23-09-2014 La Cámara de Diputados aprobó exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a que realice una exhaustiva investigación y un dictamen técnico y jurídico en relación con el embalse ubicado en el rancho Pozo Nuevo, Sonora, así como las causas que originaron el colapso de la cortina de la presa.

También se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dar a conocer públicamente si la presa localizada en este rancho cuenta con análisis de impacto ambiental y con título de concesión, así como si se cuenta con autorización para el cambio de uso de suelo forestal.

Además se pidió al gobierno federal revisar y determinar si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de Guillermo Padrés Elías y familia están dentro de la legalidad.

Durante la fundamentación, el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI) indicó que la presa ubicada en el Rancho Pozo Nuevo tiene una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua y cuenta con una cortina de 120 metros de largo por 80 de altura.

Explicó que la concentración de toda esta agua en la presa provocó escasez del vital líquido en las comunidades aledañas. A juicio de los habitantes de la comunidad de Bacanuchi, del municipio de Arizpe, esta sequía trajo como consecuencia pérdidas económicas sin precedentes a los productores de la región.

“Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero esto deberá hacerse mediante una concesión que la Comisión Nacional del Agua otorga con base en un estudio que dé cuenta de la suficiencia del recurso”, indico el legislador.

Subrayó que este lugar también posee un acueducto con una superficie aproximada de siete kilómetros para trasladar el agua de desde ese punto hacia un reservorio que asegura el riego tecnificado de 300 hectáreas de nogal.

Recordó que el pasado sábado 20 septiembre el crecimiento del afluente del río provocó la ruptura de la presa; sin embargo, versiones de vecinos del lugar hablan de explosivos que se llevaron a cabo, por lo que pidió abrir una línea de investigación adicional para saber si se utilizaron explosivos y si estos contaban con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Resaltó la importancia de la Semarnat se pronuncie para conocer si las 300 hectáreas de nogal cuentan con los permisos ambientales requeridos, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, y si existe autorización de Conagua para la utilización de los pozos para riego tecnificado en esta superficie.

La diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) se pronunció a favor de la aprobación de este punto de acuerdo, toda vez que es imperdonable que la región de Bacanuchi, uno de los municipios más afectados por la contaminación originada por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, padezca los embates de la exclusión de recibir el vital líquido.

“Dejemos a un lado la impunidad y la corrupción, exijamos cuentas para transparentar el proceso a que se sujetaron las obras que se realizaron en el rancho Pozo Nuevo, donde hoy la cortina de presa ha colapsado así como de las seis concesiones de aprovechamiento subterráneo que se autorizaron a nombre de Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina”, enfatizó.

En su turno la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que “la presa del gobernador Padrés pone en evidencia no solamente su voracidad política, sino también su falta de sensibilidad social”.

“El acumular agua en un estado como Sonora, para la gente que estamos forjados en el desierto nos parece que no solamente es un delito, sino que también demuestra que el gobernador no gobierna para los sonorenses sino para él mismo y para su familia”, agregó.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) dijo que su voto sería en sentido positivo, sin embargo pidió que no se olvide el problema de la severa contaminación que existe la región de Bacanuchi.

“Es tiempo que las autoridades federales tomen posición respecto al tema y que asuman su responsabilidad de manera oficial, en lugar de filtrar información que sólo confunde a la opinión pública”, afirmó.

En representación del grupo parlamentario del PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar consideró que es necesario conocer si la Semarnat ha otorgado autorización para la construcción de la presa, así como para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Asimismo, agregó, la Conagua debe determinar si existe algún riesgo para las entidades aledañas por las enormes dimensiones de la construcción, y en su caso, se ordenen también las acciones necesarias para determinar la legalidad de dichas construcciones.

Añadió que el tema es importante, ya que se impactan diferentes sectores, principalmente el ambiental, pues existen evidencias fundadas de la probable comisión de un delito ambiental, al haber llevado una construcción sin la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) mencionó que propuso que en el punto de acuerdo se solicitara a la Conagua realizar una exhaustiva investigación y un dictamen técnico y jurídico en relación con el embalse que se encuentra en el rancho Pozo Nuevo, así como las causas que originaron el colapso de la cortina de la presa.

Se trata de “la construcción de un rancho sin ninguna medida, la construcción de una presa, la explotación de ocho pozos sin ninguna autorización, simplemente amparado, como un reyezuelo, con el poder que ostenta y poder violar toda posibilidad y toda garantía que pudieran tener tanto los pobladores, como los mismos trabajadores, por eso es importante apoyar el punto de acuerdo”, puntualizó el legislador.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado (PAN) afirmó que su fracción está por que la ley se cumpla a cabalidad sin distingos políticos y partidistas. Por ello, indicó que es fundamental investigar a todos los que presuntamente hayan hecho obras sin los permisos correspondientes.

Subrayó que no se puede permitir que en esta Cámara se utilicen temas que afectan a la sociedad por ambiciones políticas, y consideró que deben pesar más la necesidad y el sufrimiento que padecen 22 mil ciudadanos a la ambición política y desmedida de los gobiernos, que no atienden con responsabilidad lo que la ley les marca.

Finalmente, el diputado Faustino Félix Chávez (PRI) destacó que el tema de la presa El Titanic, que así es como llaman los lugareños del rancho Pozo Nuevo del gobernador Guillermo Padrés, no es un asunto menor, pues da cuenta de una obra más entre varias, que el gobierno estatal han realizado con irregularidades.

“Estamos hablando de una presa con capacidad de 4 millones de metros cúbicos y que no sólo podría abastecer una población de 11 mil habitantes, sino que además está teniendo el flujo del vital líquido en un afluente que alimenta al río Sonora, que a su vez es la principal fuente de abastecimiento de Hermosillo, la capital del estado”, sostuvo.

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