09-10-2014 La Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes de los ríos Sonora y Bacanuchi, se reunió con Alfonso Navarrete Prida, coordinador de la Comisión del Ejecutivo federal para el río Sonora.

En su exposición, el también secretario del Trabajo y Previsión Social refirió que la contaminación en los ríos de Sonora es uno de los más graves desastres causados por una empresa que tiene responsabilidad de diversa naturaleza y, por lo tanto, debe subordinarse a la ley vigente.

“La verdad es que ni en pesadilla pensaría que Germán Larrea pueda ser el Robín Hood de Sonora. Lo veo como un empresario mexicano que, independientemente de lo que represente económicamente, junto con el grupo de inversionistas o de socios que lo acompañan, tiene la obligación de subordinarse a la ley existente�.

Afirmó que la autoridad federal ha actuado con firmeza frente a los responsables, pero para facilitar las soluciones que más convengan a la comunidad, ha abierto canales de diálogo y entendimiento.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI) señaló que el Grupo México es una empresa “socialmente irresponsable� porque no enfrentó a tiempo esta contingencia y, además, continúa con derrames adicionales. Por ello, consideró que el fideicomiso debe hacerse cargo de los daños, perjuicios y consecuencias que se originaron.

Asimismo, destacó la importancia de invertir recursos en la rehabilitación de las carreteras en el río Sonora y en la tecnificación de los riegos en la zona, así como considerar un esquema de estímulo fiscal para la gente afectada y promover la afluencia del turismo y la venta de los productos.

Por el PAN, el diputado José Enrique Reina Lizárraga pidió conocer los resultados de la alerta que emitió Protección Civil cuando se dio la contaminación del río San Pedro. Además, atender la repercusión que tienen los polvos en la salud del pueblo de Canenea.

Resaltó la importancia de atender el programa de desarrollo regional para tener mayor derrama económica en la región y solicitó que la Secretaría de Turismo se involucre para recobrar la importancia del río Sonora.

Por su parte, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) señaló que la riqueza que ese grupo empresarial hoy ostenta, la cual se calcula es la segunda más grande del país, se ha consolidado “al amparo de las privatizaciones de los recursos naturales de nuestro país�.

Por tanto, consideró que “hoy se está ante la oportunidad de reivindicar todos esos vacíos que se han dejado a respecto a Grupo México�. Asimismo, estimó indispensable atender el tema de cancelar la concesión para sentar un precedente.

Cuestionó qué autoridades son las facultadas y responsables de atender la supervisión y la prevención de la situación que enfrenta el río Sonora. Además, cuál es el método de remediación ambiental que se está planteando para esta región.

Asimismo, si ya se tiene determinado el monto del daño ambiental. “Sabemos que estos 2 mil millones de pesos son apenas el piso y queremos entenderlo así, para la atención de esta problemática, y por supuesto, está el tema del daño económico a la región.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) mencionó que a más de dos meses del derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, esta tragedia ambiental, humana y económica ha sido el peor siniestro ecológico del país; en ese sentido, inquirió quién es el responsable de hacer el programa de remediación.

Cuestionó sobre la valoración del daño ambiental, de las pérdidas económicas, del daño a la salud humana y los riesgos futuros, así como el criterio para realizar las indemnizaciones a los habitantes afectados. También, del avance en las investigaciones para deslindar y fincar las responsabilidades conducentes, para que la autoridad competente ejerza todo el peso de la ley imponiendo sanciones ejemplares.

Francisco Alfonso Durazo Montaño, diputado de Movimiento Ciudadano, denunció que Grupo México tiene una especie de “bula sexenal-presidencial� ya que “paga con apoyos y participaciones a las campañas�. Además, dijo, ocultó y falseó información, por lo que “hay que revisar su responsabilidad para pasarla de un carácter culposo a uno doloso�.

Expuso que de diez impactos ambientales, la empresa no cumple con ocho. Planteó al gobierno federal no aceptar o decretar el fin de la contingencia, porque dañaría a la población. Recordó que la comisión especial propuso un Programa de Desarrollo Regional en la zona, por 5 mil millones de pesos y con recursos de la mina, y se manifestó por no usar el tema como bandera política.

Del PT, la legisladora Lilia Aguilar Gil sostuvo que se está frente a una empresa que no solamente explota a sus trabajadores sino los enferma. En ese sentido, preguntó qué está pasando con la aplicación de la ley, por qué no se han suspendido actividades y ni se ha considerado la remoción de la concesión.

Indicó que se rompieron 30 leyes y casi 40 normas ecológicas. Agregó que no se tiene un diagnóstico económico de los daños, principalmente, a “productores y pequeños comerciantes�. Cuestionó cómo se determina la remediación de los daños y cuál es el nivel de riqueza que se necesita para no ser sancionado, “porque parece que la ley no es para todos�.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) expresó que el daño a la salud, al medio ambiente y a la economía de los municipios afectados es incuantificable. Inquirió cómo se está garantizando el suministro de agua para consumo humano, para riego y para actividades productivas, y cuáles han sido los resultados del monitoreo de los 40 pozos de Hermosillo.

Se pronunció por conocer por qué se decidió apoyar primero al sector agropecuario, y no así a los demás sectores productivos o de servicio a la región; qué acciones debe adoptar el Legislativo, y en su caso, qué adecuaciones normativas se requieren para asegurar que esto no volverá a pasar.

En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, Alfonso Navarrete Prida destacó que la instrucción del Presidente de la República fue dejar a un lado las opiniones políticas y trabajar en la tragedia ambiental de Sonora, sin colores, sin ideologías, con apoyo técnico y en el marco estricto de nuestro sistema de leyes.

Dijo que se logró acordar con Grupo México el establecimiento del Fideicomiso Río Sonora, que se constituyó con 2 mil millones de pesos aportados por empresas subsidiarias y aclaró que es un solo un piso “y si se requiere más aportación de los fideicomitentes, pues van a tener que aportar más los fideicomitentes�.

También informó que la Cofepris entregó a los organismos operadores de agua de los siete municipios afectados, los resultados de la calidad del agua de 22 pozos aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi, y al estar dentro de la norma, en breve podrán operar nuevamente.

Reconoció que el suministro de agua ha sido complicado, ya que la mayoría de las casas no cuentan con depósitos, por lo que para solucionar en han definitiva este problema se les está dotando de tinacos. “Al momento se entregado 901 y se espera instalar hasta en 7 mil 868 viviendas�.

Por otra parte, abundó, la gran mayoría de los habitantes de la zona del río no han sufrido daños a su salud. Solamente se han detectado afectaciones en 24 personas, y todas han recibido atención médica; 19 de ellas ya han recibido pagos por compensación de daños.

Añadió que para seguir atendiendo a los pobladores, particularmente a los niños y adultos mayores, se establecerá una comisión para dar seguimiento epidemiológico por un plazo de cinco o 10 años.

Mencionó que para auxiliar a los productores agrícolas y pecuarios afectados, se han brindado apoyos económicos a 2 mil 404 de ellos y se cuenta con un listado adicional de mil 500 que está siendo validado por los presidentes municipales, adicionalmente de que se evalúa la calidad del suelo y la sanidad animal.

También están en proceso de validación para recibir compensaciones los comercios, empresas y prestadores de servicios, como consecuencia de la caída en sus ventas.

A su vez, dijo, la Sedesol, ofrecerá empleo temporal a 2 mil 401 personas para labores de limpieza y desazolve de canales de riego; mil 202 jefes de familia para realizar labores de limpieza de áreas públicas, y 3 mil 110 habitantes que serán incorporadas al Programa de Pensión para Adultos Mayores.

Una preocupación de las comunidades, señaló, es el pago del suministro de energía eléctrica. La CFE se ha comprometido a no realizar corte alguno tanto a casas como a instituciones o instancias públicas de los municipios.

Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, indicó que el fideicomiso fue creado con la aportación de 500 millones de pesos otorgados por el grupo minero. Explicó que estos tan sólo se gasten hasta un monto por 450, se renovarán hasta por un monto de 2 mil millones de pesos.

En este sentido, subrayó que esta cantidad es base de un resarcimiento al daño, pero si es necesario la aportación de más recursos estos serán destinados con la finalidad de continuar labores de remediación, hasta que se solucione el problema y se vuelva al estado original en que se encontraba el río Sonora.

Detalló que la mina prepara un programa de remediación, pero mientras tanto se implementan acciones inmediatas de atención emergente a la población, con base en el conocimiento detallado del daño específico a la salud humana y al medio ambiente cuando éstos estén claramente documentados.

Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dijo que el impacto ambiental en términos económicos asciende a mil 870 millones de pesos, sin tomar en cuenta el programa de remediación; esto, de acuerdo con los dictámenes analizados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Puntualizó que estos dictámenes han servido en la investigación de la PGR, pues certifican que hay una responsabilidad objetiva por el uso inadecuado de sustancias peligrosas, e incluso más por la falta de supervisión y el dolo con que se condujo la empresa.

“El fideicomiso no se va a extinguir evidentemente hasta que no se termine de pagar el último daño a las personas y habiendo reparado y vuelto al estado en que se encontraba la zona antes del 6 de agosto�, enfatizó, Haro Bélchez.

Afirmó que esta mina ha tenido siete inspecciones en los últimos tres años, es decir, cada seis meses fue revisada. Especificó que estas revisiones han permitido iniciar cuatro procedimientos, por los cuales se aplicará en cada caso una multa de tres millones de pesos, independientemente la cantidad que deberá pagar como reparación del daño por lo ocurrido en el Río Sonora.

Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa, dijo que la crisis propiciada por este evento permitirá presentar un programa que impulse la productividad en esa región, basado en la renovación de la infraestructura, equipo de riego tecnificado y del hato ganadero, que impulse la producción de leche y carne de bovino.

Finalmente, Mario Alfonso Cantú Suárez, coordinador general de Minería de la Secretaría de Economía, sostuvo que se trabaja en la compensación, en una primera etapa, para 675 comerciantes, 361 industriales y 390 prestadores de servicios, para llegar a un total de mil 426 unidades económicas.

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