Duarte Ortuño (PRD) aseveró que esta reforma es muy sencilla en cuanto a la forma; sin embargo, el fondo es verdaderamente importante, porque obliga a los cuerpos policíacos, incluida la Gendarmería Nacional, a respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México forma parte.

Pese a la reforma, dijo, la realidad está muy lejos del texto legal. Las violaciones a los derechos humanos son permanentes por parte de los elementos de las corporaciones policiacas en los tres órdenes de gobierno; se requiere, puntualizó, un cambio en la estrategia de seguridad pública.

Felipe Arturo Camarena García (PVEM) comentó que nuestro sistema de seguridad pública, a raíz de reformas a la Constitución impulsadas en los años 90 y hasta 2008, fue orientado sobre la base del endurecimiento del marco jurídico, la ampliación de las facultades de las policías y de los ministerios públicos.

Sin embargo, agregó, el resultado obtenido fue contrario a lo esperado. “En el México de hoy, las instituciones de seguridad siguen con una serie de prácticas que trastocan los derechos fundamentales. Entre éstas destacan el arraigo y los cateos ilegales; la desaparición forzada de personas; las ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Francisco Coronato Rodríguez (MC) refirió que las omisiones y abusos por parte de las instituciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno son una constante. Citó como ejemplos los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa, derivado de la mala o nula capacitación que reciben los agentes policiales.

Mencionó que en 2014, México recibió 180 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales versan sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública, el aumento constante de los casos de tortura, la violencia contra las mujeres, la presencia del Ejército en las calles y la persistencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Lorena Ortiz Ahlf (PT) planteó que es buena la intención de consagrar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, pero sería mucho mejor dar cursos de preparación y actualización a los integrantes de las corporaciones policiales, a efecto de que conozcan los códigos de conducta y demás protocolos que a nivel internacional existen.

La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dijo, son superiores jerárquicamente a cualquier ley u orden de autoridad, por lo que se deben evitar excesos como en los casos de Ayotzinapa y de Tlatlaya, situaciones en las que no solamente se vulneran derechos humanos, sino que son posibles crímenes de lesa humanidad.

Se manifestaron en pro del dictamen los diputados Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) y Ricardo Mejía Berdeja (MC).

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