08-10-2014.- La representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Isabel Crowley, afirmó que la minuta que busca crear la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes representa un gran avance hacia la universalidad e integralidad de los derechos de ese sector de la población.

Aseguró que el proyecto que envió el Ejecutivo con carácter de preferente al Senado de la República, como cámara de origen, y que la colegisladora remitió el pasado martes 30 de septiembre a la Cámara de Diputados, crea un sistema nacional de protección integral de los menores de edad, lo cual significa un notable avance para México, porque da voz a 40 millones niñas, niños y ciudadanos.

Durante la mesa de trabajo para conocer los avances y perspectivas de dicha ley, organizada por la Comisión de los Derechos de la Niñez, presidida por la diputada Verónica Juárez Piña (PRD), la representante del UNICEF señaló que la iniciativa de ley también prevé la conformación de sistemas estatales y municipales en la materia.

Resaltó la creación de un sistema nacional y local sobre los derechos de la niñez. Actualmente, explicó, “no se cuenta con toda la información sobre la infancia, desagregada por sexo o edad, y este sistema nos va a dar la posibilidad de tenerla�.

Detalló que el proyecto de decreto también propone crear un programa nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de programas estatales en la materia que permitirán la coordinación de estrategias en los sistemas de protección de todos los órganos de gobierno.

A través de esos programas, abundó, se incorporará el enfoque de derechos de la infancia en los correspondientes planes sectoriales y de desarrollo de salud, educación y social.

“Una base sin precedente del proyecto, es la obligatoriedad de realizar una evaluación periódica de las políticas relacionadas con la garantía de los derechos de la infancia, a través de la autoridad nacional de evaluación, de la política de desarrollo social, es decir, el Coneval�, subrayó.

La representante del UNICEF en nuestro país indicó que el proyecto de decreto contempla la creación de la Procuraduría Federal de Protección y las procuradurías estatales en la materia, las cuales darán seguimiento a las medidas establecidas.

“Recorriendo todo el país, veo la labor que hace el sistema del DIF Nacional, y si le estamos dando más atribuciones, también se le tiene que dar más presupuesto�, enfatizó.

En su oportunidad, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, aseguró que la ley crea un sistema nacional de protección integral que presidiría el titular del Ejecutivo federal, y lo integrarían diferentes secretarías de estado, gobernadores y sociedad civil.

En su turno, la representante de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, Maribel Luna Martínez, consideró que el proyecto promueve la igualdad sustantiva y la no discriminación, considerando la perspectiva de género en las diversas condiciones vividas en la infancia y la adolescencia.

Establece la promoción de la educación sexual e integral a fin de contribuir al desarrollo de las competencias que le permitan a ese sector de la población ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

También, dijo, considera acciones para prevenir embarazos tempranos, proporciona asesoría y orientación en materia de sexualidad, tanto a los adolescentes como a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo con pleno respeto al derecho a la intimidad de las y los adolescentes.

Reconoce las libertades de pensamiento, conciencia, religión y cultura de niñas, niños y adolescentes, quienes son protagonistas por primera vez en la historia de su capacidad de decidir sobre estos derechos. Además, incorpora la responsabilidad de las autoridades en la adopción de medidas para la eliminación de prácticas o prejuicios que atenten contra la igualdad de ese sector de la población por razones de género y preferencia sexual.

En tanto, la representante de la organización PRO Yucatán, Marcia Lara, consideró que el inicio temprano de la vida sexual requiere formación, no información. “No podemos desligar el acto sexual de un acto emocional, de un vínculo que debe existir entre dos personas libre y voluntario, cosa que en niños y adolescentes todavía no existe�, destacó.

En tanto, la directora general de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Teresita Gutiérrez Espinoza, afirmó que no existen los derechos sexuales y reproductivos “que pretenden imponérseles a los niños, niñas y adolescentes�, por lo que cuestionó: si éstos no existen, por qué se promueve dicha imposición.

Gutiérrez Espinoza explicó que no se puede atribuir carácter de derecho a una figura inexistente, porque la Carta Magna, al no establecer los “supuestos� derechos sexuales y reproductivos, quedan fuera de toda normatividad. “No existen y no pueden ser reconocidos por ninguna ley secundaria, además de que los supuestos derechos sexuales no son parte de los derechos humanos, porque no cumplen con la exigibilidad�, dijo.

Aseguró que los derechos sexuales y reproductivos surgen de “las ideas de unos cuantos, en reuniones que no obligan a los participantes a cumplir sus acuerdos pues no son vinculantes, no estamos frente a tratados internacionales que obligarían a México y a cualquier país asistente a llevar a sus legislaciones estos temas�.

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