• El tema había sido olvidado; urge atenderlo antes de que concluya la LXII Legislatura
• En el DF, existen entre 800 y 900 menores de edad recluidos y otros tres mil 500 en tratamiento externo
• Reforma a los artículos 18 y 73 de la Carta Magna garantizará derechos humanos de los adolescentes infractores

14-04-2015.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad de 20 votos el dictamen de la minuta que reforma los artículos 18 y 73 de la Carta Magna, que mandata al Congreso expedir la ley nacional de justicia para adolescentes, y a la Federación y entidades a establecer un sistema integral de justicia para los mismos individuos, bajo principios de protección a sus derechos humanos.

Los integrantes del órgano legislativo coincidieron en que, independientemente de las importantes reformas constitucionales que les fueron turnadas para su análisis, el tema de justicia para los menores de edad es de la mayor trascendencia para el país; sin embargo, “había sido olvidado” y urge atenderlo antes de concluir la LXII Legislatura.

Destacaron que los estados con mayor número de adolescentes internados por delitos son Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Jalisco y Estado de México, teniendo la capital del país entre 800 y 900 jóvenes recluidos y cerca de tres mil 500 en tratamiento externo, muchos de los cuales provienen de distintas entidades de la República.

Estos datos, subrayaron, no son sinónimo de violencia de las ciudades, sino que evidencian el grado de descomposición familiar y social, y la vulnerabilidad de los jóvenes ante fenómenos como la delincuencia organizada.

El diputado presidente de la comisión, Alejandro Sánchez Camacho (PRD), detalló que con las modificaciones al artículo 18 constitucional y al inciso c) del 73, todos los juicios para adolescentes serán de carácter oral, se trate de delitos graves y no graves.

Se sustituyen los términos “conducta tipificada como delito” y “conductas antisociales”, por “hecho que la ley señala como delito”; “derechos fundamentales” por “derechos humanos”, y “para toda persona” se sustituye con el término “para todo individuo”.

Con la ley general que expida el Congreso en un término de 180 días después de ser promulgada la enmienda, cada congreso local debe adecuar su legislación en la materia.

Al tomar la palabra, la diputada del Revolucionario Institucional, Lizbeth Loy Gamboa Song, sostuvo que esta enmienda debe estar acompañada de los recursos presupuestales necesarios para implementar adecuadamente el sistema de justicia para adolescentes.

En el mismo sentido, su correligionario Pedro Ignacio Domínguez Zepeda consideró que el tema de los recursos es una parte toral para avanzar en esta enmienda, por lo que los congresos locales y el federal deben tener la voluntad de asignar el presupuesto suficiente para que la política pública que se desprende de esta ley llegue a buen término, y no se quede en una “buena voluntad legislativa”.

De Acción Nacional, el diputado José Alfredo Botello Montes sostuvo que el centro del trabajo legislativo deben ser las personas y “por grave que haya sido el delito que hayan cometido los jóvenes, se debe respetar su integridad humana”, algo que, celebró, atiende esta enmienda constitucional.

También del PAN, Carlos Fernando Angulo Parra indicó que su fracción parlamentaria pugnará por implementar en el sistema una protección a adolescentes inocentes, pues existe la problemática del crimen organizado en varias partes del país, que los involucra en actividades ilícitas en contra de su voluntad.

En representación del PRD, José Ángel Ávila Pérez recordó que ya se habían dado reformas en materia de justicia para adolescentes; empero, “con desánimo vimos que estas reformas constitucionales no produjeron ni la emisión de una ley apropiada ni la generación de políticas públicas suficientes para instrumentar un sistema”.

Opinó que la reforma aprobada por la comisión contribuirá de manera clara a las necesidades del país y dimensionará el problema, pues, de no ser así, “estaremos abandonando a los jóvenes de México”.

Por último, Ruth Zavaleta Salgado, del Verde Ecologista, precisó que el problema de los adolescentes no se encuentra en los estados más violentos. Muestra de ello es que el DF tiene más adolescentes recluidos, por lo que se trata de un problema social y debe ser atendido así, más que como un problema delincuencial.

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