• Marco jurídico actual no contempla ni define la profesión: Aguilar Gil

09-08-2015 México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo; las amenazas y asesinatos de los profesionales de la comunicación son una constante y el oficio se desarrolla en un clima de miedo e impunidad que genera autocensura, un hecho perjudicial a libertad de información y expresión.

Así lo señaló la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Lilia Aguilar Gil (PT), al presentar ante la Comisión Permanente una iniciativa para adicionar el capítulo XVIII en la Ley Federal del Trabajo, denominado “periodistas”, en el cual se estipula que los contratos y relaciones de trabajo entre estos y los medios de comunicación deberán contener explícitamente la cláusula de conciencia.

Actualmente, indicó, la Ley Federal del Trabajo reconoce 18 profesiones que, por su naturaleza, considera como especiales; sin embargo, el periodismo no está definido ni contemplado en la legislación laboral. El capítulo que se pretende adicionar forma parte del Título Sexto, denominado “Trabajos Especiales”.

Las profesiones especiales gozan de condiciones particulares que permiten mayor protección para quienes las ejercen. Debido a la importancia de la libertad de expresión e información, resulta imperante que la profesión de periodista sea reconocida de esa manera y que, por ende, reciban la protección adecuada para su libre desempeño.

Aguilar Gil subrayó que es urgente reconocer en la legislación federal la labor periodística como una profesión especial a fin de evitar abusos contra informadores, sobre todo porque, por sus características, no pertenecen a sindicatos u organismos que defiendan sus derechos laborales.

“Los periodistas en México, no solo arriesgan su vida, también carecen de seguridad social, estabilidad en el empleo y de prestaciones laborales básicas. Muchos viven en constante incertidumbre al saber que en cualquier momento pueden quedar sin empleo y que carecen de mecanismos adecuados para su defensa”, añadió.

La reforma también plantea que para la prestación de servicios fuera de la República, deberá anticiparse a los periodistas el 25 por ciento de su salario por el tiempo contratado y se garantizarán pasajes de ida y regreso; los honorarios podrán estipularse por unidad de tiempo o por uno o varios artículos periodísticos, y aplicará a todos aquellos que laboren para un medio de comunicación en particular o de manera independiente.

La legisladora indicó que en nuestro país no existen los escenarios propicios para que los profesionales de la información puedan ejercer su trabajo. ”Se les contrata informalmente, muchas veces sólo de manera verbal o bajo regímenes en los cuales sus derechos son prácticamente inexistentes”.

Consideró que la falta de garantía de los derechos laborales supone una restricción a la libertad de expresión y coarta el flujo de ideas, información y opiniones.

Subrayó que el acceso a la información juega un papel determinante para cumplir con la democracia; velar por los derechos y protección de periodistas es esencial para que desarrollen su profesión en óptimas condiciones y, a su vez, se garantice el derecho a la información de los ciudadanos”.

“Es imperante no olvidar a los periodistas independientes, ya que ésta forma de ejercer la profesión va en aumento y, por sus condiciones, ubica a los comunicadores ante una mayor situación de vulnerabilidad”, agregó.

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