• Si son mayores de 35 años, enfrentan serios problemas para obtener un empleo o reincorporarse al trabajo: Nava Gómez

14-10-2014.- El diputado José Everardo Nava Gómez (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que el Servicio Nacional de Empleo diseñe, conduzca y evalué programas específicos para generar oportunidades de empleo a los adultos y garantice su inclusión al mercado laboral.

También propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial, creen y ejecuten políticas públicas y programas para generar posibilidades de empleo que garanticen la incorporación de los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable al mundo del trabajo.

Indicó que millones de mexicanos profesionistas, técnicos y obreros, hombres y mujeres mayores de 35 años, enfrentan serios problemas para obtener un empleo o reincorporarse al mercado laboral, por lo que “la edad se ha convertido en un obstáculo”.

De acuerdo con la Asociación para la No Discriminación Laboral por Edad o Género, A. C., el 90 por ciento de las ofertas que se realizan en el país excluyen a las personas mayores de 35 años, mientras que del 10 por ciento de las ofertas que sí las consideran, sólo el 2.7 son empleos reales y formales.

Nava Gómez mencionó que México envejece a pasos agigantados, pues la población que rebase los 36 años de edad en los próximos 11 años representará el 60 por ciento de la ciudadanía total; por ello, continuó, “es urgente generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro de México, a la par de lograr el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos”. La iniciativa se mandó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Figura de obstrucción empresarial

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se remitió una iniciativa del diputado José Arturo Salinas Garza (PAN) que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para incluir la figura de “obstrucción empresarial” y sancionar a los servidores públicos que impidan el establecimiento y operación de empresas o la formulación de quejas.

Salinas Garza detalló que con esta reforma se faculta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para solicitar a las dependencias competentes fincar sanciones administrativas a los servidores públicos que obstruyan el establecimiento y operación de empresas de los cuales tenga conocimiento, mediante el procedimiento que marque el reglamento respectivo.

Derecho a la alimentación adecuada

Con el propósito de establecer las bases para garantizar el acceso, disfrute y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, sus prerrogativas y propiciar la autosuficiencia, seguridad y soberanía alimentaria, la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) presentó la iniciativa que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada.

Bautista Cuevas expuso que en ningún caso se podrá condicionar el suministro de alimentos con el propósito de orientar el voto de los electores a favor de un candidato o partido político. Agregó que en México casi 28 millones de personas carecían de acceso a alimentación adecuada en 2012. Fue canalizada a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Desarrollo Social, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Asuntos Alimentarios.

Sancionar a quien condicione certificado de nacimiento

El diputado del Partido Verde, David Pérez Tejada Padilla, planteó reformas a los artículos 55 del Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal, para sancionar a quienes condicionen la entrega del certificado de nacimiento o de cualquier otro documento que posibilite el trámite del acta de un recién nacido, a cambio del pago de un servicio otorgado.

Pérez Tejada sostuvo que en la actualidad, es inadmisible negarle el derecho a la identidad a un menor, toda vez que se vulnera el acceso a los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano. Se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Exhaustividad, congruencia y equidad en convenios agrarios

Fue enviada a la Comisión de Reforma Agraria, una iniciativa de la diputada María del Carmen Martínez Santillán (PT), que modifica el artículo 185 de la Ley Agraria, a efecto de expresar la obligación de la autoridad agraria de que en los convenios, previo a su calificación, se analice si cumple con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, con la finalidad de que no se vulneren derechos y garantías de las partes.

Martínez Santillán expuso que actualmente la ley no contempla estos principios, por lo que se han suscitado diversos problemas legales en los que el convenio celebrado por las partes no incluyó todos los puntos litigiosos, ya fuese como acción o excepción, lo que en el momento de la ejecución viola los derechos y garantías constitucionales de los sujetos agrarios, siendo imposible la reparación.

Mantenimiento de vivienda

De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila propuso reformas a los artículos 42, 51 Bis 6 y 64 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de responsabilizar al otorgante del crédito del saneamiento de las fallas estructurales o vicios ocultos que la vivienda pudiera presentar en toda su vida útil.

Monreal Ávila subrayó que mala calidad y deficientes materiales de construcción son la constante en los conjuntos habitacionales, y se calcula que en el país más de 4 millones 500 mil mexicanos viven en casas construidas con materiales deteriorados o de desecho, paredes y techos de lámina, cartón o carrizo. Se mandó a la Comisión de Vivienda.

Participación de pueblos indígenas en gestión del agua

Para asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión del agua en México, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) presentó reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pues en los recursos hídricos se excluye a las poblaciones nativas, privilegiando a los grandes usuarios, principalmente donde el uso es urbano, industrial y energético.

Fujiwara Montelongo precisó que en fechas recientes se tiene el caso del pueblo Yaqui, quien ya interpuso denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, que desviará hacia Hermosillo el agua del río Yaqui, “de donde se abastece ancestralmente la tribu”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Régimen simplificado para despachos vía la pesca

El diputado Alfonso Inzunza Montoya (PRI) propuso reformas a los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para establecer un régimen simplificado para los despachos vía la pesca a las embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.

Se busca que los beneficios del régimen simplificado preceptuados para las embarcaciones menores en cuanto a permisos de salida y arribo, sean extensivos también para los despachos que se otorgan vía la pesca. Se remitió a las comisiones unidas de Marina y de Transportes.

Fortalecer educación a distancia con tecnologías

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se canalizó una iniciativa de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (PRI), que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a fin de fortalecer la educación a distancia con las herramientas tecnológicas y así combatir el rezago educativo en México.

Para ello, se debe contar con el apoyo de instrumentos que faciliten la educación a distancia, tales como Internet, equipos informáticos y programas, los cuales permitirán el intercambio de información y conocimiento de forma rápida y sencilla

Desarrollo de la acuacultura

Con el propósito de alentar la sustentabilidad y el desarrollo de la acuacultura, el diputado Alfonso Inzunza Montoya (PRI) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, y así otorgarle reconocimiento como un sector que aporta bienes de consumo directo a la seguridad alimenticia.

El documento enviado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, busca homologar el uso del agua dulce para la actividad acuícola, con el uso del agua para las actividades primarias, así como otorgar a los acuacultores un marco jurídico que los ubique en el sector económico primario, brindándoles mejores oportunidades para regularizar su situación legal en el uso del agua e incorporando a la acuacultura a relaciones comerciales de carácter formal.

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