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Bolet√≠n N°. 4958 Desaparici√≥n forzada de personas es un crimen de Estado
  • Contra la delincuencia organizada se requiere combate eficaz de la impunidad: Alonso Raya

 

 

  • Asegura Esquivel Zalpa que s√≥lo tres entidades cuentan con legislaci√≥n sobre desaparici√≥n forzada

 

 

  • Durante un foro en San L√°zaro, Eliana Garc√≠a Laguna, de la PGR, considera necesaria una Ley Nacional sobre este delito

 

19-01-2015.- Al inaugurar el ‚ÄúForo sobre Desaparici√≥n Forzada de Personas‚ÄĚ, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Agust√≠n Miguel Alonso Raya, se√Īal√≥ que este asunto ‚Äúes un crimen de Estado, porque tiene que ver con las organizaciones del Estado‚ÄĚ.

 

Afirmó que deberían ser los órganos relacionados con la seguridad y la procuración e impartición de justicia, los que cumplan con su papel para que la desaparición forzada no le suceda a nadie.

 

Consider√≥ que en cualquier caso quien sea detenido por alg√ļn posible delito, se debe saber d√≥nde est√° y a d√≥nde lo llevan para tener claridad sobre este asunto como cualquier otro ciudadano o funcionario que cometa alg√ļn il√≠cito.

 

‚ÄúTodos conocemos de lamentables casos en los que se les ha privado de la libertad y los familiares nunca pueden volver a encontrarse. Es vivir totalmente en la incertidumbre y es ir matando lentamente a las familias ante una situaci√≥n tan grave como √©sta, y se vuelve m√°s grave con la complicidad, en muchos de los casos, de las autoridades‚ÄĚ, dijo.

 

El legislador subrayó que el crimen y la delincuencia organizada no podrían existir si funcionaran adecuadamente las instituciones del Estado y los aparatos de inteligencia y de seguridad, y si se combatiera la impunidad.

 

El diputado Jos√© Luis Esquivel Zalpa (PRD), promovente del foro, se√Īal√≥ que hasta el momento s√≥lo tres estados de la Rep√ļblica cuentan con una legislaci√≥n sobre desaparici√≥n forzada que son Quer√©taro, Nuevo Le√≥n y Coahuila.

 

Refirió que el pasado 11 de diciembre presentó una iniciativa para modificar el Código Penal Federal para puntualizar la imprescriptibilidad de este delito y considerarlo como de lesa humanidad.

 

Asimismo, modificar el tipo penal, para establecer que la desaparici√≥n forzada de personas puede ser cometida tanto por funcionarios p√ļblicos de los tres √≥rdenes de gobierno como por particulares con orden, autorizaci√≥n o apoyo de agentes del Estado.

 

Adem√°s, modificar las penas actuales para establecer que a quien cometa este delito se le impondr√°n de 40 a 60 a√Īos de prisi√≥n y multa de 30 mil a 50 mil d√≠as de salario m√≠nimo vigente, adem√°s de la destituci√≥n e inhabilitaci√≥n definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisi√≥n en la administraci√≥n p√ļblica federal.

 

Esquivel Zalpa informó que el 21 de febrero de 2013, la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia de la PGR que contiene una lista de más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo.

 

A√Īadi√≥ que ninguna persona est√° consignada ni sentenciada por el delito de desaparici√≥n forzada de personas; son manejados como simples secuestros, extrav√≠os o privaci√≥n ilegal de la libertad, ‚Äúcuando en realidad son casos de desaparici√≥n forzada debido a la intervenci√≥n directa o indirecta y por acci√≥n u omisi√≥n de funcionarios p√ļblicos‚ÄĚ.

 

‚ÄúDe esta forma, los delitos de desaparici√≥n de personas quedan en su mayor√≠a no resueltos y los responsables no se encuentran o no se castigan‚ÄĚ, enfatiz√≥.

 

El diputado mencion√≥ que en nuestro pa√≠s existen casos como el de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa donde a pesar de que han sido detenidas 80 personas, no se ha encontrado a los estudiantes. Los detenidos √ļnicamente enfrentan cargos por secuestro, y delincuencia organizada, pero ninguno por el delito de desaparici√≥n forzada de personas.

 

La encargada del despacho de la Subprocuradur√≠a de Derechos Humanos, Prevenci√≥n del Delito y Servicios a la Comunidad, de la PGR, Eliana Garc√≠a Laguna, dijo que hay 23 entidades federativas que establecen en sus c√≥digos penales la desaparici√≥n forzada, 3 tienen leyes espec√≠ficas: Chiapas, Guerrero y Quer√©taro y s√≥lo 6 no tienen ning√ļn tipo penal referente al caso.

 

Por ello, enfatiz√≥, es importante generar una legislaci√≥n nacional que obligue a todas las autoridades de las entidades federativas a trabajar la investigaci√≥n de la desaparici√≥n, como lo se√Īalan los est√°ndares internacionales.

 

Expresó que actualmente hay 23 mil 271 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y extraviadas; sin embargo, resaltó, se requiere un gran trabajo de depuración, de filtro y sistematización para que pueda ser considerado un registro nacional confiable.

 

Detalló que no existe un registro que contenga huellas dactilares de menores; se tiene que construir, a fin de que sea parte de una cédula de identificación de las personas.

 

Informó que se trabaja en el fortalecimiento de capacidades forenses y periciales a partir de las masacres de San Fernando 1 y 2 en Tamaulipas, y de restos que encontraron en Cadereyta, Nuevo León. A partir de ahí, resaltó, el 22 de agosto 2013 se firmó un convenio para la creación de una comisión forense y una adenda por parte de la Procuraduría de Tamaulipas y de Nuevo León que tiene como misión la identificación de los restos de esas masacres.

 

Resalt√≥ que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la PGR busca, en colaboraci√≥n con las procuradur√≠as de los estados, a 621 personas desaparecidas en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Estado de M√©xico y el Distrito Federal, de las cuales 520 son hombres y 101 son mujeres; el rango de edad se encuentra entre los 19 y 53 a√Īos y el perfil de la mayor√≠a son estudiantes y comerciantes.

 

Se√Īal√≥ que hasta el viernes pasado se hab√≠a encontrado a 102 personas, de las cuales 72 est√°n con vida y 30 fallecieron; se localizaron en el Distrito Federal, Guerrero y el Estado de M√©xico; 61 desaparecieron en el 2013 y 23 en el 2014.

 

Afirmó que de las personas que se han localizado, 17 casos fueron por autoridades locales y federales y 85 fueron desapariciones involuntarias.

 

Subrayó que la fecha de registro de las desapariciones data del 2003; sin embargo, las averiguaciones se abrieron a partir del 2013.

 

Eliana García Laguna explicó que la PGR tiene como marco legal la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, la secrecía de las averiguaciones previas. Es obligación de la Procuraduría proteger la información de familiares de personas desaparecidas, sostuvo.

 

En su intervenci√≥n, Yolanda Mora Isa√≠as, coordinadora general de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en M√©xico (Fundem) dijo que M√©xico no cuenta con protocolos ni mecanismos efectivos de b√ļsqueda, tampoco con suficiente personal criminal√≠stico, pericial y forense, aunado a que no existe una base de datos confiable, por lo que solicit√≥ a la C√°mara de Diputados pida copia de los expedientes ya cerrados.

 

‚ÄúSon insuficientes los esfuerzos para encontrar a nuestros desaparecidos que actualmente suman m√°s de 27 mil, no son s√≥lo los 42 de Ayotzinapa, por lo que exigimos llamar a cuentas a las autoridades responsables, para que den resultados en una b√ļsqueda efectiva de las v√≠ctimas‚ÄĚ.

 

En su turno, el coordinador de familiares de desaparecidos de Fundem, V√≠ctor Rol√≥n Rodr√≠guez, indic√≥ que los obst√°culos a los que se enfrentan familiares de las v√≠ctimas por desaparici√≥n son corrupci√≥n, estigmatizaci√≥n de los afectados, la ineficiencia en la creaci√≥n de mecanismos confiables de b√ļsqueda, as√≠ como reformas al C√≥digo Penal y a la Constituci√≥n para prohibir las desapariciones y esclarecerlas, as√≠ como someter a un proceso penal a los responsables.

 

En su intervenci√≥n, el secretario ejecutivo de la Asociaci√≥n de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y V√≠ctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Adafem), Julio Mata Montiel, coincidi√≥ en que no existe una ley que sancione ni mucho menos que prevenga el delito de desaparici√≥n forzada; hace falta un marco jur√≠dico que prevenga este delito, as√≠ como garantizar la b√ļsqueda y protecci√≥n de las v√≠ctimas.

 

El tambi√©n vocal de comunicaci√≥n de la Federaci√≥n Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), indic√≥ que durante los a√Īos sesentas y ochentas se registraron m√°s de mil desapariciones forzadas cometidas por el Ej√©rcito mexicano y la ‚Äúbrigada blanca‚ÄĚ, mientras que ‚Äúen el sexenio actual se registran m√°s de 27 mil desapariciones, de los que no se ha dado cuenta de su paradero‚ÄĚ.

 

Perseo Quiroz Rend√≥n, director ejecutivo de Amnist√≠a Internacional, Secci√≥n M√©xico urgi√≥ a la C√°mara de Diputados a elaborar un marco jur√≠dico que atienda este delito y se plasmen en pol√≠ticas p√ļblicas transversales con planes de b√ļsqueda que eviten acciones aisladas como hasta ahora, porque el Estado mexicano tiene una deuda hist√≥rica con la verdad, la justicia y la honestidad desde la d√©cada de los 60s hasta ahora en materia de desaparici√≥n forzada.

 

Cuestion√≥ las estad√≠sticas de la PGR al sostener que de 600 investigaciones de m√°s de 20 mil, s√≥lo 17 son desapariciones forzadas. Destac√≥ que se requiere una Ley General de Desaparici√≥n Forzada y reformas al c√≥digo penal que impidan la prescripci√≥n. El Congreso de la Uni√≥n debe tener el rol de peso y contrapeso, ‚Äúno s√≥lo aprobar una ley y luego desentenderse sino vigilar que se cumpla, as√≠ como llamar a los funcionarios a rendir cuentas sobre la aplicaci√≥n de la reforma, porque mientras no se castigue no habr√° un cambio efectivo en los esquemas‚ÄĚ, sostuvo.

 

Claudia Cruz Santiago, directora ejecutiva del Instituto de Acci√≥n Ciudadana para la Democracia y la Justicia, afirm√≥ que la desaparici√≥n forzada debe tipificarse como un delito de lesa humanidad. Refiri√≥ la importancia del acompa√Īamiento que realizan las asociaciones de la sociedad civil a los familiares de las v√≠ctimas, para evitar abusos por parte de autoridades ministeriales.

 

Propuso que se elabore una iniciativa para que este tipo de organizaciones se convierta como ofendidas de este delito al igual que la familia, a fin de que accedan a todo el proceso judicial de investigaci√≥n y fortalezcan el acompa√Īamiento hasta lograr la reparaci√≥n del da√Īo.

 

En su participación, Agustín Lara Godoy, director general del programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que es fundamental que las autoridades esclarezcan las desapariciones a través de una coordinación institucional entre las diversas autoridades del Estado mexicano.

 

Consideró necesario crear una base de datos actualizada y con información correctamente estructurada, y destacó que a través de un sistema eficiente, se podrá combatir la impunidad que gira en torno a ese delito.

 

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