09-04-2015.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 299 votos, reformas a la Ley Federal del Trabajo para prohibir a los patrones hacer firmar a los trabajadores documentos en blanco que impliquen renuncia de derechos o impongan obligaciones.

Las reformas, remitidas al Senado de la República para sus efectos constitucionales, adicionan un párrafo al artículo 33 de dicha norma, para que en caso de que el trabajador sea obligado a la firma de documentos en blanco pueda acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho, dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de contratación.

Asimismo, se adiciona un párrafo al artículo 1006 para señalar que se considerarán documentos falsos aquellos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador.

La procuraduría o la oficina de Inspección conservará en secreto dicha denuncia para el caso de que fuere necesario aportarla como un elemento que podrá ser utilizado como prueba por parte del trabajador.

En caso de quedar acreditado, en el juicio correspondiente, el dicho deI trabajador, el patrón será sancionado con pena de seis meses a cuatro años y multa de 125 a mil 900 veces el salario mínimo, la cual se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivarse de estos hechos.

El documento señala que actualmente la ley es omisa en cuanto a las renuncias en blanco, debido a que presupone su ilegalidad por tratarse de un acto de simulación.

Añade que esta omisión ha sido sumamente perjudicial para los trabajadores que, careciendo de todo medio probatorio para acreditar la simulación de una renuncia que contiene firmas auténticas, desisten de hacer valer sus derechos fundamentales por vía jurisdiccional, en vista de las dificultades técnicas y legales que ello implica.

Por ello, apunta, es urgente prohibir estas prácticas y establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar abusos de este tipo sin poner en riesgo su contratación, y sancionar a los patrones que incurran en este delito.

Al fijar su postura, la diputada Luisa María Alcalde Luján, de la agrupación Morena, señaló que 3 de cada 10 empleados despedidos en nuestro país fueron obligados a firmar un papel en blanco como requisito para ser admitidos en el trabajo. “Esta práctica crece día a día con la clara intención de evitar que ellos reclamen sus derechos”.

Explicó que el patrón guarda el documento en blanco y, en el momento en que considera oportuno, le agrega el texto de una renuncia junto a un recibo de una cantidad nunca pagada. “Algunos abogados afirman que es una política de sus despachos aconsejar a los clientes que obliguen a los trabajadores a firmar un documento en blanco al contratarlos”.

Enfatizó que los tribunales de trabajo no atienden los reclamos de las víctimas de esta práctica, pues sostienen en los procesos que al ser auténtica la firma del trabajador en el documento no hay nada que reclamar.

Consideró que con el dictamen se plantea dar una solución a este problema. El trabajador que fue obligado a firmar un documento en blanco podrá advertir a la autoridad laboral de esta circunstancia y esa información será guardada en secreto y utilizada como elemento de prueba, en caso de un conflicto laboral.

“Obviamente, no se trata de una solución fácil, pero sin duda será un elemento que ayudará a inhibir esta práctica cancerosa”, puntualizó.

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