28-04-2015.- El Pleno camaral aprobó dos dictámenes que modifican la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sobre pesca de fomento y, para perfeccionar la legislación, con la intención de mejorar la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país.

Con 354 votos a favor, cero en contra y una abstención, se adicionó el artículo 64, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se coordine con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), y pueda permitir la pesca de fomento en los casos de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjera. Se mandó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En tanto que, con 334 votos en pro, cero en contra y una abstención, se modificaron diversas disposiciones de esta ley, para adicionar definiciones como arte de pesca, cuota de captura, embarcación mayor y menor, métodos de pesca y prórroga a la Ley.

También se faculta a la Sagarpa para otorgar, fomentar y promover programas de apoyo de seguros, reaseguros, fianzas y garantías liquidas para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, así como expedir permisos de pesca y acuacultura con la finalidad de investigar, explorar, experimentar los recursos acuáticos. Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar los dictámenes, el presidente de la Comisión de Pesca, diputado Alfonso Inzunza Montoya (PRI) expresó que el Inapesca da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre políticas nacionales en materia pesquera.

Es importante que el Inapesca coadyuve en el proceso de autorización y supervisión de la pesca de fomento extranjero, ya que permitirá generar mecanismos para realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero.

Inzunza Montoya comentó que con el segundo dictamen se busca contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley; por ello, se amplía la definición de arte de pesca; se establece el concepto de cuota de captura, los de métodos de pesca y el de prórroga, y se define con precisión que es una embarcación menor.

Se pretende que la Sagarpa pueda establecer condiciones de medidas de seguridad o correctivas sobre la expedición, modificación o extinción de concesiones y permisos en materia pesquera y acuícola. Además, incluir los términos: seguro, reaseguros, fianzas y garantías líquidas.

Las reformas tienen la finalidad de que la Sagarpa pueda expedir permisos de pesca y acuacultura de fomento, para apoyar la investigación, exploración, experimentación y evaluación de los recursos acuáticos.

La diputada Adriana Soto Martínez (Movimiento Ciudadano) señaló que es necesario adecuar y perfeccionar el ordenamiento jurídico vigente para fortalecer al sector pesquero con la finalidad de regular, fomentar y administrar el debido aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas ante los retos y desafíos del contexto actual.

De Nueva Alianza, la legisladora Cristina Olvera Barrios, expresó que en México, el 75 por ciento de la pesquería se encuentra explotada al máximo o en deterioro, y que “el intercambio de experiencias, métodos de investigación y tecnologías del mar potencializarán la generación de conocimientos tan necesarios para impulsar el crecimiento de esta industria”.

La diputada Claudia Rocío Villa Oñate (PAN) argumentó que con estas reformas, se promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país al fortalecer las facultades conferidas a la Sagarpa para formular, otorgar y ejecutar programas de apoyo financiero, seguros, reaseguros, fianzas y garantías líquidas para el desarrollo de la pesca y la acuacultura.

Por el PRD, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez puntualizó que con estas modificaciones se regula, fomenta y administra el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas; sin embargo, pidió dar seguimiento a las modificaciones, pues “hay discrecionalidad a la hora de instrumentar la Ley General del Equilibrio Ecológico; las actividades de acuacultura en pequeña escala, no son contaminantes”.

La diputada Carmen Julieta Torres Lizárraga (PRI) destacó que la pesca se ha caracterizado por ser una de las actividades que aporta al crecimiento económico, así como a la seguridad alimentaria del país, pero ésta no sólo es comercial, también puede ser de fomento deportivo, recreativo y didáctica, la cual se debe realizar mediante concesión o permiso.

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