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Boletín N°. 0699 Avalan diputados que en convocatoria a licitación pública se incluya un porcentaje mínimo de mano de obra local
  • Con ese fin, modifican la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; se remite al Ejecutivo federal

 

  • Actualmente, obra pública tiene efectos limitados para promover crecimiento económico: Castro Vázquez

 

14-12-2015.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta para incluir en las convocatorias de licitación pública un porcentaje mínimo de mano de obra local que los interesados deberán incorporar en los trabajos o servicios a realizarse.

 

Con 409 votos a favor y una abstención, se acordó adicionar la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual permitirá impulsar con mayor vigor el empleo de los recursos humanos del país y la adquisición o arrendamiento de bienes producidos en territorio nacional, así como contribuir a incentivar la economía nacional.

 

El documento, enviado al Ejecutivo federal paras sus efectos constitucionales, precisa que de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado “Estudio Económico sobre Méxicoâ€, los estados y municipios pueden mejorar o entorpecer la capacidad de sus territorios para generar crecimiento y atraer inversión a través de mecanismos regulatorios y la manera en la que ejecutan políticas públicas.

 

Añade que “las economías locales crecen cuando los factores productivos, como lo son el capital humano, financiero y físico, entre otros, se desplazan hacia los proyectos y los sectores más productivos, pero “en nuestros estados ocurre lo contrario: son territorios que no atraen inversión, no tienen un clima de negocios propicio, sus empresas se encuentran estancadas y gran parte de su mano de obra se emplea en actividades de baja productividadâ€.

 

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), expresó que en México se destina entre el 15 al 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el desarrollo de proyectos de inversión física; sin embargo, de acuerdo con estadísticas de “México Evalúaâ€, la obra pública en el país tiene efectos limitados para promover el crecimiento económico y la equidad de oportunidades.

 

Las razones se deben a la enorme desconexión entre el nivel de gasto público realizado y los resultados obtenidos en cada sector. La causa de “estos elementos comunes, que explican esta gran falta de calidad y eficiencia del gasto público en el país, es que se usa de manera política el presupuesto y hay un arreglo disfuncional del gasto federal y la falta de mecanismos de control, de rendición de cuentas y los escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gastoâ€, señaló.

 

Mencionó que la obra pública en el país ha tenido una enorme contracción de 2012 a 2014, siendo 2013 el año crítico, al llevar una variación de menos del 4.5 por ciento. “Si bien la obra pública debería tener un impacto positivo en la vida de los mexicanos, ésta ha sido imagen de afectación cotidiana de la ciudadanía, el aplazamiento de ecosistemas, el daño de cultivos, el acaparamiento de aguas y otras situacionesâ€, indicó.

 

Con este dictamen, dijo, se intenta que se destine un porcentaje mínimo de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios a realizarse, “lo que constituye mejores condiciones para el país, contribuye a la generación de empleos y cadenas de bienes y servicios que impulsen la participación del sector público y privado en los diferentes rubros de la economíaâ€.

 

Sus beneficios serán: una derrama de recursos en el proceso de construcción; incentivar indirectamente la economía al lograr que la comunidad que trabaje en ella y requiera mejores servicios, se derrame y cubra las necesidades y dé empleo y mejores condiciones económicas a los habitantes de la comunidad.

 

En los posicionamientos, el diputado Abdies Pineda Morín (Encuentro Social) expresó que se busca que en las convocatorias a licitaciones públicas se establezca un porcentaje mínimo de mano local que los licitantes deberán incorporar en las obras o servicios, con la finalidad de convertir a las licitaciones en mecanismos que detonen desarrollo económico y social en los lugares en los que se lleven a cabo proyectos de inversión productiva.

 

Con esta reforma, se dará paso a la sustitución de la empresa socialmente responsable por la empresa sustentable local que urge al país, ya que el desempleo es el principal problema que daña a las familias. Se calcula que a nivel nacional, hasta el mes de octubre, en empleos eventuales había 4 millones 160 mil 241 trabajadores y en la informalidad 29 millones 679 mil 773 personas.

 

Karina Sánchez Ruiz, diputada de Nueva Alianza, mencionó que es imperativo que las inversiones que se logren atraer a las entidades federativas tengan un impacto directo en el incremento de los niveles de vida la población, pues “la creación de empleo es una forma más efectiva para el fomento del crecimiento y desarrollo. De nada nos sirve fomentar la calidad en la educación si carecemos de las oportunidades laborales para las y los mexicanosâ€.

 

Agregó que México, a pesar de tener como principal socio comercial a Estados Unidos, no ha sabido aprovechar sus condiciones naturales para incrementar el nivel de vida de las y los mexicanos; por ello, “es necesario hacer ajustes que tengan una repercusión directa en el incremento de las fuentes de empleo. Estamos decididos a contribuir al desarrollo de cada entidad federativa y a crear condiciones idóneas para promover la inversiónâ€.

 

Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos destacó que el propósito del dictamen es fortalecer el mercado laboral mexicano, con oportunidades de empleo para las personas que viven en las zonas donde se va a realizar obra pública o servicios que sean licitados por el gobierno mexicano.

 

Esta incorporación a las actividades laborales, añadió, deberá ser en todos los niveles que se requieran. “No solamente contratar mano de obra barata, sino también la especializada, en las regiones específicasâ€, lo que beneficiará a la localidad y también al tejido social de esas comunidades, puntualizó.

 

La diputada Guadalupe Hernández Corre (Morena) precisó que su grupo parlamentario votaría favor del dictamen, ya que representa fortalecer mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas en lo que respecta a obras públicas y desarrollo del país; pero, más que eso, “es poner en marcha dichos mecanismosâ€.

 

Mencionó que la reforma significa un avance; sin embargo, dijo que la medida de obligar a las empresas licitantes a establecer dentro de los requisitos de participación el porcentaje mínimo de la mano de obra que deberán incorporar al servicio a realizarse, “no da plena certezaâ€, ya que el requisito es ambiguo, porque el rango puede ser de cero a cien, “permitiendo justificar a la empresa que el municipio o lugar no cuentan con la mano de obra calificadaâ€.

 

Sharon María Teresa Cuenca Ayala, diputada del PVEM, dijo que con esta reforma se aseguran los escenarios para impulsar el desarrollo del sector empresarial en cada localidad del país que, en muchas ocasiones, se ve desplazado por grandes empresas que traen de otra parte el recurso humano, sin que exista una derrama o un beneficio en cada región.

 

Estos cambios, añadió, contribuyen con el desarrollo económico de las entidades federativas y de sus municipios. Además, continuó, “impulsa la creación de fuentes de empleo en aquellas regiones que, a pesar de contar con recursos humanos disponibles, no han logrado ocuparlos eficientemente y se encuentran desperdiciadosâ€.

 

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) expresó su voto a favor del dictamen, pues con esta reforma se gira la mirada a las economías y la promoción de empleos regionales, economías “que se han dejado de atender desde hace mucho tiempoâ€.

 

Consideró que al incentivar la contratación de mano regional se fortalecen las cadenas productivas y se contribuye a disminuir la migración interna del país y, con ello, se avanzaría en generar el desarrollo en las zonas apartadas de las grandes urbes.

 

De Acción Nacional, la diputada Cecilia Romero Castillo sostuvo que esta enmienda va acorde con el más importante cometido de la transparencia en el gobierno: favorecer el desarrollo del ser humano como centro de todas las leyes, pues dará oportunidades a la mano de obra local y propiciará el crecimiento de las comunidades.

 

Otra bondad sustantiva de la reforma, consideró, es que el tejido social de las localidades se hará más fuerte, al dar a sus habitantes la idea de que ellos construyeron las obras públicas y, por lo tanto, que les pertenecen.

 

La diputada del Revolucionario Institucional, Juana Aurora Cavazos Cavazos, aclaró que la nueva disposición legal “no se trata de una medida excluyente, sino de protección a los esfuerzos laborales y de incentivar el desarrollo regional, obligación que anteriormente no existía en las normas mexicanasâ€.

 

Con ello, continuó, “se abrirá la válvula de escape, un fuerte alivio, para aquellas zonas del país que, a pesar de contar con recursos humanos suficientes y capacitados, no encuentran ocupación por falta de oportunidades y, por otro lado, beneficiará a las empresas al tener a la mano a trabajadores calificadosâ€.

 

Previo a su votación en lo general y particular, el Pleno cameral rechazó una propuesta de modificación de la diputada Eva Florinda Cruz Molina (PRD) al proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 

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