• Deroga dos normas que se “quedan cortas” y dictan “tímidamente” medidas ambientalistas: Ortiz Mantilla
• Asume la creación de mercados de energías limpias y bonos de carbono, destaca la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• De aprobarse, afirma, sería “un instrumento indispensable para el éxito de la reforma energética”

26-10-2014 La diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) promueve una iniciativa para expedir la Ley de Transición Energética (LTE), reglamentaria de los artículos 25 Constitucional y Transitorio 17 del Decreto de Reforma Energética, que mandata velar por la sustentabilidad, las energías limpias y el control de emisiones contaminantes en actividades empresariales e industriales.

Esta norma, precisa la diputada por el estado de Puebla, deroga las leyes de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), y para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) que, junto a otros ordenamientos y políticas públicas, se “quedan cortas” y dictan “de manera tímida y abstracta” medidas ambientalistas.

Su propuesta, aclara la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “no significa la irrupción de mandatos radicales que vengan a sacrificar el crecimiento económico de México, ni introduce conceptos diferentes a los ya estipulados. Recoge lo principal de las dos leyes que deroga y lo transforma en ordenamientos claros que satisfacen los requerimientos de la reforma”.

Con el ordenamiento, destaca Ortiz Mantilla, se plantea la meta de instalar techos solares en 500 mil hogares y pequeños negocios a lo largo y ancho del país para el 2024. “No serán pagados por el Estado, sino por los propios ciudadanos; únicamente se requieren estímulos fiscales de muy pocas consecuencias para el erario y facilidades de financiamiento”, acota.

Asimismo, se busca incrementar la eficiencia energética en la producción y uso de electricidad en un 20 por ciento para el año 2030, en el sentido de “dar pasos firmes”. Asegura que “los ahorros para los hogares y empresas superan con creces las inversiones que pudieran hacer los ciudadanos y los negocios en aparatos ahorradores”.

Por otra parte, la iniciativa agrega una novedad en el país: los mercados de energías limpias y de bonos de carbono, cuya creación “ya se vislumbra como una necesidad”. Aunque esto se mandata en la Ley General de Cambio Climático, subraya la diputada, “todavía no se han dado los pasos necesarios para crearlo, algo que asumirá la Ley” que propone.

“El mercado de certificados de energías limpias es un complemento fundamental a las metas-país en esta materia y sirve para fortalecer el mercado eléctrico en general y facilitar el cumplimiento de los cometidos de la reforma energética”, añade.

Ortiz Mantilla aclara que no se crean organismos adicionales a los ya mandatados en la propia reforma, sólo se modifican los actuales y, aprovechando sus capacidades, se les dota de tareas adicionales para volverlas más efectivas.

En materia económica, continúa, la LTE sólo propone la creación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, adicional a los ya existentes, que posee un carácter envolvente porque no contempla donaciones a fondo perdido, por lo que “no implica un sacrificio presupuestario”.

En el caso de las inversiones públicas, no adiciona nuevas cargas a las ya requeridas por el propio crecimiento de la demanda energética del país, agrega la legisladora.

Precisa que con lo dispuesto en la LTE, los inversionistas que han participado en proyectos públicos con la Comisión Federal de Electricidad, seguirán participando para sustituir plantas altamente contaminantes por otras a gas, modernas y eficientes.

Desde este punto de vista, “las inversiones en gasoductos que se están haciendo en estos momentos y el aprovechamiento que se quiere hacer del gas de lutita, serán ciertamente útiles con estos fines”, subraya.

Para la red de transmisión, la Ley de Transición Energética mandata que las zonas con alto potencial de energías renovables sean dotadas con una red suficiente para desahogar las energías limpias que en ellas se vayan a producir.

“Esto pareciera un sacrificio presupuestario de largo plazo; sin embargo, no es así. En efecto, el crecimiento de la red será una inversión recuperable para el Estado, ya que el propio mercado eléctrico se encargará de amortizar su costo pagando la tarifa de porteo o transportación correspondiente”, aclara.

Ortiz Mantilla afirma que las disposiciones de la LTE tendrán frutos importantes, como la generación de empleos, el crecimiento del PIB, la creación de nuevas empresas, una mayor recaudación fiscal y mejores niveles de bienestar para los ciudadanos del país.

Asimismo, considera que es una propuesta progresista que se suma al desarrollo económico del país, aportando ingredientes muy valiosos de beneficios para la salud pública, el medio ambiente, el sistema climático y el bienestar social.

“Se puede decir que la aprobación de la LTE constituirá uno de los parteaguas del México del siglo XXI, como lo está siendo en los lugares que se han atrevido a sumarse a la transición energética. La norma, en las condiciones que se proponen, es un instrumento indispensable para el éxito de la reforma energética”, concluye.

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