31-07-2015.- El diputado Danner González Rodríguez (MC), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal federal de “máxima” seguridad del Altiplano de Almoloya de Juárez, “no sólo evidenció el grado de corrupción de las autoridades federales, sino también la debilidad y descomposición institucional del sistema penitenciario del país”.

En el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales y de acuerdo con funcionarios del gobierno federal, las prisiones de máxima seguridad viven una crisis muy dramática, ya que albergan más reos de los que deben tener, lo que pone en riesgo a las personas que purgan una pena, a los custodios y a la sociedad.

Precisó que de 24 penales federales, sólo 14 cuentan con igual o menor número de reos que la capacidad límite para el que fueron construidos. Situación que se agrava ya que de acuerdo con expertos, las únicas referencias para la construcción de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) son: el Manual de Reclusorio Tipo y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que datan de 1970 y 1976, respectivamente.

Por ello, a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, propuso exhortar los gobiernos Federal y estatales, y del Distrito Federal, para que atiendan la crítica situación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario del país.

Asimismo, que la Secretaría de Gobernación envíe un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son las medidas que ha implementado en los penales federales para mejorar el estado de su infraestructura, la capacidad de operación y de funcionamiento de estos centros, a fin de cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social.

Planteó exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que informen sobre las medidas implementadas en los penales locales a fin de mejorar su infraestructura y capacidad de operación y funcionamiento, en aras de cumplir con el mandato constitucional.

El diputado de Movimiento Ciudadano subrayó que el asunto se torna más crítico ya que en estricto sentido, las cárceles son edificaciones diseñados para albergar a los prisioneros y que estos realicen sus actividades al mismo tiempo de garantizarles un mínimo de condiciones de habitabilidad, seguridad, aislamiento y control.

“En varios informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace años, se refleja la ausencia de control de las autoridades carcelarias: al menos en 30 por ciento de ellas rige en los hechos el llamado “autogobierno” de los internos, lo cual en términos prácticos significa que son los propios presos los que mandan”, resaltó.

En las cárceles de más de 20 entidades federativas no hay una efectiva clasificación de los reos, motivo por el cual conviven violadores con asaltantes, asesinos con defraudadores fiscales y secuestradores con robacoches.

González Rodríguez comentó que de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el Distrito Federal y el Estado de México, el 30 por ciento y el 19 por ciento, respectivamente, de los internos señalaron que no disponen de suficiente agua en las cárceles.

Asimismo, 67 por ciento en el DF y 58 por ciento en el Edomex consideraron que reciben alimentos insuficientes; el 35 por ciento en la capital dijo que no recibe atención médica cuando la requieren y 98 por ciento que no recibió de la institución ni siquiera papel higiénico, pasta dental o jabón.

El legislador consideró que el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Considerando que hay más de 250 mil presos en el país y que la manutención de cada uno nos cuesta a los que pagamos impuestos aproximadamente 160 pesos diarios ¿Qué se hace con todo el dinero público que se destina a las cárceles?, ¿Se está ejerciendo el recurso de manera correcta, transparente y para los fines etiquetados?

Estimó urgente poner atención en esta “bomba de tiempo”, y las “autoridades no se pueden dar el lujo de colocar un curita a un enfermo que necesita una cirugía. El sistema carcelario del país está profundamente descompuesto y hasta quebrado, por lo que las consecuencias de ello no son nada deseables”.

- ooOoo –