• Afirma que coloca a las instituciones nacionales como el Ejército, la Marina y la Policía Federal al servicio de los privados

• No se debe criminalizar la protesta y mucho menos considerarla como un acto de terrorismo, plantea

06-12-2015 El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, convocó a los representantes de las diversas fuerzas políticas a verificar a detalle la propuesta de dictamen de la Comisión de Justicia que expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos porque, dijo, su redacción está diseñada para proteger más a los particulares, que hoy tienen autorización constitucional para explotar hidrocarburos.

Por ello, demandó hacer una revisión rigurosa a esta iniciativa, pues también destacó que pone a las instituciones nacionales como el Ejército, la Marina y la Policía Federal al servicio de los privados, y confiere el carácter de “seguridad nacional” a las actividades de éstos en igualdad de condiciones a las que viene realizando el gobierno mexicano.

El legislador federal recordó que desde el inicio del proceso que implicó la reforma energética, se advirtió con claridad que uno de los principales riesgos era poner a las instituciones del Estado al servicio de los particulares, desvirtuándolas de su naturaleza intrínseca.

“Con esta Ley no sólo se transgreden estos principios fundamentales, sino que también se abre la puerta para la conformación de guardias blancas y contratación de empresas de mercenarios que vulneran la propia seguridad nacional”, alertó.

Esta propuesta que involucra reformas a diversas disposiciones de los códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal, Fiscal de la Federación y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio, indicó, “no debe pasar sin el debido escrutinio para que no lo lamentemos después”.

Señaló, además, que considerar a las actividades de explotación de hidrocarburos por privados como “actividades de Seguridad Nacional”, tal y como se prevé, a grado que los movimientos de personal o los vehículos de los asignatarios, contratistas, etcétera estarían clasificados bajo ese rango, “me parece que le proporciona un estatus que nada tiene que ver con lo que debe ser una estrategia de Seguridad Nacional” para cualquier país que lleve aparejadas condiciones de tranquilidad y estabilidad para vivir en paz y prosperidad.

Por tanto, enfatizó, tendría que revisarse qué clasificación objetiva debe asignársele a la información a qué hace referencia el artículo aludido o, en su defecto, eliminarlo de la minuta.

Zambrano Grijalva aseguró que no se debe criminalizar la protesta y mucho menos considerarla como un acto de terrorismo. “No pueden identificarse como actos de terrorismo la protesta social, la exigencia ciudadana”.

Expresó que “cuando llega Pemex --y ahora las compañías petroleras extranjeras-- a arrasar con la riqueza nacional e irracionalmente ponen en riesgo el equilibrio ecológico de las zonas petroleras, la gente tiene que defender sus derechos, sus propiedades, lo que considera que es suyo. Las empresas llegan y arrasan como si fueran ejércitos de ocupación, destruyen el entorno, roban la riqueza nacional y no quieren que la gente se inconforme”, destacó.

“La propuesta de ley de reforma lo que hace es identificar estos actos de protesta, de resistencia, con terrorismo y como causales de penalidades y hasta de crimen organizado y cosas por el estilo. Eso no es terrorismo. La protesta social no es terrorismo. Y por eso no podemos aceptar una asimilación de este tipo”, agregó.

Cabe destacar que de acuerdo con esta propuesta de Ley, el mercado ilícito de combustibles se ha incrementado significativamente: en 2013 se presentaron 3 mil 267 denuncias; en 2014, 5 mil 90 (55.80 por ciento más), y de enero a octubre de 2015, 5 mil 561 denuncias.

En tanto, el impacto económico estimado para Petróleos Mexicanos por el mercado ilícito de combustibles por año asciende a 40 mil millones de pesos. Los estados más afectados en 2015 por tomas clandestinas han sido Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Tabasco y Oaxaca.

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