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Boletín N°. 5710 Diputados advierten amenazas a la libertad de expresión de una ONG; plantean que PGR y FEPADE investiguen el caso

14-06-2015 Diputados del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano advirtieron que en los últimos meses la organización civil Borde Político, dedicada a promover la transparencia y divulgar el trabajo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha sido víctima de amenazas que violaron su libertad de expresión.

 

Recientemente, esta ONG se asoció con las universidades de Harvard y Nueva York para investigar y difundir entre la ciudadanía el manejo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de la Sedesol, destinado a combatir la pobreza e implementar servicios básicos en las comunidades del país.

 

Lo anterior “ha incomodado a algunos actores de la administración municipal, ya que desde que empezaron su trabajo de campo repartiendo trípticos informativos, el staff de Borde Político ha sido intimidado y amenazado”, destacan los diputados Juan Pablo Adame Alemán (PAN); Fernando Rodríguez Doval (PAN); Fernando Belaunzarán Méndez (PRD); Lilia Aguilar Gil (PT), y Danner González Rodríguez (MC).

 

En conjunto con los senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del PRD, firmaron un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente para exhortar a la PGR a investigar los hechos y a la Fiscalía de Especializada de Atención de Delitos Electorales a participar en ello, pues miembros de Borde Político también “han recibido llamadas de partidos políticos que manifiestan descontento por la información que divulgan”.

 

“Muchos de sus colaboradores –además- han sido detenidos por el simple hecho de difundir información de carácter público”, subrayan en el documento que sustenta su propuesta y que fue turnado a la Primera Comisión de la Permanente.

 

El viernes 22 de mayo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, individuos no identificados y la policía local hostigaron a integrantes de Borde Político que repartían trípticos en el lugar. Los elementos de seguridad detuvieron y pusieron a disposición de las autoridades municipales a los coordinadores de campo de la ONG, a quienes se les prohibió continuar con la distribución de la información.

 

El lunes 25 del mismo mes, en Aquismón, San Luis Potosí, nuevamente el personal de campo fue interceptado por supuestos elementos de la policía local en camionetas con vidrios polarizados, quienes amenazaron con no hacerse responsables por lo que les ocurriera si continuaban con las tareas de reparto de trípticos.

 

“El equipo se retiró, pero las camionetas los siguieron hasta Ciudad Valles, San Luis Potosí. Después de un nuevo evento de intimidación en la noche, por personal no identificado, el equipo de Borde Político partió de improvisto de la entidad, por temor a su integridad”, enfatizan.

 

En el más reciente hecho, el miércoles 3 de junio no se permitió trabajar a los colaboradores de la ONG en Chimalhuacán, Estado de México, donde una mujer, tras advertirlos, llamó a unos antorchistas que rodearon al equipo y lo amenazaron, algo que también ocurrió en Atlacomulco el mismo día.

 

Estos hechos se suman a otros tres ocurridos el 23, 29 y 30 de mayo, donde también se amenazó, detuvo o se impidió el trabajo a colaboradores de Borde Político en diversos municipios del Estado de México y Guanajuato, explican los legisladores.

 

Estos coinciden en que las organizaciones civiles se han convertido en portavoces de las principales críticas ciudadanas ante los excesos de la clase política, y actores constantes en la construcción del nuevo andamiaje de transparencia y combate a la corrupción.

 

“Quienes suscribimos este punto de acuerdo, reconocemos el papel de las organizaciones civiles en la consolidación de una nueva cultura ciudadana dispuesta a ejercer plenamente sus derechos políticos ante sus representantes”, agregan.

 

Por ello, opinan que los hechos relatados no pueden tomarse de manera aislada, sino como “clara evidencia de la violación sistemática y reiterada de los derechos constitucionales de los integrantes de Borde Político, y una muestra de que se atenta en contra de un proyecto internacional de investigación y divulgación”, por lo que el “el Congreso debe pronunciarse inmediatamente al respecto”, concluyen.

 

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