• Estarán obligados los negocios a contar con código de ética que prohíba la discriminación femenina
• Persiste desigualdad pese a que participan más que los hombres en la producción de bienes y servicios
• Aprueba Pleno reformas legales sobre igualdad de género y relativas a adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos

09-10-2014.- Con la finalidad de incentivar la igualdad de género en las actividades empresariales y fortalecer la participación laboral de las mujeres en México, la Cámara de Diputados avaló por 354 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones el dictamen de la minuta que reforma las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Con estas enmiendas, las empresas que sometan sus servicios o productos a procesos de licitación pública podrán obtener una nueva puntuación al comprobar que promueven la inclusión de la mujer y hacen efectivo su desarrollo de forma permanente. La puntuación es asignada por autoridades y organismos facultados para ello, e influye en el grado de experiencia y confiabilidad del licitante.

Además, las enmiendas mandatan a las empresas a elaborar un código de ética que prohíba la discriminación de la mujer y a aplicar sanciones en caso de infringirlo, para poder acceder a los estímulos y certificados de igualdad que otorguen anualmente las autoridades correspondientes.

También estarán obligadas a integrar su plantilla laboral con un 40 por ciento de mujeres, por lo menos, y un 10 por ciento los puestos directivos, además de aplicar procesos igualitarios en la selección de personal, con el propósito de obtener dichos estímulos y certificaciones.

En la fundamentación del dictamen, la diputada Blanca Jiménez Castillo (PAN) advirtió que en nuestro país persiste una profunda desigualdad en cuanto a oportunidades laborales así como importantes niveles de exclusión contra las mujeres.

Destacó que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011 señala que en la producción de bienes y servicios participan 42.9 millones de mujeres (53.5 por ciento) y 37.3 millones de hombres (46.5 por ciento).

Pese a estas cifras, “las mujeres siguen padeciendo desigualdad que se refleja en trabajos de menor jerarquía y bajos salarios, además de que enfrentan acoso, hostigamiento sexual y restricciones de contrato por situación conyugal, entre otros aspectos”, precisó.

Jiménez Castillo sostuvo que la exclusión laboral es una forma de discriminación que no solamente impacta negativamente en el desarrollo de las mujeres, sino que impide a México acercarse a las metas de los Objetivos del Milenio de la ONU, particularmente el que se refiere a promover la igualdad de género y el empoderamiento del sexo femenino.

“Estas enmiendas representan una oportunidad para que los legisladores combatan e influyan en el cambio de comportamiento, incorporando la igualdad en la contratación de personal. Asimismo, se avanzará en la erradicación de las prácticas excluyentes para visibilizar el potencial laboral de las mujeres”, enfatizó.

En la manifestación de posicionamientos, la diputada del Revolucionario Institucional, María de Lourdes Flores Treviño, destacó la importancia de las acciones para la promoción de los derechos económicos de la mujer, como eje principal de una agenda de desarrollo asistencial.

Asimismo, resaltó la importancia de avanzar en la concreción de acciones afirmativas que amplíen la responsabilidad del gobierno de promover la igualdad de oportunidades mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios.

Estas innovaciones “son un signo alentador de que en México estamos actualizando las estadísticas, refrescando el discurso y principalmente actuando para alcanzar objetivos concretos que ataquen el fundamento de la desigualdad, a través de la transformación de la estructura económica, y con ello, evitar efectivamente retrocesos en los derechos de las mujeres, que ya se advierten en diversas partes del mundo”, sostuvo.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del PRD, recordó que en julio de 2012, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW- ONU), manifestó su preocupación al Estado mexicano por las prácticas discriminatorias contra la mujer en el ámbito del empleo, como la exigencia de pruebas de embarazo para obtener uno o mantenerlo.

Aseguró que tres de cada 10 mujeres denuncian haber experimentado violencia en el lugar de trabajo, como acoso o abuso, además de la considerable brecha salarial con los hombres, por lo que celebró estas reformas que “se inscriben en la tónica de las recomendaciones de la CEDAW” hechas a nuestro país, para combatir la problemática.

Por el Verde Ecologista, la legisladora Bárbara Gabriela Romo Fonseca precisó que en la actualidad, las mujeres tienen un alto impacto en la economía, al participar en actividades como la agricultura, la dirección empresarial o las ciencias; empero “seguimos enfrentándonos a comentarios retrógrados que las ubican sólo como encargadas de las labores del hogar”.

No obstante, persiste hoy en día una tendencia a favor de otorgarles un mayor reconocimiento por sus invaluables contribuciones a la sociedad, del mismo modo que hay un consenso sobre la necesidad de ampliar los derechos a los que tienen acceso, al tiempo de garantizar que sean verdaderamente respetados.

En su turno en tribuna, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) sostuvo que, históricamente, ser mujer es sido sinónimo de disparidad, segregación y discriminación en diferentes ámbitos. “La igualdad está sólo en los documentos, la realidad de la mujer es otra”, hecho que ha propiciado actos reprobables, como los del líder del PRI en el DF, denunciados a mediados de este año por medios de comunicación.

Ante ello, reiteró la disposición de su fracción parlamentaria para que haya una igualdad de género en todas las circunstancias y en todos los ámbitos, y se reduzca la vulnerabilidad de este sector de la población.

De la fracción parlamentaria del PT, la diputada María del Carmen Martínez Santillán consideró que la igualdad es un tema de educación no de leyes, aunque reformarlas es un buen comienzo “para vislumbrar un verdadero cambio del paradigma social, económico y laboral”.

Subrayó que la iniciativa aprobada reafirma el compromiso del Poder Legislativo para aterrizar los derechos constitucionales de igualdad e inclusión de las mujeres en el ámbito laboral. Aunque es un “paliativo al problema de fondo, la cultura del mexicano, se reconoce la noble intención de generar condiciones que nos lleven a cambiar la forma de pensar”.

Por Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas opinó que estas reformas constituyen una herramienta más para favorecer el acceso a las mujeres al mercado laboral en condiciones dignas y permiten avanzar a la igualdad sustantiva, que sigue siendo de necesaria adopción.

Coincidió en que la exclusión laboral sigue reflejándose en prácticas cotidianas de discriminación, acceso a oportunidades, de control y uso de los recursos, lo que impide garantizar el bienestar y el desarrollo humano de las mujeres y sus familias.

También a favor del dictamen se pronunciaron los diputados Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), quienes coincidieron en que el enfoque de igualdad de género no debe darse sólo en el rubro político, como se estableció en la reforma en la materia, ya que también se deben atender los temas económicos y sociales en pro de las mujeres.

El dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fue turnado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

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