• El Sistema Nacional Anticorrupción impedirá la impunidad, afirma

• Señala que en México hay rendición de cuentas obligada e histórica

• Gobierno, legisladores, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos son obligados solidarios para informar sobre el manejo de dinero del erario público

15-02-2015 El Sistema Nacional Anticorrupción impedirá la impunidad ante actos deshonestos de funcionarios públicos o entes privados involucrados, que afecten al erario, a la sociedad y a la reputación de México como país, afirmó la diputada Adriana Fuentes Téllez, vicecoordinadora para el sector empresarial de la fracción del PRI en San Lázaro.

“En materia de transparencia se es o no se es. No hay medias tintas para nadie. La sociedad demanda una rendición de cuentas y un escrutinio público para todos, sin importar partidos, ideologías o que sean entidades públicas o privadas y que manejen recursos públicos”, expresó.

Precisó que el Ejecutivo federal, el Partido Revolucionarios Institucional y los legisladores de su fracción en el Congreso, han impulsado la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para aprobar los mecanismos que prevengan actos de corrupción en la administración pública en todos los niveles de gobierno, y las reformas que tipifiquen las conductas de esta naturaleza.

Reconoció que existe un retraso en su aprobación, porque cada partido político representado en el Congreso, presentó una iniciativa propia en la materia. Cada una de ellas debe ser analizada, discutida, consensuada y, finalmente, votada en los mejores términos para los propósitos que busca.

“Pero en el ánimo de todos está acabar con la impunidad, las lagunas jurídicas y cerrar los espacios a la corrupción. Todos estamos de acuerdo en que se le dará mayores facultades, atribuciones y autonomía a la Auditoria Superior de la Federación, y se creará un Tribunal de Justicia Administrativa, que se encargará de sancionar los casos graves de corrupción”.

Fuentes Téllez, señaló que el Foro Económico Mundial (FEM) estima que a escala global, alrededor de mil 300 millones de dólares al año se derraman por pagos o sobornos en el mundo. Y México no es la excepción. “La corrupción carece de reglas claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el crecimiento económico; por ello, debe combatirse ya que deteriora no sólo la imagen, sino el prestigio del país y su sociedad, así como su desarrollo”.

Recordó que como nunca antes en la historia moderna del país, se han aprobado reformas constitucionales que permiten a las organizaciones sociales y ciudadanos, conocer, vigilar, cuestionar o denunciar actos o conductas ilícitas de funcionarios públicos de todos niveles, lo que ha permitido un mayor escrutinio al ejercicio de gobierno.

“La opacidad ya no es parte de la vida democrática del México moderno. Hay avances sustanciales y reformas para equiparar tipos penales, de acuerdo con los tratados internacionales que el país ha signado para transparentar el ejercicio del poder. Pero sobre todo –expresó- para sancionar ilícitos y prevenirlos. Ese es el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Entrevistada en la Cámara de Diputados, la diputada Fuentes Téllez -del distrito Uno con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua-, recordó que a finales de 2013 el Congreso aprobó tras un largo proceso de negociación, la nueva Ley de Transparencia: Mediante ella, prácticamente las organizaciones de la sociedad civil, cualquier ciudadano o medio de comunicación puede auditar las acciones del gobierno y de todo aquél o aquella entidad pública o privada que tenga que ver con el erario público.

Señaló que la enmienda -aprobada por mayoría calificada de votos- estableció que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado; con personalidad jurídica y patrimonio propio; plena autonomía técnica y de gestión; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna; responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

De esa forma, dijo la legisladora, como nunca se había hecho en la historia del país, toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes, de acuerdo al artículo sexto, apartado A, fracción primera.

Recordó que solamente en los asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendría competencia el nuevo organismo, que ha funcionado y que es perfectible, desde luego.

“Nadie puede negar que falta trabajo por hacer en materia de combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Pero nadie puede negar que como nunca antes, se atiende un reclamo de la sociedad, y que hay avances históricos en México para avanzar”, señaló Adriana Fuentes.

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