• Propuso construir una estrategia nacional para el manejo sustentable de las tierras

• Necesario un esquema de políticas públicas para que Sagarpa y Semarnat atiendan la degradación del suelo: López Moreno

El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró “un foco rojo” el que 94 millones de hectáreas del campo en el país estén dañadas y exista deforestación en una superficie de 200 mil hectáreas por año, por lo que propuso construir una estrategia nacional para el manejo sustentable de las tierras.

Durante la inauguración del foro “Degradación de las tierras en México”, el diputado lamentó que exista “una cifra muy alta de las tierras de riego ya inservibles”, lo que se traduce en una pérdida de valor económico de alrededor del siete por ciento del Producto Interno Bruto.

Explicó que estos son solamente algunos elementos que prueban que la degradación de las tierras es un problema muy fuerte, que no se debe tratar como un asunto marginal, sino atender como prioritario.

Consideró que se deberían armonizar los 17 instrumentos jurídicos relacionados con el tema para tener un impacto positivo y lo que ya está en la ley y que no se ha podido instrumentar, hacer lo necesario para que sea de inmediato.

“En su tiempo dijimos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable era la más avanzada de las que se conocían en el mundo, pero la mejor ley del mundo si no se instrumenta y si no aplicamos toda la fuerza para que se cumpla y cumplirla, no nos va a servir de mucho”, indicó.

Refirió que la desertificación es tan importante que fue uno de los tres temas por los que se pronunciara el Panel Internacional de la Cumbre de la Tierra en 1992. Sin embargo, no ha logrado tener la atención que requiere el tema.

Precisó que México promovió la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), y ha sido parte importante de este esfuerzo, como líder internacional en este y otros aspectos, pero “internamente se sigue con dificultades de concretar una política de fondo, tanto en el diseño de las políticas públicas para atender el tema, como en materia legislativa”.

Comentó que se ha hecho una larga lista de acciones en el país para atender este tema, pero son esfuerzos que deben fortalecerse “porque de lo contrario no tendríamos las cifras alarmantes que hoy tenemos”.

En el marco del foro, Aureoles Conejo se pronunció por sumar esfuerzos para que este año existan las condiciones para darle mayor atención al tema. “Espero que derivado de este encuentro tengamos más insumos y elementos para apoyar este esfuerzo y que a un tema tan importante y elemental, podamos darle la atención debida y necesaria”.

Pidió a las dependencias gubernamentales, organizaciones sociales, productores y académicos asistentes, los “insumos” para convencer a la Secretaría de Hacienda a destinar recursos para este tema.

“Mi aspiración era de, por lo menos este año, dejar establecido un paquete superior a los mil millones de pesos exclusivamente para eso, pero va a depender de qué tanto podamos darle el soporte debido porque si no, unos le llaman la apertura programática y una serie de criterios de carácter administrativo, que complican la situación”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), propuso a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat), definir un esquema de políticas públicas para que coordinadamente atiendan la degradación de las tierras, además de generar un marco legislativo específico.

La diputada afirmó que el manejo sustentable de la tierra debe ser un tema de la agenda política para evitar la desertificación de los suelos y garantizar los esquemas de productividad del campo.

“Va más allá de un tema ambiental, de un tema meramente productivo, estamos hablando de garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos”, dijo.

López Moreno propuso a los representantes de ambas secretarías detonar esquemas de política pública para garantizar el cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), a la cual México pertenece.

Dicha Convención define a la desertificación de la tierra como la pérdida, muchas veces irreparable, de las funciones productivas del suelo, la alteración de los ciclos biológicos y del ciclo hidrológico, así como la disminución del aporte y cantidad de servicios ambientales que generan los ecosistemas.

El subsecretario de Agricultura, Jesús Alberto Aguilar Padilla, aseguró que la política agrícola tiene tres objetivos: garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad. Sin embargo, dijo, la gran restricción que enfrentamos es que la tierra cultivable en México es limitada y se reduce en extensión y fertilidad por lo que el gran desafío es incrementar la productividad de manera sustentable que permita al país alcanzar la seguridad alimentaria.

“Esperamos que este foro contribuya al diálogo que conlleve a la instrumentación de políticas públicas óptimas y a la definición de responsabilidades en el marco institucional para atender el tema; por ello, para tener resultados de cada acción de política se hará una evaluación de impacto con metas cuantitativas para hacer las adecuaciones necesarias”, dijo.

Detalló que el 75 por ciento del territorio nacional sufre los efectos de la erosión, por lo que aseguró que desde 1995 México, como parte de la UNCCD ha hecho trabajos de investigación sobre la lucha de la degradación de las tierras.

Destacó que la cuenca hidrográfica de Morelia, Michoacán, presenta uno de los mayores índices de erosión de suelos, con más de 2 millones de hectáreas afectadas.

En su turno, la coordinadora de asesores del subsecretario de Fomento de la Semarnat, Eva Fernández, explicó que la dependencia federal ejecuta un Programa de Manejo Sustentable de Tierras el cual busca dar cumplimiento a la UNCCD.

“Este programa podría ser el Plan Nacional de Acción que establece dicha Convención, su antecedente inmediato es la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras y ya se aplican apoyos para dueños de las tierras así como el ordenamiento ecológico del territorio”, dijo.

Destacó que la población objetivo son los dueños y usuarios de las tierras en zonas rurales del país, quienes se benefician de capacitación y generación de información y de planificación.

“La meta concreta del programa es promover dos acciones para su instrumentación: un estudio para establecer metodologías de valoración económicas de la degradación de las tierras y la integración de una base de datos de tecnologías para el manejo de tierras”.

El presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (Riod-Mex), Gustavo Sánchez Valle, afirmó que el tema forestal es “el patito feo de la agenda ambiental”, además de que, aseguró, no se puede contar con empresas forestales responsables si hay un entorno de ilegalidad en el comercio de madera. “El 50 por ciento de madera que se comercializa en México viene del mercado ilegal”.

Consideró necesario hacer un reordenamiento del mercado para lograr un manejo sustentable de tierras. “Hay muchos retos en la materia, a pesar de los avances no tenemos la atención presupuestal adecuada al tema y los recursos que se invierten llegan de manera desarticulada”, señaló.

Indicó que el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES) no ha sesionado ni una sola vez, a pesar de que “es un espacio en donde debe discutirse la articulación de recursos y el fortalecimiento del rubro”.

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