• El peor momento de la crisis ya pasó. Los resultados son alentadores: PRI
• La Comisión excede facultades; necesaria una evaluación: PAN
• Intervención federal fracasó. Persisten violencia e ingobernabilidad: PRD

13-01-2015.- Legisladores de la Primera Comisión de la Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) se reunieron con el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para conocer la problemática existente en la entidad.

La presidenta de la comisión, diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), afirmó que Michoacán se encuentra al borde del “Estado fallido”, y que la intervención federal ha fracasado en una de las entidades con más muertes violentas relacionadas con el crimen organizado: 328 en el último semestre del sexenio pasado, y 668 en lo que va del actual.

En la entidad, dijo, hay una mezcla de factores que provocan una escalada de violencia e ingobernabilidad territorial, y “constituye el más complejo de los desafíos en materia de seguridad pública”.

Sostuvo que la explicación pública de los enfrentamientos entre grupos de autodefensas en La Ruana y Apatzingán es poco convincente, además de que consideró que esto fue resultado de la falta de evaluación y controles de confianza para integrar a las fuerzas rurales.

“Esto preocupa a diputados y senadores, quienes en nuestro derecho y obligación de buscar soluciones a la terrible problemática que enfrentan los michoacanos, solicitamos y apoyamos esta reunión de trabajo de la que esperamos respuestas apegadas a la verdad”, expresó la diputada al comisionado Alfredo Castillo.

Por su parte, el funcionario aseguró que no se puede hablar de que Michoacán sea un “Estado fallido” cuando se han revertido delitos como el secuestro y la extorsión, “los cuales son cosas del pasado, al reducirse a su mínima expresión”.

Agregó que incluso se han desmantelado grupos criminales, en particular Los Caballeros Templarios, en tanto que las cifras de muertes no se pueden comparar si se toma en consideración que en 2013 no había siquiera el levantamiento de cuerpos por parte del Ministerio Público.

“Tampoco podemos hablar de violencia de alto impacto cuando en 2013 se registraron 194 secuestros, mientras que en el segundo semestre de 2014, una vez que se contuvo a los grupos violentos, se registraron solo 13 eventos”, subrayó.

Dijo que en el caso del contrabando de minerales, que por décadas jamás se había trabajado, se ha logrado el aseguramiento de más de un millón de toneladas. “Se han decomisado también más de 50 mil toneladas de tala clandestina, así como bienes inmuebles o muebles con un valor de más de 500 millones de pesos”.

Rechazó que integrantes de la delincuencia organizada fueran dados de alta en la fuerza rural y aseguró que no existen tampoco autodefensas encarcelados.

Por lo que respecta al enfrentamiento en Apatzingán, indicó que las explicaciones sobre lo sucedido están validadas por peritos y por más de 63 declaraciones rendidas ante el Ministerio Público.

En síntesis, mencionó, a diferencia de hace un año, Michoacán es totalmente distinto; sin embargo, no se pueden echar campanas al vuelo. La tarea en la entidad es de enorme complejidad. “Como dijo el Presidente de la República, se requiere de la participación de todos los actores”.

En la ronda de posicionamientos, José Luis Flores Méndez (PRI) expresó que la intervención de la Federación ha tenido resultados alentadores que permiten afirmar que el peor momento de la crisis ya pasó. Expuso que la coyuntura por la que hoy atraviesa Michoacán tiene responsables con nombre y apellido y constituye la suma de dos circunstancias concretas.

Una, “la estrategia de seguridad fallida iniciada hace ocho años y cuyos resultados distaron de tener la efectividad esperada; y otra, la ineficacia de las autoridades locales surgidas de una amplia coalición de partidos de izquierda”.

Fernando Rodríguez Doval (PAN) mencionó que el aniversario de la Comisión y los desafortunados sucesos ocurridos en la entidad hace algunos días, obligan a evaluar el desempeño de la institución que encabeza Alfredo Castillo.

“Preocupa la propia legalidad de la Comisión la cual excede facultades de la Federación en materia de coordinación”, dijo. Añadió que la existencia de los grupos de autodefensa es por la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad.

Por su parte, el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) resaltó que en Michoacán aún prevalece el terror en la población a pesar del conjunto de acciones, que no hay que escatimarlas, pero es tiempo de evaluarlas porque hay una inversión inmensa. Señaló que es innegable que los resultados son muy magros.

En su turno, el diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM), coincidió con el comisionado en que en Michoacán hay un Estado de derecho. Agregó que el Gobierno actuó de manera puntual. “Hay desafíos monumentales, pero se tiene que reconocer que Michoacán es otro”, expresó.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) señaló que a un año del cargo conferido al comisionado Castillo los resultados en Michoacán aún no convencen a la ciudadanía, especialmente a Michoacán, y consideró que los esfuerzos institucionales realizados para abatir la inseguridad, desarrollo y estabilidad, debieran ser eficaces e integrales.

Durante la primera ronda de preguntas, el senador Miguel Ángel Chico Herrera (PRI) cuestionó cuándo se tendrán resultados concretos de las investigaciones de La Ruana y de Apatzingán. De la misma bancada, el senador Patricio Martínez García comentó que Michoacán lo que requiere es conciliación.

Del PAN, el diputado Carlos Alberto García González preguntó sobre las acciones realizadas con las autoridades locales y federales, encargadas de la procuración, defensa, promoción y salvaguarda de los derechos humanos, a efecto de evitar violaciones a los mismos; qué protocolos siguen las fuerzas públicas para garantizar el uso de la fuerza y qué pasó con los aseguramientos de las huertas de aguacate que estaban en manos de la delincuencia organizada.

Por el PRD, el diputado Roberto López Rosado preguntó cuáles han sido las medidas más efectivas para discutirlas y debatirlas. Y cómo se puede echar mano de algunos personajes, que están bajo sospecha por su actuar y su accionar, para que coadyuven a combatir a la delincuencia.

El diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) señaló que aún no se alcanza al cien por ciento el objetivo en Michoacán; sin embargo, reconoció que hay avances que han permitido recuperar un Estado de derecho y la confianza de la sociedad. Inquirió qué estrategias se implementarán en la comunidad de La Ruana para poner fin a las disputas entre vecinos.

En su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) cuestionó cuántas autodefensas y policías estatales han sido encarceladas. Además, cómo investigaron a los miembros que integraron Los Viagras, a Hipólito Mora, a “El Americano” y por qué se rebelaron los policías contra La Gendarmería, así como, por qué el Ejército les disparó a hombres y mujeres desarmados en Apatzingán y Mujica. Además, pidió conocer cuáles son los errores que se han cometido en Michoacán y cuál es su relación con La Tuta.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) preguntó qué insumos faltan para alcanzar la estabilidad en materia de seguridad en ese estado para que se pueda devolver la paz y estabilidad política y social que se merecen los michoacanos.

El comisionado Castillo Cervantes afirmó que lo que más le ha afectado a Michoacán, “fue el gran error de declarar muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno”. Estimó que eso es lo que “realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de todas estas personas, porque esto lo único que hizo fue que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando”.

Añadió que posiblemente tenían elementos, “pero no era el momento de hacer una consignación, y el hacerla de una manera endeble y después darle el anonimato y que sus áreas de inteligencia en esa administración, concretamente el Cisen, no les pudiera decir que estaba vivo, -algo que en tres semanas yo ya sabía, pero que a ustedes no les había podido decir-; esto llevó a que esta situación se acrecentara y él pudiera actuar prácticamente por su libre albedrío”.

Respecto a Apatzingán, dijo que durante muchos años fue territorio exclusivo de Los Caballeros Templarios, y lo que pasó es que grupos civiles buscan tener el control político para brindar la seguridad en ese territorio, y “de ahí que el secretario de Gobernación tomó la determinación de que fueran las fuerzas federales las que brindaran la seguridad hasta en tanto pudieran surgir egresados de una policía acreditable, capacitados, evaluados por el Cisen o por la Policía Federal para que pudiera brindar la seguridad”.

Precisó que en el caso reciente ocurrido en Apatzingán, “no hay un solo elemento de que haya existido el tiro de gracia porque no se da el contenido de la pólvora o lo que se llama golpe de martillo, que significaría que hubo una distancia menor a un metro y por tanto podemos decir que no hay ejecución”.

El comisionado consideró que algunas medidas efectivas son el aceptar la infiltración de las policías municipales, cooptadas por el crimen organizado, y que la mayoría de los actores políticos, por presión, vejación o cualquier otra circunstancia, también llegaron a ser presa de ellos. Se tendría que reconocer que “de años atrás teníamos un Estado fallido, lo cual permitió que fuera creciendo este problema hasta volverse insostenible”.

Aclaró que no hay autodefensas encarcelados y lo que se tiene es “gente con carácter de persona que cometieron un delito”. En cuanto a la relación con La Tuta, dijo, “ahí están sus audios, desesperados diciendo que no va a dar el gusto de que nosotros lo atrapemos o detengamos y que va a aguantar lo más posible y que no puede bajar, que son manifestaciones evidentes de que vamos tras de él y que ya no ha dado el rastro”. Precisó que no hay ningún elemento que diga que el Ejército disparó a los elementos de Apatzingán.

Consideró que no se puede pensar que en 12 meses se pueda cumplir un objetivo al 100 por ciento cuando hubo 12 años de abandono. Estimó que es urgente reasignar el gasto público y potencializar el turismo. Todo esto, agregó, requiere la participación y la cohesión de todos los actores, grupos políticos de presión y de interés, “para darle la vuelta a estos temas que son de la mayor envergadura”.

En la segunda ronda de preguntas, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) acusó que algunas afirmaciones de los partidos de oposición en torno a la situación en Michoacán “están mal informando”, algo que “la sociedad mexicana no necesita”.

Defendió que en comparación con la pasada administración, actualmente las cifras de inseguridad en la entidad han disminuido, por lo que solicitó al comisionado abundar al respecto.

Por su parte, la senadora de Acción Nacional, María del Pilar Ortega Martínez, acusó que lejos de la violencia, las cosas distan mucho de mejorar en Michoacán a un año de implementada la estrategia de seguridad. Por ello, requirió explicar la razón del actual repunte de la violencia en el estado.

En tanto, el diputado por el PRD, Trinidad Secundino Morales Vargas, sostuvo que uno de los problemas centrales es la cuestión partidista, donde el comisionado “ha tomado partido por algunas facciones partidistas y no ha impartido equitativamente la ley a todos los responsables de la problemática en Michoacán”.

Representando al Verde Ecologista, el diputado Rubén Acosta Montoya pidió dar a conocer cómo el órgano de seguridad a su cargo participará para que el proceso electoral de junio se dé con calma y respeto en la entidad.

Por su parte, Lilia Aguilar Gil (PT) cuestionó la validez legal de la figura del comisionado en Michoacán, así como de sus atribuciones en el estado. Por otra parte, hizo énfasis en la continuidad de Castillo Cervantes en virtud de que ya se habla de una recomposición de la seguridad en la entidad.

Enseguida, Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) preguntó por los pendientes que quedan al gobierno federal a un año de la estrategia de seguridad en el estado y lo que corresponderá al próximo gobernador de Michoacán hacer para continuar con esta tarea.

En respuesta a los cuestionamientos de los diputados, Alfredo Castillo Cervantes defendió que durante la administración pasada, y con base en datos oficiales, nueve de cada 10 michoacanos se sentían inseguros; sin embargo, para junio de 2014, la tendencia de percepción de inseguridad en Michoacán bajó de 91.2 a 68.4 por ciento.

“Esto hace evidente que hubo un descenso drástico en este tema”, sostuvo. Pese a ello, indicó que falta mucho por hacer, aunque “vamos por el camino correcto. ¿Qué tan significativos son los esfuerzos?, sólo el tiempo nos lo dirá”.

El comisionado en Michoacán aclaró que está figura de seguridad “sólo llegó al estado a abonar en el combate a la violencia y en ningún momento buscó trastocar la más mínima soberanía estatal”.

Abundó en que la Comisión a su cargo fue un interlocutor con las dependencias federales y las secretarías locales donde “única y exclusivamente fuimos a apoyar y fortalecer, en este caso, con la experiencia de gente en estados que han vivido una situación de violencia un poco más ríspida”.

Por otra parte, respondió que la misma sigue vigente ya que también se encarga del desarrollo integral de la entidad. “Vamos a buscar se pueda construir consensos con todos los actores sociales, políticos, económicos, culturales y empresariales para que Michoacán esté en las mejores condiciones de crecimiento y desarrollo”, añadió.

Respecto al actual repunte de la violencia en el estado, Castillo Cervantes precisó que esto va de la mano con las fracturas entre los grupos originales de autodefensas, pues, dijo, “fueron ellos, y no el crimen organizado con los civiles, quienes a causa de divisiones internas se confrontaron entre sí”.

“Al no tener un enemigo en específico, como eran Los Templarios, se generó que entraran conflictos como el control de las carreteras y querer recuperar vehículos, como ocurrió con Hipólito Mora y ‘El Americano’, lo que habla de la idiosincrasia de Tierra Caliente”, explicó.

Refirió que la toma del Palacio Municipal de Apatzingán no se debió a una cuestión de incidencia delictiva, sino a que el Ejército colocó seis filtros estratégicos en el área y se le quitó la seguridad a cualquier grupo delincuencial y a las fuerzas rurales, ya que existía manipulación por parte de gente y aun “no hemos generado la fortaleza para que ellos puedan dar esa propia seguridad”.

Advirtió que temas como la construcción de una nueva policía para la entidad y la creación de una nueva área de inteligencia pueden llegar a politizarse en vista de los próximos comicios electorales, por lo que se debe hacer a un lado las distinciones partidistas y trabajar en objetivos comunes.

De este mismo tema, aclaró que en las acusaciones se ha actuado por igual contra el PRI, el PRD e inclusive contra el PAN “no por un tema de discrecionalidad, sino porque las investigaciones lo marcaron de esta manera y en su momento se aportaron los elementos necesarios ante el juez”.

De los requerimientos que precisa la entidad, Castillo Cervantes comentó que de no crearse canales de infraestructura que comuniquen a toda la región de Tierra Caliente -fundamentalmente una carretera en la parte de la costa- va a seguir siendo muy complejo que los apoyos lleguen a Michoacán.

Asimismo, precisó que se cuenta con más de 8 mil 800 personas recluidas en las prisiones de Michoacán; sin embargo, no se ha tenido la misma celeridad para sacar cuadros de custodios bien formados, así como granaderos y fuerzas del orden capacitados, lo que “nos ha llevado a acelerar el proceso, porque requerimos a la gente necesaria para el tema de readaptación”.

El comisionado para la Seguridad de Michoacán subrayó que se esperará la decisión del Ejecutivo federal en cuanto a la participación de la comisión en los comicios electorales de la entidad, aunque “nosotros no vamos a tener la menor injerencia en este proceso y serán la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública los que tendrán que garantizar su viabilidad”, precisó.

En un mensaje final, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes expresó que sería irresponsable decir que en diez o en doce meses se puede cambiar a un estado que estuvo en el olvido, y dijo que fortalecer a las instituciones requiere tiempo. Michoacán necesita la reconciliación y participación de todos, ya que falta mucho para alcanzar la trasformación total de la entidad.

Precisó que Michoacán es la entidad con mayor aseguramiento de propiedades y bienes al crimen tanto ocasional como organizado.

La presidenta de la Primera Comisión, diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), sostuvo que la labor en Michoacán está inacabada e hizo un llamado para alcanzar una rendición de cuentas que permita al Congreso coadyuvar en la solución de violencia que vive la entidad y aclare la intervención de la Policía Federal y del Ejército. “Una exigencia es alcanzar la paz y detonar el desarrollo”, finalizó.

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