• Habitantes de comunidades pagan cuotas para transitar a sus trabajos, escuelas y hogares

• Municipios como Ciudad del Carmen, Tlaxcala, Tuxpan, Tihuatlán, Santiago de la Peña y otros carecen de caminos libres de pago

12-02-2015.- La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) garantice vías libres de peaje, alternas a las concesionadas, para facilitar el traslado de bienes y personas y beneficiar la economía de las regiones.

Con 380 votos favor, se modificó el primer párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal a fin de incluir en las tareas de la SCT la creación de esquemas tarifarios o exenciones a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje en las carreteras de cuota.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa la posibilidad de que la población decida cuándo utilizar una vía de cobro o una vía libre de peaje, lo cual contribuye a la regulación del derecho de libre tránsito consagrado en la Constitución y en diversos instrumentos de derechos humanos, permitiendo que la interconexión por el territorio nacional sea más rápida y efectiva.

Afirma que es importante buscar alternativas de apoyo a residentes de comunidades aledañas o de zonas de cobro de peaje que sólo cuenten con un camino o puente de cuota para trasladarse, con la creación de esquemas tarifarios o exenciones.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Transportes, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), señaló que es obligación del Estado dar las herramientas necesarias para poder ejercer el derecho de libre tránsito, en los caminos y en cualquier otra parte de la jurisdicción federal, tanto para el flujo de personas como de mercancías.

Refirió que habitantes de algunos municipios como Ciudad del Carmen, Tlaxcala, Tuxpan, Tihuatlán, Santiago de la Peña y otros lugares, no cuentan con vías alternas libres de peaje para llegar a sus hogares, escuelas y centros de trabajo, lo cual vulnera el derecho de libre tránsito, deteriora la economía de los pobladores y la interconexión de las regiones, impactando de manera directa el desarrollo social del país.

Por ello, dijo, se debe exhortar a la SCT, específicamente a Capufe, para que tome las pertinencias y se generen acuerdos o convenios a fin de que todos aquellos habitantes de una región que se ven afectados, puedan gozar de una exención o una cuota justa para circular libremente.

Además, Muñoz Márquez informó de una adenda presentada por la Comisión de Transportes, para que se incluya a las autopistas concesionadas, misma que fue aceptada por el Pleno.

En los posicionamientos, la diputada Norma González Vera (PRI) indicó que la reforma no sólo permitirá al Estado realizar una revisión y mejoramiento continuo de los caminos, sino también creará un esquema tarifario e inclusive la exención de las cuotas.

“Se apoya a los residentes que tienen que hacer uso de la viabilidad en razón de sus actividades cotidianas y se busca impactar de forma positiva a la economía y movilidad de millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

De Acción Nacional, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, proponente de la reforma, destacó que hoy no puede haber desarrollo regional sin caminos conectados y bien articulados; sin embargo, dijo, hay poblados que por su posición geográfica sólo tienen acceso a una carretera de peaje y carecen de toda conectividad a una carretera libre.

Agregó que esta situación genera un serio problema para las poblaciones debido a que cualquier traslado implica el pago de peaje, situación que afecta el ingreso de las familias y el incremento del costo de la vida. Por ello, enfatizó, “pretendemos que la SCT, cuando no existan vías alternas, garantice la operación de una libre de pago o en su caso elabore esquemas tarifarios o de exenciones a residentes, tendientes a otorgar beneficios de peaje y sobre todo la gratuidad”, añadió.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares (PRD) manifestó que esta propuesta ayudará directamente a la economía de los pobladores de los municipios que no cuentan con un acceso libre de peaje a sus comunidades. Consideró que las casetas de cobro, a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre tránsito, afectan de manera directa el derecho consagrado en el artículo 11 de la Carta Magna.

Puntualizó que se crea la obligatoriedad de crear tarifas especiales para los residentes de estas zonas, y con esto se busca tener una igualdad de oportunidades y un beneficio social encaminado al bienestar familiar. “Apoyamos toda iniciativa que se establezca en beneficio real de la población más necesitada”, indicó.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM) expresó que el tema implica transformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para poder crear sistemas tarifarios o exenciones a residentes que deben pagar peaje para llegar a sus sitios de trabajo.

“Debemos tener en cuenta la realidad que a diario vive infinidad de personas, quienes solamente cuentan con un camino o puente de cuota para trasladarse; de ahí que sea necesario crear mecanismos tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de los sitios en donde se actualiza esta realidad”, abundó.

José Luis Valle Magaña, diputado de Movimiento Ciudadano, argumentó que la legítima inquietud de los habitantes de diversas ciudades del país por la diaria erogación destinada al pago de casetas y peaje, detonaron esta reforma, misma que ahora permitirá un reflejo positivo en la economía de “quienes habitamos en lugares que por su ubicación geográfica nos implican la necesidad de pasar a diario por alguna caseta de cobro”.

Sostuvo que exentar del pago o fijar tarifas preferentes de bajo costo en casetas para residentes de comunidades aledañas a zonas de cobro en cuota o peaje, será sólo uno de tantos ajustes legislativos que realmente reflejarán una recuperación y fortalecimiento de la economía de los mexicanos, en beneficio de su poder adquisitivo.

Por el PT, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo mencionó que esta reforma atiende un problema que no sólo se circunscribe a los habitantes de los municipios de Ciudad del Carmen, Campeche; Tlaxcala, Tlaxcala; Tuxpan, Tihuatlán y Santiago de la Peña, Veracruz, sino que son muchas las localidades del país a las que aqueja esta situación.

Relató que el punto central de estos cambios es buscar alternativas de apoyo a residentes que sólo cuenten con un camino o puente de cuota para poder transportarse, “lo que es una limitante o, en su caso, un costo al que hay que incurrir para llegar a sus destinos”.

El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) señaló que el dictamen tiene como finalidad garantizar la libertad de tránsito, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, y que la SCT garantice una vía libre de peaje o, en su defecto, que los concesionarios, estados y municipios establezcan los esquemas tendentes a otorgar beneficios de peaje para los residentes de las comunidades.

Indicó que estos cambios son oportunos no solamente para apoyar a las personas de bajos recursos, sino para que los habitantes de una comunidad no tengan que pagar una cuota para acceder a sus trabajos, a sus escuelas e incluso a sus hogares.

Andrés Eloy Martínez Rojas, de la agrupación de diputados afiliados a MORENA, expresó que esta reforma es significativa para beneficiar a los habitantes de muchos lugares de la República y buscar alternativas a residentes que sólo cuenten con un camino o puente de cuota para trasladarse. “Tenemos la obligación de apoyar a las personas de bajos recursos”, abundó.

Dijo que esta situación afecta a pobladores de Morelos, en particular, los que se ubican en la caseta de cobro de Alpuyeca, de la autopista de cuota Cuernavaca-Chilpancingo, quienes llegan a pagar una tarifa entre 40 y hasta 100 pesos para ir a sus trabajos, escuelas, comercios o simplemente visitar a sus familias.

Al hablar a favor, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) consideró que esta reforma representa sólo una de tantas respuestas que están esperando los mexicanos, pues hasta el día de hoy las carreteras incorporadas al sistema de cobro han representado una seria afectación económica para el libre tránsito de las familias, estudiantes, trabajadores y el flujo comercial de la región.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) refirió que desde 1990 hasta hoy, los tlaxcaltecas, para poder pasar de una población a otra, tienen que cruzar por puentes improvisados, caminos de terracería o pagar 60 pesos, en detrimento de su patrimonio, “sólo porque a alguien se le ocurrió que ya no tuviéramos por dónde pasar”.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano, manifestó que esta reforma es oportuna y conveniente, porque se tiene que garantizar en las carreteras y en los caminos el libre tránsito. “No pueden eliminarse las vías alternas o el derecho de los pobladores o los residentes de un lugar, a poder tener ciertos beneficios cuando recurren a estas vías de comunicación”.

A su vez, la legisladora Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI) señaló que es fundamental garantizar el derecho al libre tránsito y recordó que en Veracruz, Tlaxcala y, en particular, en el municipio del Carmen, Campeche, “hemos padecido esta problemática. Tenemos que ayudar en la economía de los municipios y garantizar su desarrollo”.

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