22-10-2014.- La Cámara de Diputados aprobó, con 351 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, reformas a la Ley de Migración para imponer de ocho a 16 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo, a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer cualquier actividad delictiva.

Las reformas, que adicionan un artículo 159 Bis y modifican el 160, también establecen que se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros, de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Amalia García Medina (PRD), presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, señaló que en México los migrantes viven una situación de riesgo extremadamente grave, por lo que se requiere poner el acento no sólo en medidas preventivas, sino también sancionar y castigar ese riesgo que viven estas miles de personas.

Subrayó que en el caso de los migrantes indocumentados se dan dos fenómenos: el del tráfico y la trata de personas. Enfatizó que en muchas ocasiones son acosados por las bandas del crimen organizado para incorporarlos “en esta moderna y brutal esclavitud que es la trata de personas, tanto para utilización sexual como laboral”. Por ello, dijo, es indispensable y fundamental tomar medidas para protegerlos.

En su turno, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) refirió que se estima que los traficantes y polleros logran ganancias de más de siete mil millones de dólares anuales por el trasiego de indocumentados en territorio mexicano y a éstos no se les brinda ninguna garantía a su seguridad en el trayecto.

Mencionó que se han detectado casos en donde criminales llegan a los albergues para migrantes y se hacen pasar por uno de ellos con la finalidad de secuestrarlos para ser utilizados en actividades delictivas. Por ello, se pronunció a favor de la reforma, ya que se pretende que las autoridades lleven a cabo acciones tendientes a salvaguardar sus derechos humanos e impedir que sean víctimas del crimen organizado.

Por su parte, la diputada Loretta Ortíz Ahlf (PT) comentó que el crimen organizado realiza cuatro actividades que son el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de migrantes. Se congratuló de llevar a cabo esta reforma.

Mencionó que el dictamen también tiene el objetivo de aplicar un tratado internacional que hace tiempo celebró México, que es el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que se adoptó en Nueva York el 15 de noviembre del año 2000.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) expresó su apoyo a las modificaciones legales; sin embargo, consideró que se pueden reformar todas las leyes, “pero hacerlas cumplir es lo que hace realmente hace falta”.

“Vemos día a día que la delincuencia organizada realiza actos de violencia en contra de los mexicanos y no tan sólo obligan a los extranjeros, sino a millones de jóvenes también, a pertenecer a la mafia del crimen organizado, prometiéndoles una mejor calidad de vida, lo cual sabemos que no es cierto”, dijo.

Hizo un llamado a las autoridades federales a realizar una estrategia efectiva para combatirla y garantizar a los extranjeros una estancia segura.

Por el PVEM, el legislador Rubén Acosta Montoya indicó que de acuerdo con cifras oficiales, 150 mil migrantes de origen centroamericano transitan por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil estiman que son más de 400 mil. “Desgraciadamente, miles han sido víctimas de crímenes, como robo, extorsión, tráfico de personas e incluso secuestro, además de violaciones y asesinatos”.

Enfatizó que esta situación es inaceptable “en un Estado de derecho como el nuestro”, por lo cual consideró que suma importancia incorporar como delito, en materia migratoria, la explotación y sometimiento de personas nacionales o extranjeras por parte de la delincuencia organizada.

El diputado perredista, Roberto López Rosado, consideró que es necesario garantizar los mecanismos de protección en materia de control de flujos migratorios, así como los de salud pública, seguridad, integridad y de la vida de los migrantes en territorio mexicano.

Por ese motivo, se pronunció a favor del dictamen, ya que busca proteger la integridad y la vida de los indocumentados y con ello, dijo, “luchar por los derechos de nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras”.

Del PAN, el diputado Isaías Cortés Berumen señaló que, en México, cada año cruzan por toda la república aproximadamente 400 mil migrantes, de los cuales al menos 200 mil son explotados con fines de lucro por la delincuencia organizada y el número va en aumento.

Por ello, dijo, se requiere reforzar su protección en contra de la delincuencia organizada, así como la lucha en contra de los delitos de tráfico humano en sus distintas modalidades. Resaltó que en la reforma se reconoce la situación de México, no sólo como un país de tránsito, sino también como un destino de migrantes; por lo tanto, dijo, es de gran urgencia contar con un marco normativo que garantice la salvaguarda de los derechos humanos.

El diputado del PRI, Adán David Ruíz Gutiérrez, afirmó que los migrantes internacionales que llegan a transitar por México sin documentación, provienen en un 95 por ciento de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, principalmente.

Destacó que “no podemos permitir que en un país como México, ocurran hechos de esta magnitud y que los derechos de las y los migrantes sean vulnerados”. Consideró que es necesario buscar un cambio profundo para superar las condiciones que permiten el surgimiento de la violencia y evitar la violación de los derechos de los migrantes.

Durante la discusión, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC), si bien se manifestó a favor del dictamen, aclaró que esta reforma no va a solucionar el problema de la delincuencia ni el que los migrantes sean explotados y obligados a cometer ciertos delitos al cruzar el país. Primero, dijo, se tendría que atrapar y sancionar al integrante mexicano de la delincuencia organizada.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) también coincidió en que no se va a resolver el fondo de la problemática con sólo establecer tipos penales, “con los que aparentemente podrá darse freno o combatir estos graves flagelos”. Resaltó que se requiere un tratamiento integral, no sólo a este tipo de delitos, sino para todo el contenido de trata de personas.

Las reformas fueron enviadas al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana jueves 23 de octubre, a las 11:00 horas.

-- ooOoo --