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Boletín N°. 4941 Plantean coordinadores de las siete bancadas resolver vacío legal en materia de formación de grupos parlamentarios

14-01-2015.- Los diputados coordinadores de las siete bancadas presentaron una iniciativa que plantea prohibir la formación de grupos parlamentarios después de haberse formulado la declaratoria de constitución de éstos, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, posterior a su instalación en el año de la elección.

 

La iniciativa que adiciona dos numerales al artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, está suscrita por los diputados coordinadores Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), José Isabel Trejo Reyes (PAN), Miguel Alonso Raya (PRD), Arturo Escobar y Vega (PVEM), Juan Ignacio Samperio Montaño (MC), Alberto Anaya Gutiérrez (PT), María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza), así como por los legisladores Manuel Añorve Baños y Héctor Gutiérrez De la Garza del PRI. Se remitió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictamen.

 

El documento señala que la Ley Orgánica del Congreso General establece los requisitos para la constitución de las agrupaciones, respecto de los que destaca el relativo a que, en la primera sesión de la legislatura, cada grupo parlamentario entregará al secretario general el acta en que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación del nombre del mismo y la lista de sus integrantes.

 

En tanto, el Reglamento de la Cámara de Diputados prevé que éstos podrán ejercer sus derechos y observar sus obligaciones hasta el término de la legislatura en que fueron constituidos.

 

Sin embargo, subraya, existe un vacío legal en cuanto al momento en que pueden crearse ya que, contrario a lo que establece el Reglamento del Senado de la República, en el Reglamento de la Cámara baja no hay dispositivo legal que prohíba expresamente la constitución de un grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en la Cámara de Diputados.

 

Los legisladores argumentaron en el documento que la Constitución establece la renovación del Poder Legislativo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, para lo cual se han creado partidos políticos, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática; además, la Carta Magna da fundamento de la existencia de los grupos parlamentarios, que es como los partidos políticos expresan su corriente ideológica en la Cámara de Diputados.

 

Proponen reformas a los códigos de Comercio y el Federal de Procedimientos Civiles, a fin de dar celeridad a la actividad procesal

 

Enseguida, el diputado Leopoldo Sánchez Cruz (PRI) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos de Comercio y el Federal de Procedimientos Civiles, a fin de dar celeridad a la actividad procesal y se resuelvan los procesos en un plazo razonable, lo cual constituiría un paso importante para recobrar la confianza en la administración de justicia.

 

“El Estado no puede retardar la implementación de una nueva dinámica e imprimir ritmo en los procedimientos judiciales, lo que detonará e impulsará el crecimiento económico de la nación, renovará el Poder Judicial y de los estados, acelerando la circulación de la riqueza y sobre todo restituirá el respeto y confianza a órganos jurisdiccionales y entre los gobernados que acudan a juicioâ€. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Municipios puedan acudir a la SCJN a buscar regularidad jurídica y garantía de su autonomía fiscal

 

 

Posteriormente, el senador Benjamín Robles Montoya (PRD) presentó una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios puedan acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica y la garantía de su autonomía fiscal.

 

La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, establece que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las entidades federativas mediante actos administrativos o legislativos afecten sustancialmente los ingresos que le correspondan a los municipios, generando un perjuicio, éstos podrán acudir ante la SCJN.

 

Proponen asegurar transparencia, eficacia, eficiencia en el uso y otorgamiento de los recursos federales

 

Por su parte, el senador David Monreal Ãvila (PT) planteó reformar el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los recursos federales.

 

Lo anterior, dijo, con el fin de que todas las dependencias estén obligadas a aclarar el funcionamiento de sus programas, así como rendir cuentas del uso de los recursos asignados, los resultados obtenidos y el desempeño institucional. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

 

Garantizar que menores vivan en un ambiente libre de violencia

 

En tanto, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) propuso modificaciones a la fracción IX del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar a los menores vivir en un ambiente libre de violencia.

 

La iniciativa, remitida a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, plantea que sea obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, evitar conductas que generen cualquier tipo de violencia, rechazo o manipulación y desgasten, impidan, obstaculicen o destruyan las relaciones entre niñas, niños y adolescentes.

 

Plantean enseñanza con enfoque transversal de derechos humanos, igualdad y no discriminación

 

Por último, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) presentó reformas al artículo 38 de la Ley General de Educación, para que la Secretaría de Educación Pública implemente la enseñanza con enfoque transversal de derechos humanos, igualdad y no discriminación mediante contenidos revisados y materias obligatorias en los niveles de primaria y secundaria.

 

Asimismo, la SEP deberá certificar que los maestros del sistema educativo nacional tengan las competencias para impartir dichos contenidos. Se envió a la Comisión de Educación Pública del Senado de la República.

 

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