19-03-2015.- El grupo de trabajo para Coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, se reunió con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia. El objetivo del encuentro fue conocer sus perspectivas y propuestas, a fin de contar con una visión independiente para esclarecer el caso, así como prevenir, investigar, sancionar y garantizar la no repetición de este tipo de hechos.

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD), señaló que esta audiencia pública es fundamental ya que en la información recabada se advierten actos de suma gravedad, y destacó las 22 personas privadas de la vida, de entre las cuales al menos 15 pudieron haber sido víctimas de ejecución arbitraria, pero también en casos de tortura y de tortura sexual, de encubrimiento y de delitos de abuso de autoridad.

Desafortunadamente, agregó, existen indicios de faltas contra el debido proceso y actuaciones controvertidas en cuanto a la obligación de dar máxima publicidad a la información sobre violaciones a derechos humanos. “La consecuencia es que en la práctica se imponen obstáculos a las víctimas para ver satisfechos sus derechos a la verdad y la reparación”.

Tapia Follen reconoció que el papel del Ejército es un tema difícil de tratar y que el grupo de trabajo tuvo dificultades para acceder a la información sobre el caso; aclaró que aunque el papel del grupo de trabajo no es de investigador, el propósito es construir una opinión para compartir con el Pleno.

Puntualizó que nuestro país tiene ciertos pendientes como resolver el tema de la seguridad que no es una tarea del Ejército y en materia legislativa, se requiere tipificar el delito de las ejecuciones extraoficiales, desapariciones forzadas y la transparencia de la información, así como la cadena de mando.

Por ello, precisó que el objetivo de esta audiencia es conocer las perspectivas, los elementos de análisis y las propuestas de organizaciones y personas expertas, a fin de que este grupo de trabajo cuente con una visión independiente para el esclarecimiento del caso, y la elaboración de acciones legislativas tanto iniciativas como solicitudes y proposiciones.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo parlamentario del PRD, enfatizó que “todos deseamos cuidar la imagen del Ejército mexicano y no denigrarla ni deteriorarla, y una de las formas de contribuir a ello es que casos como el de Tlatlaya se aclaren y se deslinden responsabilidades”.

Añadió que no puede ser ocultando el asunto y evitando que se conozca lo que realmente pasó. “Creo que le ayuda al Ejército aislar a elementos que cometieron excesos, de acuerdo a lo que se conoce cometieron actos extrajudiciales y, por lo tanto, es mejor aclarar el asunto”.

Expresó que el Ejército debería desempeñar lo que la Constitución le encarga como funciones, pero “lamentablemente tenemos una situación tan delicada en el país que se ha tenido que involucrar en otras tareas”.

En la medida que Sedena, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, la PGR y la CNDH contribuyan en casos como el de Tlatlaya, ayudarán a aclarar que pasó y a que el Ejército tome medidas para que no vuelva a suceder, y saber el tipo de normatividad que hay que crear.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf, de la agrupación Morena, advirtió que de no atender correctamente los llamados de información y de investigación en este caso, difícilmente se podrá sostener que no hay una violación sistemática a los derechos fundamentales, ejecuciones y desapariciones forzadas, lo cual se traduciría, además de la responsabilidad del Estado la de funcionarios y servidores públicos que obstaculicen la investigación.

Recalcó que “de no realizarse esta investigación y llegarse a comprobar que es una violación sistemática, esto encuadraría en una comisión de crímenes de lesa humanidad”.

En su turno, la diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) indicó que una de las situaciones que ha generado que el Ejército esté realizando actividades de seguridad pública, es que las policías estatales y municipales han sido rebasadas o corrompidas por la delincuencia organizada.

Sostuvo que “el Ejército en nuestro país es todo poderoso y no hay quien pueda ponerle límites” y consideró que “la opacidad de las autoridades lleva a que no haya claridad del asunto”.

México “transita con dificultad hacia la construcción de controles democráticos para el uso de la fuerza”

Durante su intervención, integrantes de asociaciones defensoras de los derechos humanos destacaron que el caso de Tlatlaya se da en un contexto donde no se castiga ni se investigan las desapariciones forzadas o ilícitos similares. Derivado de esto, advirtieron que las cifras de muertos difieren unas de otras.

Refirieron que para 2013, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) cuenta más de 18 mil homicidios, mientras que el INEGI reporta 23 mil. En materia de secuestro, la diferencia es más pronunciada: mil 698 reportó el SNSP, frente a los 131 mil 946 que INEGI documentó.

Asimismo, sólo 6.2 de los delitos que se cometen en nuestro país se denuncian “debido a la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y el temor a las represalias”

Coincidieron en que la conformación del grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones del caso de Tlatlaya en la Cámara de Diputados, es una señal de “maduración y fortalecimiento democrático”, pero señalaron que si este grupo de legisladores no logra acceder a la información documental necesaria, no se puede esperar mucho de cualquier esfuerzo por parte de otros actores de la sociedad.

En su intervención, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, hizo un llamado al Congreso de la Unión para supervisar las tareas de la PGR y para convocarla a rendir cuentas para explicar los avances en el caso Tlatlaya bajo el principio de máxima publicidad, en virtud de que no se han remitido los expedientes e informes que el grupo de trabajo ha solicitado.

Por otra parte, subrayó que la política de “mano dura” para la seguridad en México no ha dado resultados pues “es falso que se deban sacrificar derechos humanos para que exista más seguridad y que se toleren las ejecuciones extrajudiciales o la tortura para tener mayores avances en la materia”.

En tanto, el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, subrayó que Tlatlaya no debe ser tomado como un tema aislado, sino como un síntoma de problemas estructurales en un país que “transita con dificultad hacia la construcción de controles democráticos para el uso de la fuerza”.

“No es posible que casos de esta gravedad no deriven en aprendizaje a las instituciones, a la política pública y a los mecanismos de control democrático sobre el uso de la fuerza y donde el Estado acepte públicamente sus errores”, abundó.

Argumentó que las instituciones militares no deben hacer tareas que no le corresponden “por el abandono histórico a las instituciones policiales y al aparato de justicia penal por parte del Estado”, ya que el Ejército no cuenta con estándares suficientes para ejercer funciones de seguridad pública bajo control legal de sus actos.

El Investigador Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hizo referencia al Índice de Letalidad 2008-2011 en nuestro país –número de muertos por cada herido en enfrentamientos que involucra a fuerzas del orden público- donde, para la policía federal, existe una cifra relativamente baja: 2.6 muertos sobre heridos.

Sin embargo, advirtió que para el Ejército este dato sube a 9.1 muertos por cada herido durante enfrentamientos y para la marina a 17.3. “Estos indicadores nos alertan de que algo ocurre estructural y sistemáticamente en el trabajo de las fuerzas de seguridad en estos casos”, acotó.

Opinó que tales datos son atendibles por parte del Estado mexicano cuando existe un vacío importante de información. “Hasta no atenderlos de manera institucional con controles creíbles, y que generen confianza –precisó-, vamos a seguir dando repuestas individuales a cada caso hasta que cese el clamor y de nuevo nos encontremos con otro más y así sucesivamente”.

Al tomar la palabra, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hizo un llamado para que la justicia civil actúe con transparencia y se comprometa a no dar continuidad a la “tradición de encubrimiento y opacidad en torno a los procesos de enjuiciamiento de elementos de las fuerzas armadas”.

Recomendó hacer partícipes a expertos internacionales para el esclarecimiento del caso Tlatlaya, de la misma manera en que colaboraron los peritos argentinos en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ya que, consideró, la Procuraduría del Estado de México no cuenta con un mecanismo independiente que aporte credibilidad a sus trabajos.

Asimismo, se pronunció por equilibrar una eventual tipificación del delito de desaparición forzada con capacidad de investigación y fortaleza a las instituciones para resolver efectivamente los casos, ya que, en materia de feminicidios, por ejemplo, la nula coordinación entre estos factores ha provocado que muchos asesinatos de mujeres queden impunes.

De la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, su director ejecutivo, José Antonio Guevara, expresó preocupación respecto a la negativa de entregar información al Congreso de la Unión para dar seguimientos a casos como este. “Debería haber consecuencias de tipo político a los titulares de las instituciones que incurren en esto”, enfatizó.

Enfatizó que “en una sociedad democrática no es aceptable que su presidente celebre la muerte de un ciudadano –líder de una banda criminal- a cargo de una fuerza pública que no tiene sustento legal para encargarse de la seguridad”, como ha ocurrido en sexenios pasados.

Antes de concluir su participación, recordó que nuestra Carta Magna indica que el Ejército no puede hacer tareas de seguridad pública; por tanto, precisó, no se podría hacer una ley que regule el uso de la fuerza, salvo que se reforme la Constitución y se analice por parte de instancias internacionales si esto es procedente.

Adrián Franco Zevada, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), subrayó que el caso de Tlatlaya es un hecho víctimizante del cual la sociedad puede aprender para tener una mejor capacidad de respuesta institucional y establecer mecanismos de reparación integral para que esto no vuelva a ocurrir.

Mencionó que la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el gobierno de esta entidad y la Procuraduría General de la República han estado en permanente comunicación con la CEAV para verificar que las víctimas directas e indirectas sean reconocidas como tales y se les proporcione los servicios y asesoría jurídica correspondiente.

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