• Necesario emprender acciones para restaurar el máximo posible de tierras

21-06-2015 Las actividades agropecuarias y agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación y la urbanización, son los principales factores de la degradación de los suelos del país, denunció el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.

Indicó que las entidades con mayor afectación son Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, Chihuahua y el Distrito Federal. En menor proporción, Baja California Sur, Baja California, Coahuila, Sonora y Quintana Roo.

En el documento “Recurso Suelo. Elementos para la definición de una política pública en México”, el CEDRSSA destacó que, en particular, las actividades agropecuarias son las responsables de casi el 80 por ciento de la superficie degradada.

A su vez, las labores agrícolas participan con el 38.8 por ciento, principalmente por las prácticas inapropiadas de labranza, el monocultivo, el uso de agroquímicos, el riego con aguas de mala calidad, la quema de residuos de la cosecha o el no incorporarlos al suelo.

El sobrepastoreo participa con el 38.4 por ciento. Este método consiste en la introducción de un excesivo número de cabezas de ganado en los pastizales, matorrales, bosques y selvas que se utilizan para que el ganado se alimente con la vegetación natural, principalmente pastos y ramas a su alcance. “El exceso de animales, por un lado, afecta la cubierta vegetal, con lo que se facilita la erosión y, por otro, compactan el suelo con su pisada”.

Por la deforestación se pierde el 16.4 por ciento, pues generalmente implica la remoción de la vegetación natural en grandes extensiones, por cambiar el uso del suelo para dedicarlos a la agricultura, el establecimiento de pastizales o urbanización.

El CEDRSSA argumentó que la urbanización se ha convertido en el principal factor de la pérdida de la función productiva de los suelos en las ciudades; en principio, participa con el 3.5 por ciento.

Detalló que la cuantía de la superficie sujeta a procesos de degradación provocada por las actividades humanas, que equivale a casi la mitad del territorio, exigen a la sociedad y a los poderes públicos emprender acciones para detenerlos y restaurar el máximo posible de suelos.

El no hacerlo, afirmó, “provocará que los beneficios que se obtienen del uso suelo, principalmente los agrícolas y ganaderos, se vean reducidos, lo que significa que las posibilidades de obtención de alimentos se reduzcan, y desaparezcan las funciones esenciales en el ciclo del agua y, con ello, se limite la recarga de los acuíferos”.

Se requiere de entidades o dependencias que generen conocimientos sobre el estado de los suelos y de las técnicas para resolver las problemáticas de erosión o pérdida de fertilidad, es decir, de una política de Estado para su conservación y restauración.

El centro de estudios precisó que la estrategia debe centrarse en lograr que los usuarios del suelo realicen prácticas de conservación y restauración, para lo cual es fundamental que por cada ejido, comunidad, áreas naturales protegidas, distritos de riego, cuencas hidrológicas y asociaciones agrícolas y ganaderas, se cuente con diagnósticos.

Subrayó que el Estado debe emitir normas para la elaboración de los análisis; capacitar y asesorar a los usuarios de suelos; apoyar con la asignación de recursos; contribuir a generar conciencia en la población de la importancia de la conservación y restauración de los suelos, y establecer una instancia que defina la política en esta materia, así como emitir una Ley General de Conservación y Restauración de Suelos.

De acuerdo con el Colegio de Postgraduados, más de 142 millones de hectáreas (has) se encuentran en procesos de degradación física, química y biológica de sus suelos; además, en el 71 por ciento de la superficie total del país, los suelos tienen algún nivel de degradación, y anualmente se deterioraron 1.4 millones de has.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) reportan que en México los asentamientos humanos, las zonas urbanas y las áreas con infraestructura ocupan una superficie de 3.3 millones de hectáreas. En tanto, la acuacultura dispone de 106 mil has y se estima que la agricultura abarca 32.6 millones de has, representando las dos últimas el 16.7 por ciento del total.

El CEDRSSA afirmó que “la magnitud de la superficie con suelos degradados demanda una mayor atención tanto de la sociedad como de los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas, a fin de que se realicen acciones para la conservación y restauración de los suelos del país”.

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