• Conformar subgrupo de trabajo para tipificar el delito en el Código Penal: plantea diputado Pacheco Rodríguez

• Existen más de diez iniciativas de grupos parlamentarios para atender ambos temas: Manuel Huerta

• Los dos son problemas cotidianos y han cobrado 23 mil víctimas: Esquivel Zalpa

08-04-2015 La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se pronunció por construir una Ley General para combatir la desaparición forzada de personas y la tortura, problemas que en los últimos meses han lacerado al país.

Al inaugurar los foros de la sociedad civil “Desaparición Forzada de Personas y Tortura”, realizados en el Palacio Legislativo, subrayó que su objetivo es impulsar reformas legislativas en ambos temas.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), anunció que planteará a la Junta de Coordinación Política la posibilidad de conformar un subgrupo de trabajo que redacte un artículo para tipificar el delito de desaparición forzada y se integre al Código Penal Federal y, posteriormente, instruir una Ley General en la materia, ello, con el fin de empatarlo con los estándares internacionales.

Refirió que la comisión tiene pendiente modificar el artículo 1 constitucional que se refiere a derechos humanos, así como dictaminar cinco propuestas para reformar los artículos 215 a, b, c y d del Código Penal Federal; además, precisó, existen a consideración de la instancia legislativa que preside, tres propuestas para expedir leyes especiales.

Subrayó que la desaparición forzada es un asunto que ya se atiende y se encuentra en constante trabajo legislativo. “Se deben sacar lo más pronto posible las reglas para atender el negativo fenómeno que se presenta en el país”, comentó.

A continuación, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de Morena, consideró que la actual legislatura concluirá con un déficit en el tema de desaparición forzada, a pesar del acuerdo de los líderes parlamentarios para trabajar reformas en la materia.

Explicó que existen más de diez iniciativas de diferentes grupos parlamentarios para atender ambos temas; sin embargo, dijo, no se pone en orden el quehacer de la Cámara y hay omisión, pese a que organismos internacionales como la ONU señalan que en el país existen esas prácticas.

En su turno, el diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD) puntualizó que la desaparición forzada y la tortura son temas de interés nacional, pues son problemas graves que se han vuelto cotidianos y generalizados en el país y a la fecha han cobrado alrededor de 23 mil víctimas.

Precisó tres ejes principales para combatir esos problemas: reconocer el problema y dictaminar las iniciativas que se encuentran estancadas; que las propuestas recogidas se integren en la ley, y dotar a los distintos organismos con instrumentos legales que sean herramientas para la defensa de los derechos humanos.

En el foro, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) habló respecto al estado actual de la desaparición forzada en México. Aseguró que existe resistencia de algunos partidos para tipificar la tortura y desaparición como delitos federales, y aunque hay iniciativas sobre el tema, se mantienen estáticas.

Explicó que en la actualidad no se conoce una cifra puntual de personas desaparecidas en el país, pero se estima que son más de 20 mil. Mencionó casos como el de Ayotzinapa y las mujeres ultimadas en Ciudad Juárez, Chihuahua que, dijo, son prueba de lo que está pasando en México.

Armando Meneses Larios, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consideró indispensable que la sociedad civil se interese en los temas, pues sólo de esa forma se podrá combatir la desaparición forzada y la tortura.

Sostuvo que el principal conflicto es que no existe un diagnóstico adecuado sobre ambas problemáticas, de tal forma que es difícil combatirlas. “Es indispensable un diagnóstico particular para cada entidad del país y se debe crear una legislación donde prevalezcan principalmente mecanismos de prevención”, explicó.

En su participación, el director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Efrén Ríos Vega, subrayó que el Estado debe reconocer que la desaparición forzada es un problema evidente.

“Se deben prevenir situaciones como las suscitadas en los estados de Guerrero o Chihuahua; hay hechos de incumplimiento de las leyes, pero, además, muchas veces existe complicidad de las autoridades”, expresó.

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