• Diputados coinciden en que ambiente de ingobernabilidad del estado se atenuará con respeto a derechos humanos
• Conflictos en la entidad han disminuido, pero “basta un leve viento” para reactivarlos, afirma el gobernador
• Se compromete a solicitar que fiscal de Guerrero revise nuevamente caso de Nestora Salgado

30-04-2015.- Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador del estado de Guerrero, afirmó ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos que los sucesos de Ayotzinapa desataron la peor crisis que ha vivido la entidad desde 1960, y se pronunció por que las manifestaciones de descontento no desemboquen en una tragedia como la de Tlatelolco en 1968, “con una salida autoritaria, represiva y mayor drama”.

Al reunirse con el órgano legislativo para dar cuenta del estado de los derechos humanos en la entidad, sostuvo que es necesario ir de la mano con todos los liderazgos, “hasta los más radicales- con quienes hemos estado en diálogo-, hacia un acuerdo institucional que permita garantizar que las elecciones del 7 de junio se den en paz y los guerrerenses puedan emitir sufragio por el partido político de su preferencia”.

Explicó que la delincuencia organizada en Guerrero penetró el tejido social, las instituciones, la policía y en la política -“primero financiando campañas, luego postulándose a sí mismos”-, siendo el “drama de Iguala” un caso emblemático que, según estudiosos, “también pudo haber ocurrido hasta en 22 municipios del estado”.

Refirió que para evitar que la “rabia simbólica” derivada del hecho afectara las actividades económicas y la estabilidad de Guerrero, hubo un acercamiento con los líderes y familiares de las víctimas de Ayotzinapa y con dirigentes de la Ceteg, de movimientos sociales y de las guardias comunitarias, para acordar que no se involucraran en las movilizaciones y evitar “una situación más compleja o una matanza”, gracias a lo cual, además, se salvó la temporada decembrina en Acapulco.

“El conflicto se va atenuando, pero las brasas ahí están. Basta un leve viento para volverlas a incendiar. En estos días, cuando se decidía a quién nombrar como gobernador de Guerrero, el fuego volvió a levantarse con acciones violentas en el Congreso por la sospecha de que quienes se fueron, podrían regresar”, subrayó.

Los integrantes de la comisión saludaron la ratificación de Ortega Martínez al frente del Ejecutivo de la entidad; empero, coincidieron en que tiene un gran reto por delante al observarse en Guerrero “un ambiente de ingobernabilidad”, y siendo la garantía a los derechos humanos factor primordial para estabilizarlo.

Lamentaron que casos como la desaparición de los normalistas de Iguala, el enfrentamiento del pasado 24 de febrero entre la Ceteg y la policía federal, y el de Nestora Salgado, hayan puesto a Guerrero como ejemplo de desapariciones forzadas, de falta de reacción del Estado y de politización en el país.

El presidente del órgano legislativo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), señaló que existe una gran deuda con los pueblos más pobres de Guerrero y Michoacán, ya que sus problemas no son casuales, sino causales.

“Aquí estamos tratando de destrabarlos y encontrar causes donde se imponga la fuerza de la política y no la política de la fuerza”, subrayó. Asimismo, reconoció el amplio conocimiento de Ortega Martínez respecto a la problemática del estado y la efectividad de sus acciones para resolverla.

En la ronda de cuestionamientos, la diputada del Revolucionario Institucional, María del Rocío García Olmedo, pidió conocer el avance de la investigación respecto a la muerte del profesor Claudio Castillo Peña en el enfrentamiento del 24 de febrero, y si existen indagatorias para aclarar el posible involucramiento de servidores públicos.

La diputada Minerva Marisol Sánchez Hernández (PRI) cuestionó que cuáles son las acciones que pretende implementar en los casos de derecho a la manifestación sin utilizar el uso desproporcionado de la fuerza y que garanticen los derechos humanos de los ciudadanos.

De Acción Nacional, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra solicitó al gobernador detallar el panorama general de la vulnerabilidad del estado, así como del “otro lado de la moneda del caso de Nestora Salgado”, es decir, desde la perspectiva de sus presuntas víctimas.

También del PAN, Verónica Sada Pérez preguntó al gobernador qué plan tiene su mandato para garantizar la seguridad de la población, impulsar la economía; cómo se colabora con el INE para asegurar a los habitantes que las próximas jornadas electorales en un clima de armonía y cuál es el estatus que guarda las detenciones de los profesores el 24 de febrero.

En representación del PRD, el diputado Roberto Cabrera Solís también solicitó conocer el avance en la imputación de responsabilidades a los policías que participaron en los hechos del 24 de febrero; cuántos elementos han sido inhabilitados o están bajo proceso penal; los protocolos de actuación de la policía, y respecto a la atención a denuncias de violaciones de maestras.

Su correligionario, Roberto López Suárez, pidió revisar el caso de Nestora Salgado, “pues nadie en este país puede ser detenido sin orden de aprehensión, aislado nueve meses sin un abogado, y no puede ser trasladado a un penal de máxima seguridad donde no hay una reclusión adecuada”.

Del Verde Ecologista, Martha Edith Vital Vera preguntó si ya se tienen ubicados a los responsables por tales disturbios y dar cuenta del número de detenidos, además de explicar los mecanismos que el ejecutivo de Guerrero ha implementado para que actos como este no perturben a la ciudadanía.

También exigió dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de Nestora Salgado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) cuestionó por qué no se le dio la atención médica necesaria al profesor Claudio Castillo Peña para procurar su bienestar y si se ha investigado la participación de elementos de seguridad local y estatal en los hechos del 24 de febrero.

De Nueva Alianza, René Ricardo Fujiwara Montelongo solicitó a Ortega Martínez detallar las medidas que ha tomado su gobierno para resarcir los daños a las víctimas de este enfrentamiento entre la Ceteg y la policía federal.

De agrupación Morena, la diputada Loretta Ortíz Ahlf afirmó que Nestora Salgado no recibió un trato digno ni se procuraron sus derechos humanos. Por ello, exigió saber cuánto se debe esperar para su liberación.

En respuesta a los planteamientos, Ortega Martínez aseguró que los hechos del 24 de febrero, donde integrantes de la Ceteg intentaron boicotear el torneo Abierto de Tenis de Acapulco, “pudieron haber sido peores”; sin embargo, dijo, no fue necesaria la intervención de la policía estatal.

“En el caso de Guerrero tenemos que ser extremadamente cuidadosos al intervenir en la aplicación de la ley. No somos omisos ni irresponsables. Aunque no nos toque el área federal, hemos estado apoyando y cumpliendo los protocolos correspondientes, con la presencia de notarios y la comisión de derechos humanos y aplicando el Estado de derecho con pulcritud”, añadió.

Sostuvo que corresponde a la fiscalía del estado informar sobre el asunto -cuyo titular no es nombrado por el gobernador, sino que por el Congreso local- y que a éste se le ha solicitado información sobre el caso de Nestora Salgado para dar seguimiento al procedimiento de desistimiento de la acción penal en su contra.

“Si no incurrió en un delito federal y tiene el amparo ganado, no debe estar en una cárcel federal, sino en una de Guerrero, y si el desistimiento procedía, entonces ella debe salir en libertad. También hay personas agraviadas que litigan el caso de Nestora. Para algunos soy asesino y omiso, para otros soy inútil, pero he dedicado todo mi tiempo a desactivar el conflicto y creo que lo voy logrando”, aseguró.

Señaló que en este asunto se tienen posturas polarizadas, pues unos la consideran como criminal y otros sectores la etiquetan como un caso de injusticia.

“El caso de Nestora es grave porque, en mi opinión -yo no soy jurista, pero por pleno sentido común- si no tiene delito federal y es exonerada por un juez de esto, ¿qué tiene que hacer en una cárcel federal? Debería estar por delitos de fuero común en una cárcel estatal”.

Por otra parte, consideró que se tienen que acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, destacó que este problema se solucionará a través de la voluntad política, “porque con esta nosotros somos solidarios”.

Del caso Ayotzinapa, agregó que desde el principio debió integrarse una comisión para acompañar en la investigación “porque nada más es el reclamo y cuando se investiga y se dice esta es la verdad institucional, no la creo. Entonces participen junto a la autoridad y si lo logramos, al final encontraremos la verdad histórica y la verdad que satisface a los deudos”, expresó a los diputados.

Por último, se comprometió ante los legisladores solicitar al fiscal que revise una vez más el caso de Nestora Salgado.

Por su parte, David Cienfuegos Salgado, secretario general de Gobierno de Guerrero, dijo que Nestora Salgado en ninguna de las averiguaciones previas manifestó ser de origen estadounidense.

Respecto a cuándo será liberada, comentó que eso corresponde a las autoridades estatales porque hay al menos seis procesos abiertos y estos deberán ser tramitados por las leyes del estado quienes determinen su culpabilidad en los delitos que se atribuyen.

Destacó que si bien es cierto un juez federal decretó que no es culpable por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, “quedaron vivas” las demás averiguaciones, por lo que la mera cancelación de este delito es insuficiente para liberarla.

Sobre el hecho de que está recluida en una cárcel de alta seguridad, se ha realizado el planteamiento para que se le traslade a un penal de baja seguridad, pero esto depende de los estudios médicos y psicológicos y en este momento no se han publicados los dictámenes, los cuales, de manera extraoficial, determinan que la ciudadana se encuentra bien de salud.

Añadió que desde el 2014 se ha trabajo en posibilidad del traslado a la Ciudad de México, pero la autoridad capitalina ha señalado que no tiene cupo y se está a la espera del dictamen médico para solicitar el traslado.

En torno a los sucesos del 24 de febrero, afirmó que aunque la fuerza estatal estuvo presente, no intervino; se trató, dijo, de un operativo de la Policía Federal y la gendarmería, y ellos sólo participaron en la protección de los ciudadanos que se manifestaban.

Miguel Ángel Godínez Muñoz, fiscal general de Justicia del estado de Guerrero, agregó que los sucesos del 24 de febrero, donde perdió la vida el profesor Claudio, el expediente se encuentra en la PGR, por ser acciones que ocurrieron en un sitio federal.

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