09-10-2014.- La Cámara de Diputados exhortó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a establecer un diálogo permanente con los representantes de la Tribu Yaqui, quienes demandan el respeto de su derecho al uso y disfrute de sus tierras y aguas, mediante acciones legítimas fundadas en el derecho a la protesta.

A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica, también le pidió detener toda acción relativa al proyecto de Acueducto Independencia, hasta en tanto no se realice un diálogo, consulta previa, libre e informada, con los pueblos Indígenas yaquis que podrían ser afectados en sus derechos al uso y disfrute de sus tierras y aguas.

Solicitó al Tribunal de Justicia de Sonora realizar procesos apegados a derecho, garantizando el respeto a los derechos humanos de los representantes de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez.

En los posicionamientos, el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) expresó que la construcción del Acueducto Independencia está afectando garantías de terceros, particularmente de la Tribu Yaqui, que también tiene derecho al uso de este recurso.

Mencionó que en Sonora la acción contra Luna y Jiménez obedece a razones de carácter político, toda vez “que han sido los opositores más reacios, activos y combativos en contra de la construcción del Acueducto”. Llamó al gobernador de Sonora a que por la vía del diálogo solucione los conflictos que marcan a la entidad.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampredro (PRD) destacó la importancia de atender el problema de discriminación y criminalización de la protesta social, para exigir el respeto de los derechos de la Tribu Yaqui. Condenó la detención de Mario Luna y Fernando Jiménez, al igual que la persecución de Tomás Rojo, vocero de la comunidad indígena.

Afirmó que lo que sucede es grave ya que vulnera la Constitución, pues la violencia se ha recrudecido en Sonora y se ha utilizado a las instituciones que debieran procurar justicia, en sentido contrario, “encarcelando a gente inocente que lucha sólo por dignificar sus derechos. La discriminación a pueblos indígenas sigue vigente en México”, concluyó.

También del PRD, Carlos de Jesús Alejandro comentó que existe uso indebido del derecho penal en contra de disidentes sociales y líderes de movimientos sociales. Refirió que la detención de los voceros de la Tribu Yaqui atenta contra los principios de libertad.

Expresó que el juez encargado del caso “se conduce con desprecio y desdén hacia los sistemas normativos de los pueblos indígenas”. Subrayó que todas las detenciones a integrantes de la tribu son el resultado de una mala decisión del gobierno.

Faustino Félix Chávez, diputado del PRI, indicó que la Tribu Yaqui es uno de los pueblos más representativos del país; sin embargo, el pasado 11 de septiembre, la policía de Sonora ejecutó una orden de aprehensión contra dos de sus representantes.

Puntualizó que esta detención es de índole político y tiene que ver con la defensa de sus derechos al agua. Se manifestó a favor de que se restablezca el Estado de derecho y se deje de criminalizar “a quienes pensamos y opinamos diferente”.

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