• Contralor general del DF informa que han sido sancionados 33 servidores y ex servidores públicos
• Se han destinado 22 mil 67 mdp a la construcción de la “Línea Dorada”: titular del Proyecto Metro del DF

08-10-2014.- La Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los recursos federales destinados a la Línea 12 del Metro se reunió con el contralor general del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada, y el titular de Proyecto Metro del Distrito Federal, Marco Antonio Ciriaco Arroyo.

El presidente de éste órgano legislativo, diputado Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), expresó que el abuso del poder, la negligencia, el inadecuado manejo de los recursos y cualquier transgresión a los principios del servicio público “son actos cuya expresión, exposición y sanción incumben al Poder Legislativo.

Tras asegurar que “en la Ley todo, fuera de ella nada”, precisó que la intervención de la contraloría general del Distrito Federal “nos alerta sobre asuntos relevantes que están por venir, acerca de los cuales nos mantendremos atentos”.

En el encuentro, diputados del PRI subrayaron que los problemas en la Línea 12 poseen una magnitud social considerable al afectar la movilidad urbana en varias delegaciones, además de que generan una profunda crisis de desconfianza en la ciudadanía.

A su vez, legisladores de Acción Nacional sostuvieron que de no haberse cerrado parcialmente la Línea Dorada, “todos los involucrados en sus fallas hubieran permanecido en la impunidad”. Ante ello, instaron a no emplear “chivos expiatorios” y castigar a los responsables últimos de este asunto.

Por su parte, los diputados del PRD celebraron que se dé a conocer a la opinión publica el número de auditorías al Sistema de Transporte Colectivo (STC); empero, coincidieron en que es más relevante publicar los resultados de estos procesos y las acciones resultantes.

Movimiento Ciudadano subrayó que actualmente se han presentado denuncias por diferentes fallas en las líneas 1, 3, 5, 7 y 8, e incluso, por conductores en estado de ebriedad.

Asimismo, Nueva Alianza consideró que este asunto no debe volverse una “cacería de brujas política”; sin embargo, destacó la importancia de garantizar el restablecimiento del servicio de la Línea 12. El Verde Ecologista requirió conocer de cuánto es la sanción más alta que se ha interpuesto en el caso y qué justificación se asentó para que entrara en funcionamiento la Línea, pese a las fallas existentes.

En su intervención, Almeida Estrada subrayó que las investigaciones sobre irregularidades, anomalías o probables actos de corrupción de la pasada y actual administración de la Ciudad de México sobre la Línea 12 no han concluido, aún faltan otras “auditorías e indagatorias que derivarán en nuevos procedimientos de responsabilidad y aplicación de sanciones”.

Expresó que se realizaron 11 auditorías e investigaciones relativas a la Línea 12 del Metro, de las cuales se han aplicado 54 sanciones a 33 servidores y ex servidores públicos.

De la auditoría 17G, realizada entre los años 2008 a 2013 y que abarca las etapas de ejecución de pago, supervisión, licitación y certificación, precisó, se desprendieron 17 observaciones y generó once sanciones a servidores y ex servidores públicos, de los 33 en total.

Mencionó que adicionalmente a las sanciones impuestas se establecieron posibles responsabilidades penales a 15 personas más, por lo que se dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Hiram Almeida afirmó que, adicionalmente, se están integrando 5 auditorías y 14 investigaciones. La auditoría 5G corresponde a los años 2010, 2013 y 2014 que abarcan las etapas de adjudicación, ejecución, contratación y pago, y tiene como objetivo revisar el cumplimiento de los Contratos de Mantenimiento de Trenes, efectuados en 2010, 2013 y lo que ocurra en 2014.

En su turno Marco Antonio Ciriaco indicó que la obra se entregó con alrededor de tres mil faltantes, los cuales fueron reportados al consorcio constructor ICA-Alstom-Carso. Los montos de penalidades por no haber ejecutado las obras ascienden a un total cuantificable de dos mil 177 millones de pesos, y del faltante hoy quedan pendientes 900.

Al abrir la ronda de cuestionamientos, el diputado del PRI, José Luis Flores Méndez, pidió detallar a profundidad el resultado de las auditorías realizadas al STC, tanto por instancias federales como por las de la Ciudad de México, durante el cargo de Almeida Estrada, y del 2008 al 2012, y si existe algún pendiente al respecto.

Solicitó al titular de Proyecto Metro, Marco Antonio Ciriaco Arroyo, referir el papel de este organismo en las fallas de la Línea 12 y lo que ha hecho al respecto en el tiempo que ha sustentado el cargo.

De la misma fracción parlamentaria, el diputado Leobardo Alcalá Padilla pidió dar a conocer las auditorias o investigaciones que la Contraloría aún tiene pendientes, el tiempo que tomará su resolución y cuáles serán los instrumentos para validarlas. Además, se pronunció por informar de los elementos que influyan en la politización del tema.

Al titular de Proyecto Metro, lo instó a exponer los conceptos que se exigirán al consorcio para efectos de liquidación.

De Acción Nacional, el diputado Fernando Rodríguez Doval solicitó detallar el resultado de la auditoría al STC en relación con el contrato de la empresa CAF, en virtud de la considerable cantidad de dinero invertida para la adquisición de nuevos trenes. Asimismo, cuestionó si existen elementos para procesar penal o administrativamente tanto al actual como al anterior Jefe de Gobierno capitalino, así como al ex director del Metro y su sucesor.

Subrayó que la contraloría capitalina tiene que evaluar a los órganos del GDF, por lo que preguntó si lo había hecho en la Secretaría de Obras y Servicios, el SCT y el Proyecto Metro en 2008, y si se detectaron irregularidades en tales instancias.

A Ciriaco Arroyo requirió explicar en qué términos liquidará Proyecto Metro a las constructoras contratadas y el papel de esta instancia en la adjudicación de contratos para la ampliación de la Línea 12.

De la misma fracción parlamentaria, Jorge Francisco Sotomayor Chávez exigió tener acceso a los expedientes de las auditorias con la finalidad de analizar los resultados. Además, cuestionó si la contraloría del DF asumirá su responsabilidad por haber encubierto los actos de corrupción en la obra de transporte capitalino y qué procedimientos se aplicarán al ex jefe de Finanzas del DF en virtud de su presunta participación en esto.

Recordó que en el presupuesto inicial para la Línea 12, se contemplaron mil millones de pesos para pagar a los afectados por las obras; sin embargo, Proyecto Metro “tiene la idea de que ICA debe pagar, y los vecinos no tienen por qué demandar a esta empresa sino exigir al gobierno la reparación de sus viviendas”, por lo que preguntó si se dará una cita con los afectados para resolver el problema.

En representación del PRD, el diputado José Luis Muñoz Soria pidió al contralor del GDF aclarar lo que hace en torno a las tareas de mantenimiento a las que el consorcio constructor y el STC se comprometieron. Asimismo, explicar las acciones en relación con los trenes adquiridos y la recepción de la obra, y aclarar las recomendaciones emitidas en las cinco auditorias hechas entre 2008 y 2012.

A Ciriaco Arroyo requirió comentar acerca de las irregularidades presentadas ante el órgano de fiscalización; el número de auditorías realizadas a Proyecto Metro durante el desarrollo de la Línea 12, y qué recomendaciones hechas por la fiscalización del DF han sido cumplidas.

El también perredista, diputado Roberto López Suárez, preguntó a ambos comparecientes cuáles fueron los señalamientos que las empresas hicieron a tiempo respecto a la incompatibilidad entre trenes y obra civil de la Línea 12. A Almeida Estrada pidió detallar en qué consistieron las investigaciones hechas por la contraloría, las sanciones aplicadas y el número de funcionarios que aún falta por investigar.

En tanto, a Proyecto Metro pidió información respecto a obras no realizadas por el consorcio ICA-Alstom-Carso, y cómo participa la instancia en la rehabilitación de la obra actualmente suspendida.

Por el PVEM, el diputado Antonio Cuéllar Steffan planteó que con las 33 sanciones administrativas, a qué servidores se han impuesto las más altas y su monto.

Además, preguntó si va haber fincamiento de responsabilidades resarcitorias y patrimoniales para efectos de la reparación del daño que se ha ocasionado y cuál es el grado de avance de la investigación y las auditorías al respecto.

Asimismo, cuestionó cuáles son las medidas que se toman para resguardar y custodiar todo el acervo documental del proyecto de la Línea 12 en relación con las investigaciones.

Por último, recordó que cuando se recibió la obra había una serie de desperfectos, por lo que preguntó al titular de Proyecto Metro, qué fue lo que se asentó como justificación para posibilitar que arrancara el funcionamiento de la línea a pesar de estos faltantes, y quién autorizó la apertura.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) pidió al contralor profundizar sobre las denuncias que diferentes diputados han presentado en contra del titular del Metro de la Ciudad de México, Joel Ortega, respecto a la presunta negligencia en el mantenimiento.

Comentó que recientemente se presentó una denuncia por diferentes fallas que ha habido en los últimos meses en las líneas 1, 3, 5, 7 y 8 e incluso, por conductores en estado de ebriedad. “Vamos a estar al pendiente de que se le dé curso a esas denuncias que son contra la actual administración de la Sistema de Transporte Colectivo Metro”.

Preguntó si debería imputárseles cargos a los servidores públicos que consintieron la entrega definitiva de la Línea 12. “¿Hay algún procedimiento que se encuentre abierto en investigación o responsabilidades; cuál es el sustento que tienen las denuncias penales presentadas por la contraloría en contra de los servidores públicos sancionados, y cuál es el estatus de la mismas?”, cuestionó.

Pidió informes sobre los procedimientos abiertos en contra de los funcionarios actuales del Proyecto Metro y del STC, que a sabiendas de la prescripción no procedieron, y cuál es el número de auditorías o expedientes abiertos en contra de los funcionarios que, de acuerdo con el informe de Systra, cometieron acciones en contra del servicio en la Línea 12, al dejar de dar mantenimiento.

En su oportunidad, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) consideró que esto no se debe volver una “cacería de brujas política”; sin embargo, destacó la importancia de garantizar que este servicio se vuelva a restablecer y que las anomalías no vuelvan a ocurrir, ya que son 450 mil usuarios los que en este momento son afectados por el cierre de la Línea.

Refirió que, de acuerdo con diversas opiniones, el problema que originó las fallas en la operación de la Línea 12 del Metro radica fundamentalmente en la incompatibilidad que existe entre los trenes y las vías instaladas para su operación.

Por ello, expresó su preocupación de que las soluciones planteadas parecen estar encaminadas a insistir en el uso de los trenes que actualmente presentan incompatibilidad con las vías, sin considerar el posible remplazo de los trenes para aquellos que cuenten con las especificaciones de las vías. Preguntó al titular del Proyecto Metro DF, quiénes fueron los responsables de la incompatibilidad.

Asimismo, dijo al contralor qué sanciones se han aplicado a los servidores públicos como resultado de las auditorías realizadas a la Línea 12. Respecto a los recursos federales aplicados al proyecto, ¿la Contraloría General del DF ha recibido alguna notificación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, respecto al uso de esos recursos federales?

Al responder los cuestionamientos de los diputados, Hiram Almeida Estrada comentó que la auditoría 8G corresponde al 2014 y abarca la etapa de mantenimiento y tiene por objetivo comprobar que diversos servicios contratados para el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo se hayan apegado a la normatividad y cumplimiento en todos sus términos y condiciones.

Afirmó que existen 14 investigaciones abiertas que se encuentran en integración, presentadas por asambleístas, diputados federales, la Dirección General del Proyecto Metro, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría Interna en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios del DF.

Detalló que entre los primeros funcionarios sancionados destaca Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director general del Proyecto Metro, quien fue inhabilitado por 20 años para ocupar cargos en la administración pública y se dio vista a la PGJDF por posibles hechos constitutivos de delito.

Otro es Juan Armando Rodríguez Lara, director general de Administración del Proyecto Metro, a quien se le aplicó una sanción económica por 2 mil millones 949.57 pesos. El director de Diseño e Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro, Sotero Díaz Silva, a quien se le inhabita con dos sanciones. También, el director de Obras Inducidas, Kooichi Mario Endo Jiménez y el director de Administración de Contratos, José Pascual Reyes.

El titular de Proyecto Metro del Distrito Federal, Marco Antonio Ciriaco Arroyo, aclaró que este organismo no participó en la licitación y selección del consorcio ni en la suscripción del contrato.

Mencionó que al mes de septiembre de este año, el gasto de inversión que se ha destinado a la construcción de la Línea 12, asciende a 22 mil 67 millones de pesos.

El gasto de inversión que requirió la obra por ejercicio fiscal, dijo, fue de 2 millones para 2007; 850 millones de pesos, en 2008; 6 mil 983 millones para 2009; 6 mil 483 millones, en 2010; 4 mil 462 millones para el 2011; 2 mil 701 millones, en 2012; 523 millones en 2013, y 55 millones de pesos, para este año.

De la inversión total, por 22 mil 67 millones de pesos, precisó que al contrato 022 de construcción del proyecto integral se destinaron 17 mil 523 millones de pesos, que representan el 79.4 por ciento de los recursos.

Además, se canalizaron 4 mil 544 millones a las obras complementarias y servicios adicionales asociadas al proyecto, tales como: servicio de supervisión, de certificación, de apoyo técnico y especializado, construcción de guardería, rellenos y mejoramiento de viabilidad, entre otros.

Mencionó que el Proyecto Metro del Distrito Federal, en el mes de julio presentó ante la Contraloría del General del Distrito Federal dos denuncias de hechos, las cuales podrían ser constitutivas de presuntas irregularidades.

Derivado del decreto de extinción del Proyecto Metro del Distrito Federal, añadió, se ha definido un plan de trabajo, el cual previene actividades de compromisos del contrato 022, por lo que se ha trabajado para considerar la liquidación y finiquito que se celebró con el consorcio ICA-Alstom-Carso, por un monto aproximado de 220 millones de pesos.

Respecto a la ampliación de la Línea 12, subrayó que el Proyecto Metro del Distrito Federal no tiene ninguna participación, dado que “estamos en extinción; esta responsabilidad la tiene la Secretaría de Obras y Servicios del DF”.

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