08-10-2014.- La presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD), sostuvo que la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el campo en el próximo año, “se reduce en términos reales”.

Afirmó que “es injustificado que de un ejercicio fiscal a otro disminuya el presupuesto para los programas agrarios; por lo menos, deberían mantenerse”, dijo. Cuestionó si con este presupuesto se logrará la transformación profunda que el campo necesita y las metas planteadas por el Ejecutivo sobre autosuficiencia alimentaria para el 2018.

Se pronunció por un acuerdo legislativo anteponiendo partidos e ideologías, a fin de diseñar un presupuesto multianual para proyectos específicos. Sólo así se sacará al agro de la postración, aseguró.

El foro “¿Y dónde quedó el sector agrario en las políticas públicas de México? PEF 2015”, organizado por la instancia legislativa, fue inaugurado por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, quien resaltó la obligación de los legisladores por garantizar un presupuesto acorde a las necesidades del sector agrario.

Agregó que es un momento oportuno para evaluar los requerimientos de los campesinos y lograr una “recomposición de la distribución en las diferentes partidas presupuestarias 2015. Será prioritario”, afirmó.

Mota Ocampo demandó un esfuerzo conjunto de los diputados para que, en coordinación con el Ejecutivo y las organizaciones agrarias, definan los recursos en apego a la realidad que viven los productores agrarios, para que lleguen a tiempo, se reduzcan los trámites burocráticos que sólo retrasan el acceso a los mismos y se les apoye de manera transparente.

Refirió que con motivo de la reforma energética, la carga de trabajo de la Procuraduría Agraria se incrementará significativamente porque atenderá a los propietarios de tierras que puedan afectarse con la utilidad pública de sus terrenos y extracción de energéticos, lo cual requiere por lo menos 200 millones de pesos adicionales para enfrentar este reto; no obstante, el aumento es sólo de 40 millones, sostuvo.

Indicó que el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) tiene un presupuesto insuficiente para 2015, con un alza de 23 millones de pesos, y menor en 270 millones al obtenido en 2013.

Resaltó la marginalidad que mantiene la propuesta de gasto para alentar la igualdad de género, cuando la mujer tiene un rol cada vez más protagónico en el sector y la atención a los jóvenes rurales. Señaló que el Programa Especial Concurrente (PEC) resiente una reducción de 6 mil millones de pesos y el área productiva del mismo, suma recursos menores a la inflación.

El diputado del PRD, José Antonio León Mendívil, calificó como grave la disminución de 6 mil 511 millones de pesos para el campo en el proyecto del Presupuesto de Egresos del 2015 en relación a la del presente año, por lo que su grupo parlamentario, dijo, impulsará un aumento de al menos 20 mil millones de pesos.

Sostuvo que la reforma estructural del agro es necesaria para elevar la vida de la población rural, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, además de establecer mecanismos antimonopólicos que regulen los mercados agroalimentarios.

El diputado del PRI, Óscar Bautista Villegas, secretario de la comisión, apuntó que hace falta más presupuesto, por lo que propuso un acuerdo entre diputados para impulsar “una nueva dimensión al presupuesto del gobierno de la República para el campo. Un presupuesto multianual, donde las dependencias tengan el recurso económico para atender la demanda de los ciudadanos”.

Garantizó que la reforma estructural que requiere el campo no ha desaparecido, hay avances con el financiamiento a productores con tasas de un dígito para el área agrícola y pecuaria. Estimó que será en la presente Legislatura cuando “se completará el caudal de todas las reformas que se han realizado, entre ellas la del campo”.

Destacó que las organizaciones campesinas acordaron alentar una nueva forma de hacer las cosas en el sector, que garantice que el dinero llegue a los pequeños productores, dueños de hasta dos hectáreas de tierra. Además darle vitalidad al agro después de doce años en que estuvo abandonado, pero “no lo podemos arreglar inmediatamente, estamos poniendo las bases fundamentales para darle vigencia al campo nacional”.

El diputado del PRI, Juan Manuel Rocha Piedra, aseveró que “ningún legislador sea del partido que sea, se va a oponer a etiquetar más recursos para el campo y enderezar el rumbo perdido con reformas estructurales, porque el dolor de los campesinos es el mismo”.

Sin embargo, advirtió que no es fácil superar los abismos y malos hábitos que prevalecen en el campo. Se comprometió a apoyar junto con su fracción parlamentaria un mejor presupuesto para el agro, ya que es una exigencia que requiere atenderse con toda la seriedad y oportunidad.

Al participar, el diputado Víctor Serralde Martínez (PAN), presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, sostuvo que el tema agrario es prioritario y requiere mayor inversión. Cuestionó “los pobres resultados en la generación de empleo” de programas como el que atiende a los jóvenes rurales y el de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR).

Afirmó que los diputados de los diferentes partidos deben buscar más recursos y romper el esquema de un presupuesto inercial a la baja para el agro nacional. Resaltó que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), encargado de pagar a dueños de tierras rurales que resulten afectadas por el uso y explotación de energéticos en el marco de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, tiene “cero pesos para hacer sus funciones, lo cual es preocupante”, dijo.

La perredista Jazmín de los Ángeles Copete Zapot atribuyó a la falta de planeación la sobreproducción de algunos productos como el azúcar frente al déficit de otros alimentos que se registra.

Urgió a atender a los jóvenes de la ciudad y del campo, ya que carecen de oportunidades. Advirtió que “la opción se la está dando la delincuencia organizada, con lo que el país se está convirtiendo realmente en un Estado fallido, si las cosas siguen como van”, por lo que llamó a asumir cada uno la responsabilidad que le toca, pero sobre todo, los legisladores para reorientar el presupuesto, por el impacto que tiene el paquete económico en la vida de los ciudadanos, precisó.

SEDATU no atiende 82 por ciento de los proyectos por falta de presupuesto

La subsecretaria de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Georgina Trujillo Zentella, refirió la falta de recursos para atender a los ciudadanos, ya que el 81 por ciento de los proyectos recibidos no pueden realizarse por esa causa.

Señaló que el proyecto presupuestal para 2015 registra un alza marginal de 1.2 por ciento en relación al del presente año. Resaltó las acciones para crear agroindustrias manejadas por jóvenes, con lo cual los ingresos familiares han repuntado 23 por ciento, y aunque no es lo ideal, indicó, es un avance que debe fortalecerse para arraigar a la juventud y evitar la migración, en esa medida se garantizará la transición generacional en el campo, apuntó.

Urgió fomentar la agricultura familiar, porque garantiza alimentos para el núcleo y el restante es susceptible de venderse; explicó que este esquema ha funcionado en otros países, por lo que debe consolidarse en México, para ofrecer opciones económicas y productivas viables a los jóvenes y personas adultas mayores.

En su intervención, el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Juan Manuel Verdugo Rosas, advirtió la pérdida de la mística de servir al campo y en lugar de hacer un muro de los lamentos por los retos que se tienen, recomendó arraigar de nuevo el extensionismo integral.

Sugirió que la estructura del Estado sirva para que los recursos se distribuyan con transparencia, con cero burocracia, se actualicen las reglas de operación, se fomente la agricultura familiar, se reconviertan los cultivos y se aproveche el desarrollo tecnológico, mediante las tabletas entregadas a los niños para difundir los requisitos y oportunidades de desarrollo de los programas destinados al campo.

Destacó la importancia de vincular a las universidades con el campo en proyectos realistas que sumen a los productores originarios y aliente en las urbes el cultivo de alimentos, vía la agricultura familiar.

Indicó que el presupuesto para 2015 presenta un aumento del 3 por ciento para Sagarpa, al pasar de 85 a 89 mil millones de pesos. Consideró la conveniencia de que se diseñe “un presupuesto multianual para proyectos específicos y se trabaje de forma transparente”.

En tanto, el titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, comentó que recuperar la confianza de los campesinos es uno de los principales retos de la institución, así como avanzar en la certificación de propiedades, en atender a migrantes, salvaguardar los derechos humanos de campesinos, en particular de la mujer.

Señaló que la intervención de la procuraduría en materia energética en el nuevo marco reglamentario enfrenta el reto de transitar del diagnóstico e información sobre propiedad social susceptible de ser afectada por la explotación y uso de suelo, con lo que se han identificado cerca de 4 mil núcleos agrarios que pueden demandar servicios de asesoría y representación legal.

Así también, coadyuvar en la negociación justa de contraprestaciones relativas a los pagos en materia de propiedad social, presidir asambleas generales de ejidos y comunidades, conciliación y arbitraje en conflictos agrarios y capacitación, para lo cual se requiere mayor presupuesto para 2015, cuya propuesta prevé 992.8 millones de pesos, pero se requieren mil 417 millones de pesos para atender esas nuevas funciones.

El magistrado del Tribunal Unitario Agrario en Toluca, Jorge Gómez Silva, sostuvo que la justicia agraria debe garantizarse a los productores, mediante el fortalecimiento de la Procuraduría Agraria, en virtud de que se vincula directamente con ellos, los asesora y defiende sus intereses en el marco de la reforma energética y las relaciones contractuales que se harán con los empresarios.

En el foro agrario, también participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés); de DICONSA; de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS); de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y de la Universidad Autónoma de Chapingo.

Además, dirigentes del Congreso Agrario Permanente; de la Unión Campesina Democrática; de la Central Campesina Cardenista y de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz.

-- ooOoo –-