• Comparece encargado del despacho ante comisiones unidas con motivo de la glosa del Segundo Informe
• Este flagelo eleva costos de programas de gobierno: PRI
• “No a la corrupción en instituciones; nos mantendremos vigilantes”: PAN
• La administración federal no ha cumplido compromisos en materia de transparencia y acceso a la información: PRD

29-09-2014.- En el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se reunieron con Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.

Los grupos parlamentarios abordaron el tema de la corrupción y fijaron su posicionamiento. Coincidieron en que este flagelo impide la competitividad, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias.

Por su parte, el funcionario informó que en lo que va de la presente administración se ha sancionado a 14 mil 905 servidores públicos por actos de corrupción y derivado de ello se han recuperado 6 mil 114 millones 600 mil pesos.

En los posicionamientos, el diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez (PRI) expresó que con las reformas constitucionales en materia de transparencia, el país cuenta por fin, con una eficaz rendición de cuentas; se trasluce el ejercicio de la actividad pública; la entrega de la información requerida por la ciudadanía se hará de manera pronta y expedita; habrá una ampliación en el derecho de acceso a los datos públicos, y se acercará el sistema a la ciudadanía.

Afirmó que el combate a la corrupción marcha en conjunto con la transparencia, hacia la consolidación de un país con gobernabilidad democrática. “Este tema representa uno de los principales reclamos más puntuales de la sociedad, así como una necesidad para construir un gobierno más eficaz y con mejores resultados”.

La corrupción, dijo, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias. De ahí, que fuera indispensable generar cambios que pudieran hacer frente a esta problemática. “La corrupción representa un lastre en razón de los efectos negativos que provoca, por lo que en el PRI respaldamos con toda decisión las propuestas en materia de transparencia y anticorrupción planteadas por el Presidente Peña Nieto”.

Mariana Dunyaska García Rojas, diputada del PAN, mencionó que México ya cambió y hoy gobierna con transparencia, con la obligación de informar. “Desde hace 14 años es así y debe ser de esta manera. Decimos un rotundo no a gobiernos opacos, un rotundo no a la corrupción en las instituciones de la Administración Pública en México”.

El PAN, subrayó, continuará revisando el marco jurídico en materia de función pública. “Nos mantendremos vigilantes de las conductas indebidas en las que se comprometa el patrimonio de los mexicanos o que queden en impunidad; será nuestra labor ser el contrapeso del Ejecutivo, será nuestra labor por el bien de la sociedad mexicana”.

Argumentó que la Secretaría de la Función Pública espera su mutación a la Secretaría de Anticorrupción o Fiscalía, “no sabemos si funcionará o no”. Preguntó por qué ha iniciado nuevamente las actividades Oceanografía con los contratos de Pemex y dijo que en este esfuerzo de la última década en materia de transparencia y erradicación de la corrupción “ni nosotros ni los ciudadanos estamos dispuestos a dar pasos atrás en esta materia”.

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD) sostuvo que la actual administración federal no ha cumplido con los compromisos públicos que formuló en materia de transparencia y acceso a la información, pues “el informe sólo reporta formalidades insuficientes para detener una práctica generalizada de corrupción”.

Precisó que sin transparencia verdadera, sin buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, la corrupción seguirá impidiendo el adecuado control institucional de la población sobre sus gobernantes. Cuestionó por qué empresas como OHL obtienen contratos públicos muy importantes, como el tren interurbano México-Toluca.

“Si los funcionarios públicos no estamos sujetos verdaderamente al imperio de la ley, luchas como las que vivimos frente a la delincuencia seguirán perdidas, porque lo que prevalece no es la justicia sino un Estado defectuoso, la impunidad y detrás de cada escándalo de corrupción se frotan las manos aquellos delincuentes que esperan que la justicia se administre no bajo los preceptos del derecho, sino del poder político y económico”, afirmó.

La diputada del PVEM, Laura Ximena Martel Cantú, aseguró que el país sólo superará el rezago existente si se combate a la corrupción de manera frontal. “Para las instituciones públicas y para los funcionarios, el único camino posible es el de la legalidad, la rendición de cuentas sobre cada peso gastado del erario público y sobre cada acción de los funcionarios públicos”, dijo.

La legisladora afirmó que hoy por hoy las bancadas parlamentarias tienen la responsabilidad de corregir aquellas estructuras que no dan los resultados previstos, y trabajar por construir y consolidar aquellas que les permitan tener un gobierno eficaz, eficiente y de resultados.

“Resulta ineludible hacer nuestras las mejores prácticas gubernamentales para dar paso a lo que se ha denominado como un gobierno abierto, o mejor aún, un buen gobierno”, destacó.

En representación de la bancada Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González indicó que el Segundo Informe de Gobierno señala “como un avance” que se sancionaron a más de 14 mil servidores “presumiendo” que en la administración pasada fueron 13 mil 198 sancionados.

“Para el gobierno federal, tal vez, esto será un avance para el país pero por el contrario el amiguismo y los compromisos de este gobierno están en aumento así como las sanciones a proveedores y contratistas decaen, mientras el año pasado fueron 427 en éste último sólo se han impuesto 256”.

Huidobro González criticó que en el país sólo se necesite tener “influencias para pasar desapercibido. Está el claro ejemplo del secretario de Energía quien además de desempeñar dicho cargo es presidente del Consejo de Administración de Pemex contando con una partición accionaria en 4 estaciones de servicio y una planta de distribución de combustibles en Cozumel que comparte con miembros de su familia”, señaló.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT), consideró que el gobierno federal ha fallado al no tener claridad ni firmeza frente a la corrupción para usar los mecanismos adecuados que eviten el mal actuar de los funcionarios.

“Sólo el 34 por ciento de las instituciones de la administración pública federal cuenta con algún órgano de consulta a la sociedad; el resto, es decir 137 de las 208 instituciones a las cuales aplica la estrategia de participación ciudadana, no tiene ni siquiera una opción que de entrada a la participación de la ciudadanía”, dijo.

También destacó que en el periodo de septiembre 2013 a junio 2014 del seguimiento de las auditorias registradas por los órganos internos de control en sus programas anuales de auditorías, se determinó una falta de cumplimiento en la realización de las auditorias programadas del 25.8 por ciento.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), consideró “vergonzoso” y “preocupante” que México a nivel mundial ocupe el lugar 106 de los 177 países encuestados para combatir la corrupción ya que los daños pecuniarios que generan los actos de corrupción son superiores a un billón de dólares anuales equivalentes del 10 al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Estamos convencidos de que el trinomio: trasparencia, cultura de la rendición de cuentas, de la gestión gubernamental y combate a la corrupción, son piedra angular de las instituciones públicas y la única vía para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes, por lo cual deben de ser atendidas de manera prioritaria”, dijo.

Garfias Gutiérrez señaló que la reforma constitucional para crear el ente anticorrupción está pendiente de dictamen en la Cámara de Diputados, por lo que recordó que el combate a la corrupción requiere de acciones coordinadas y de compromisos compartidos.

El también subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Julián Alfonso Olivas Ugalde, destacó que de los 14 mil 905 servidores públicos sancionados, 12 mil 651 son de la Administración Pública Federal. De ellos, 2 mil 614 fueron inhabilitados, 3 mil 299 suspendidos de funciones y 346 destituidos.

Otros 8 mil servidores públicos, abundó, recibieron amonestaciones, entre públicas y privadas y se impusieron 642 sanciones económicas por un monto de mil 591 millones de pesos. El funcionario añadió que la recuperación por las miles de irregularidades superó los 6 mil 114 millones, 600 mil pesos, luego de la puesta en marcha del número 01-800 para captar denuncias ciudadanas.

Asimismo, indicó, en materia de contrataciones públicas, se logró un ahorro por 3 mil 296 millones de pesos, en virtud de la promoción de compras consolidadas, la homologación de condiciones y términos en las adquisiciones de bienes o la prestación de servicios, entre otras modalidades que fortalecen y agilizan el sistema Compranet.

Comentó que de septiembre de 2013 a agosto del presente año, se concluyeron nueve auditorías y siete visitas de inspección a dependencias y entidades, con un monto fiscalizado de 7 mil 806.2 millones de pesos. Dijo que de dichas auditorías se desprendieron 56 observaciones con un monto irregular por aclarar de 589 millones 400 mil pesos.

Por otra parte, mencionó que la declaración patrimonial se ha convertido en una valiosa herramienta dentro del monitoreo de los servidores públicos. A la fecha, dijo, el cumplimiento de este requerimiento alcanza el 97.16 por ciento, es decir, 199 mil 491 funcionarios.

Una de las funciones de la SFP, dijo, consiste en sistematizar la documentación e información del registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles patrimonio inmobiliario federal y paraestatal.

“Al mes de julio, el universo integraba 103 mil 679 inmuebles, de los cuales, 36 mil 389 correspondieron al sector público y 67 mil 290 fueron identificados como inmuebles destinados al culto religioso; de ellos, 15 mil 160 recibieron certificados de derechos de uso, garantizándose su certidumbre jurídica”, concluyó.

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