• Portal Mart铆nez informa a diputados que esto significa un alza de 8.8 por ciento respecto al a帽o anterior

• Insta a Congreso de la Uni贸n a implementar nuevo marco jur铆dico y mecanismos para regular la deuda p煤blica local

20-03-2015.- El titular de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n (ASF), Juan Manuel Portal Mart铆nez, inform贸 a diputados federales que al cierre de 2013 la deuda de las entidades federativas y municipios registrada en la SHCP ascendi贸 a 482 mil millones de pesos, saldo acumulado superior en 48 mil millones de pesos respecto a 2012, es decir, un aumento de 8.8 por ciento real.

El funcionario dio a conocer esta cifra a la Comisi贸n de Vigilancia de la ASF al detallar el Informe del Resultado de la Fiscalizaci贸n Superior de la Cuenta P煤blica 2013, en el rubro de Funciones de Gobierno, y Sector Hacienda y Cr茅dito P煤blico.

Refiri贸 que Chihuahua y Oaxaca destacaron con un incremento real anual de su deuda p煤blica en 74.8 por ciento (18 mil millones y cuatro mil millones de pesos, respectivamente), Morelos con el 58.8 por ciento (mil 782 millones) y Baja California Sur, con el 44 por ciento (796 millones de pesos).

La ASF, dijo, estim贸 que la presi贸n financiera de servicio de esta deuda como porcentaje de los ingresos federalizados susceptibles de ser destinados a su pago fue mayor que el promedio nacional (9.5 por ciento) en Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo Le贸n, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Hizo un llamado a los legisladores para priorizar la conclusi贸n e implementaci贸n del nuevo marco jur铆dico y mecanismos para regular la deuda p煤blica local, as铆 como el registro transparente de las obligaciones financieras y de los pasivos de las entidades y municipios, adem谩s de establecer un marco institucional s贸lido de responsabilidad y disciplina para el manejo de sus finanzas y la deuda p煤blico.

Se pronunci贸 por avanzar en la consolidaci贸n del Sistema Nacional de Fiscalizaci贸n, mismo que, consider贸, debe ser parte del de Anticorrupci贸n ya que sus insumos resultan de gran valor para la contenci贸n y la disuasi贸n de actos irregulares.

El aporte de este subsistema, que se encuentra en construcci贸n y operaci贸n desde hace cinco a帽os, dijo, 鈥渟implemente no puede ser omitido en el dise帽o de una estrategia de mayor alcance鈥�.

En tal sentido, Portal Mart铆nez celebr贸 el esfuerzo de los integrantes de la Comisi贸n por colocar a la instancia que encabeza como eje del Sistema Nacional Anticorrupci贸n, cuya inclusi贸n fue motivo de debate durante los 煤ltimos meses.

Consider贸 que este proyecto reformista reconoce que el fen贸meno de la corrupci贸n es sist茅mico, y como tal, debe ser enfrentado con soluciones de la misma naturaleza.

鈥淓l 茅xito de la rendici贸n de cuentas radica en avanzar en consolidaci贸n del Sistema Nacional de Fiscalizaci贸n鈥�, reiter贸, y subray贸 la importancia de la reforma para estrechar los v铆nculos de la ASF con la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica.

Al continuar con su intervenci贸n el Auditor Superior de la Federaci贸n explic贸 a los diputados que en el reciente Informe General 2013 de la Fiscalizaci贸n de la Cuenta P煤blica, advierte la existencia de problemas estructurales, de incentivos y de andamiaje legal que rige la actuaci贸n de los funcionarios de gobierno, por lo que debe mejorarse la sinergia entre diputados y la ASF.

Dicho informe formula 454 observaciones derivadas de 128 auditor铆as al Grupo Funcional Gobierno 鈥搎ue incluye Funci贸n Hacendar铆a y otras Funciones de Gobierno-, que generaron 739 acciones; 351 recomendaciones; 173 recomendaciones al desempe帽o; 11 solicitudes de aclaraci贸n; ocho promociones de ejercicio de la facultad de comprobaci贸n fiscal; 133 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 63 pliegos de observaciones.

Por otra parte, refiri贸 que el informe contiene 65 propuestas de reforma a diversos ordenamientos para coadyuvar a una mejor gesti贸n de los entes auditados y alcanzar un nivel 贸ptimo de transparencia y rendici贸n de cuentas.

El titular de la Unidad de Evaluaci贸n y Control (UEC) de la Comisi贸n de Vigilancia de la ASF, Alejandro Romero Gudi帽o, se帽al贸 que el gasto p煤blico enfrenta retos importantes, asociados a su insuficiencia para impulsar el crecimiento econ贸mico y las responsabilidades constitucionales del Estado en materia de bienestar social.

Expres贸 que si bien las finanzas p煤blicas han mantenido una estructura equilibrada en los 煤ltimos a帽os, se perciben debilidades estructurales, como el notorio rezago de M茅xico a nivel internacional en materia de recaudaci贸n tributaria.

Tambi茅n, dijo, hay una fuerte dependencia de los ingresos fiscales respecto de los petroleros; elevados gastos fiscales; reducci贸n de la capacidad de los ingresos p煤blicos para financiar el gasto p煤blico, e incremento de la deuda p煤blica como proporci贸n del Producto Interno Bruto, entre otros.

Mencion贸 que una de las caracter铆sticas de la inversi贸n p煤blica, es su rigidez asociada a la tendencia inercial del gasto corriente y de partidas irreductibles; las pr谩cticas del manejo discrecional, y la utilizaci贸n de deuda p煤blica para fines distintos a la construcci贸n de infraestructura.

Romero Gudi帽o subray贸 que esta problem谩tica se torna compleja por la reducci贸n de los precios del petr贸leo de la mezcla mexicana, los cuales pasaron de un precio anual promedio de 102.1 d贸lares el barril en 2012, a un costo promedio anual de lo que va en 2015 de 44.3 d贸lares el barril, un nivel inferior al precio promedio establecido en la Ley de Ingresos de la Federaci贸n aprobada para este a帽o, que fue de 79 d贸lares.

Sostuvo que a pesar de las precauciones para salvaguardar los ingresos petroleros, persiste el riesgo para las finanzas p煤blicas de que en ejercicios subsecuentes a 2015, se mantenga con alta probabilidad el precio del petr贸leo en sus niveles actuales, por lo que, 鈥渄e metalizarse esta expectativa la cobertura petrolera contratada en los mercados financieros ya no ser铆a tan redituable鈥�.

Del an谩lisis, detall贸, se detect贸 en el Poder Judicial irregularidades en el rubro de aprovechamiento de recursos, infraestructura y servicios de tecnolog铆as de informaci贸n y comunicaci贸n, as铆 como la autorizaci贸n e incremento en las percepciones de servicios p煤blicos superior a la remuneraci贸n del Presidente de la Rep煤blica.

En cuanto a la funci贸n p煤blica, expres贸, hay una debilidad generalizada de los sistemas de control interno tanto en la Administraci贸n P煤blica Estatal como en las Administraciones P煤blicas Municipales.

Precis贸 que en el sector gobernaci贸n hay ausencia o falta de acreditaci贸n de los tratamientos de readaptaci贸n social de los internos puestos en libertad y de los sentenciados que cumplieron sentencia en libertad, ya que los m谩s de 54 mil que compurgaron pena en libertad en 2013 no se pudo acreditar su procedimiento de readaptaci贸n.

Adem谩s, los subsidios a entidades federativas en materia de mando de polic铆as, se detectaron reintegros indebidos, subsidios autorizados irregularmente, falta de enteros a la Tesorer铆a de la Federaci贸n y adquisiciones no autorizadas, de forma que se emitieron s贸lo en esta 103 acciones y recuperaciones por 458.8 millones de pesos.

Propuso emitir el Reglamento de la Comisi贸n Permanente, que regule las atribuciones constitucionales de la misma; abrogar en definitiva el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; establecer en la Ley Org谩nica del Poder Judicial de la Federaci贸n lineamientos que robustezcan su servicios de carrera, y evitar el 鈥渘epotismo鈥� en los diferente 贸rganos jurisdiccionales.

De igual modo, emitir un c贸digo de seguridad p煤blica federal que re煤na todas las disposiciones en la materia que actualmente se encuentran en diversas leyes, a efecto de contar con un instrumento normativo armonizado y de f谩cil acceso para las personas.

El titular de la UEC mencion贸 que en dicho c贸digo debe incluirse materias no legisladas en la actualidad, como el uso de la fuerza p煤blica, la utilizaci贸n de tecnolog铆a para la seguridad p煤blica y facultades de las fuerzas armadas en dicha materia, entre otras.

El presidente de la Comisi贸n de Vigilancia de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n, diputado Jos茅 Luis Mu帽oz Soria, subray贸 que en este Informe de Resultados de la Cuenta P煤blica 2013 no se encontraron resultados diferentes a los de cuentas p煤blicas anteriores, lo que significa que 鈥渘o ha habido de parte del gobierno de este pa铆s la responsabilidad necesaria para modificar las conductas de los servidores p煤blicos鈥�.

Agreg贸 que al decir gobierno 鈥渕e refiero a los tres 贸rdenes de gobierno, no 煤nicamente al Ejecutivo鈥�.

Consider贸 que hace falta una 茅tica diferente de servicios p煤blicos y que ojal谩 se pueda avanzar en ese sentido. Asimismo, se pronunci贸 porque en las siguientes legislaturas no hagan este mismo ejercicio y tengan los mismos resultados.

Resalt贸 que uno de los grandes o el mayor problema de este pa铆s, aparte de la desigualdad, es la corrupci贸n y la impunidad, por lo que estim贸 que 鈥渘os hemos quedado cortos a pesar de los avances que hemos tenido con el Sistema Nacional Anticorrupci贸n, y ahora con la Ley de Transparencia, y ojal谩 que se aprueben las dos a la brevedad鈥�.

Por ello, expres贸 su preocupaci贸n por analizar c贸mo hacer que aquel funcionario p煤blico que ha hecho un uso indebido de los recursos p煤blicos sea sancionado de acuerdo a la ley.

El legislador coment贸 que desde que inici贸 esta Legislatura se ha insistido en reclamar a los grupos parlamentarios la transparencia en el uso de los recursos que se tienen en las c谩maras en el Congreso; 鈥測 hoy nuevamente nos quedamos en deuda con la ciudadan铆a de este pa铆s, en este sentido鈥�.

Enfatiz贸 que 鈥渆s vergonzante que quienes hacemos las leyes nos mantengamos en la opacidad frente al reclamo popular de no transparentar los recursos que recibimos como grupo parlamentario鈥�.

Se pronunci贸 por que exista voluntad pol铆tica para avanzar en vigilar y estar atentos a que el uso de los recursos p煤blicos vayan a lo que deban destinarse, al beneficio de la poblaci贸n, a elevar el nivel de vida, a generar fuentes de empleo, a tener mejor educaci贸n, servicios de salud y mayor crecimiento econ贸mico.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladr贸n de Guevara, de la agrupaci贸n de Morena, refiri贸 que, de acuerdo con el informe de la ASF, se presume una insuficiente capacidad financiera del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y recuperable, por lo que se sugiere a la C谩mara evaluar la conveniencia de promover su extinci贸n.

Por ello, cuestion贸 qu茅 cost贸 tendr铆a para las finanzas p煤blicas extinguir dicho fondo, qui茅n lo pagar铆a y 鈥渟i estar铆amos ante un nuevo Fobaproa鈥�. Asimismo, si podr谩 el Fonadin hacer frente a sus compromisos adquiridos en los proyectos Acueducto Monterrey, Museo del Barroco de Puebla y autopista Naucalpan-Toluca, entre otros. Adem谩s, inquiri贸 si rectifica el auditor superior de la Federaci贸n su compromiso de examinar a detalle dichos proyectos, as铆 como en los que haya participado el propietario del Grupo Higa.

En tanto, la diputada Lucila Garfias Guti茅rrez (Nueva Alianza) coment贸 que una de las recomendaciones de la Auditor铆a se帽ala que la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico deber铆a considerar evaluar los resultados sociales y econ贸micos alcanzados por cada uno de los gastos fiscales, con el fin de mejorar la transparencia y rendici贸n de cuentas.

Subray贸 que cada vez que la ASF fiscaliza el apartado en comento se manifiestan las mismas irregularidades, por lo que cuestion贸 c贸mo se han solventado en otros a帽os las observaciones realizadas a la Secretar铆a de Hacienda en este rubro.

Por su parte, el diputado Danner Gonz谩lez Rodr铆guez (MC) se帽al贸 que este informe refleja claramente los vac铆os que se han generado durante los 煤ltimos a帽os, es decir, no es un problema s贸lo de esta administraci贸n. Consider贸 que se deben dar 鈥渄ientes鈥� a la ASF para que pueda ejercer acciones en contra de las a instituciones que no hacen uso correcto de los recursos.

Coment贸 que Pemex trae pasivos muy fuertes, tiene un grave problema de deuda. Desde que se construy贸, el Fondo de Estabilizaci贸n para la Inversi贸n en Infraestructura de Petr贸leos Mexicanos ha tenido ingresos por 31 mil 479.4 millones de pesos; no obstante, no ha operado como lo previ贸 la ley debido al aumento del gasto corriente de Pemex. Por ello, pregunt贸 c贸mo afect贸 esta pr谩ctica en la gesti贸n de recursos financieros, ahora que el precio del petr贸leo cay贸.

Al hacer uso de la palabra, el diputado David P茅rez Tejada Padilla (PVEM) manifest贸 su preocupaci贸n por que muchas instituciones y organismos no tienen informaci贸n confiable, sustentada y en algunos existe opacidad, que no solventaron de manera precisa las cuestiones que la ASF requiri贸 para realiza al fiscalizaci贸n.

Expres贸 su apoyo para impulsar, antes de que termine el periodo el 30 de abril, las reformas legales sugeridas por la ASF en materia hacendaria, presupuestal y de deuda p煤blica, para 鈥渄arles dientes鈥�, respaldar su trabajo y coadyuvar como 贸rgano legislativo a reforzar su modo de operaci贸n para la transparencia y rendici贸n de cuentas.

Enseguida, la diputada Elizabeth Oswelia Y谩帽ez Robles (PAN), al referirse al Sistema de Administraci贸n Tributaria (SAT), pregunt贸 qui茅n autoriza las condonaciones de cr茅ditos fiscales, pues dijo que en el 2007 le perdonaron a una empresa m谩s de mil millones de pesos en cr茅ditos fiscales y hoy vuelve a usar otro programa de condonaci贸n. 鈥淎h铆 hay una responsabilidad de Hacienda y del SAT para que no existan esas situaciones鈥�, puntualiz贸.

Expres贸 que se debe ubicar hacia d贸nde va el an谩lisis de la Cuenta P煤blica, pues muchas observaciones dejan presumir actos de corrupci贸n e ineficiencias que generan un problema en la aplicaci贸n del presupuesto cada a帽o. 鈥淢茅xico tiene 60 millones de pobres y una ineficiencia en la aplicaci贸n del presupuesto que deber铆a angustiarnos鈥�.

En su oportunidad, la diputada del PRI, Gloria Mar铆a Del Carmen Valencia Gonz谩lez, se帽al贸 que el Sistema Nacional de Fiscalizaci贸n que se ha venido construyendo debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupci贸n, como subsistema, cuyos insumos resulten de gran valor para la contenci贸n y disuasi贸n de actos irregulares. A帽adi贸 que para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el gasto p煤blico, se debe impulsar una reforma al ejercicio del gasto para garantizar que genere un crecimiento econ贸mico exento de corrupci贸n.

Pregunt贸 si la ASF ha revisado la estad铆stica de las entidades federativas en torno a ingresos, gastos y deuda y cu谩l ser铆a el mejor medio para desarrollar un mecanismo de difusi贸n financiera que facilite la toma de decisiones y permita al p煤blico evaluar los instrumentos de deuda para no caer en una posici贸n vulnerable.

Respuestas

Sobre la necesidad de que la ASF tenga 鈥渕谩s dientes鈥�, el auditor Juan Manuel Portal Mart铆nez asever贸 que esto se resolver谩 a trav茅s de la creaci贸n del Sistema Nacional Anticorrupci贸n. Lo que est谩 previsto en el dictamen a discusi贸n 鈥渘os da elementos suficientes, es una gran aportaci贸n y hay avances: no est谩 acabado, hay algunos aspectos que faltan, pero lo que se propone es de mucha utilidad y es un gran paso hacia adelante鈥�.

Porque el problema de la falta de transparencia en el manejo de los recursos p煤blicos es sist茅mico, principalmente de corrupci贸n, y sancionarlo no es facultad de la ASF, es decir, no ser谩 juez y parte, es una de las mejores pr谩cticas internacionales, apunt贸.

Enfatiz贸 que existe recurrencia respecto a las observaciones que la ASF presenta a帽o con a帽o, en cuanto a las desviaciones, 鈥済asto indebido, in煤til y desperdicio de recursos鈥�, por lo que, anunci贸, se planea un proyecto para trabajar junto con la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica en el sistema nacional de fiscalizaci贸n, a fin de fortalecer el control y capacitaci贸n de personal y contar con procedimientos de auditor铆a similares que den una mayor cobertura.

En tanto, Fernando Cervantes Flores, auditor especial de Tecnolog铆as de Informaci贸n, Comunicaci贸n y Control de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n (ASF) afirm贸 que la pol铆tica del Banco de M茅xico (Banxico) sobre las reservas internacionales permite que la econom铆a mexicana tenga un blindaje financiero estimado en 249 mil millones de d贸lares.

Agreg贸 que las reservas comprenden una l铆nea de cr茅dito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 72 mil millones de d贸lares adicionales. 鈥淎nte cualquier contingencia las finanzas del pa铆s tienen esa cobertura鈥�, sostuvo.

Refiri贸 que de haber un incremento en las tasas de inter茅s por parte del Tesoro de Estados Unidos o salida de capitales, las reservas est谩n para hacer frente a una situaci贸n de esa 铆ndole, ya que 鈥渆l Banco de M茅xico viene manejando una pol铆tica prudencial. La ASF hizo auditor铆as a las reservas del Banxico en 2011 con la intenci贸n de conocer qu茅 se hace con esos recursos que est谩n guardados. No estamos en una situaci贸n como la que nos toc贸 vivir en el a帽o de 1993鈥�, asegur贸.

Resalt贸 que en el 2013 los recursos que se destinaron a las 谩reas de tecnolog铆a fueron de 35 mil a 40 mil millones de pesos, los cuales se canalizan a proyectos donde 鈥渓a entidad ni siquiera sabe o tiene definido su problema, por lo que las medidas de seguridad en el manejo de la informaci贸n en estas organizaciones presentan carencias importantes鈥�.

Respecto al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), Javier P茅rez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, indic贸 que el costo de extinguirlo no es el problema, ya que la hacienda p煤blica federal reconocer铆a sus obligaciones. Lo que debe resolverse, aclar贸, 鈥渆s la carencia de transparencia, la ausencia de informaci贸n relevante sobre las obligaciones que hace. No se trata de un nuevo Fobaproa, extinguirlo ser谩 irrelevante en cuanto a costos鈥�, dijo.

Sugiri贸 una participaci贸n m谩s clara de la C谩mara de Diputados, de acuerdo con sus facultades, ya que es quien autoriza las erogaciones a trav茅s del Presupuesto de Egresos de la Federaci贸n, y que en cualquier caso, el Fonadin se maneja con esas erogaciones al margen de las autorizaciones presupuestarias.

En cuanto a la condonaci贸n de cr茅ditos fiscales que realiz贸 el SAT, P茅rez Saavedra, dijo que efectivamente hubo una condonaci贸n que 鈥渁 nuestro juicio se consider贸 improcedente鈥�.

Dicha condonaci贸n, se帽al贸, pese a que es importante, 鈥渟on m谩s de mil millones de pesos, por lo que, debemos revisar qui茅n la autoriz贸 y si ten铆a la competencia para hacerlo鈥�. El fondo del problema, continu贸, es que estos programas de 鈥減onte al corriente鈥� son de apoyo a los contribuyentes morosos y pueden resultar contraproducentes e inducen a los cumplidos. 鈥淣o nos oponemos a que haya una creaci贸n de incentivos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero se requiere un m铆nimo de controles y candados鈥�, enfatiz贸.

El director general de Auditor铆a Financiera Federal A, Alfonso Garc铆a Fern谩ndez, destac贸 que en el 2013 los contribuyentes personas f铆sicas y morales solicitaron condonaciones por 206 mil millones de pesos (mdp), de los cuales fueron perdonados el 80 por ciento, para pagar 40 mil mdp; es decir, recalc贸, 鈥渓es condonaron 166 mil mdp, pero cu谩ndo pagaron el 20 por ciento, esto signific贸 que por cada peso indultado se recuperaron 24 centavos鈥�.

Propuso que la SHCP y la C谩mara de Diputados deben evaluar el impacto de este tipo de programas, con el fin de conocer si el impacto es bueno o malo, que, a juicio de la ASF no es realmente rentable.

Por ello, subray贸, el dise帽o de estos deben ser redefinidos para que se incluyan elementos como: evitar la inclusi贸n de contribuyentes que participaron en los 煤ltimos dos programas de amnist铆a y se excluya a quienes no han sido fiscalizados en los 煤ltimos 5 a帽os, adem谩s de solicitarles alguna documentaci贸n que sustente sus importes manifestados.

Respecto al tema de los aprovechamientos, Javier P茅rez Saavedra dijo que la SHCP subestim贸 los montos de los mismos, lo que se traduce, explic贸, en un margen de discrecionalidad, adem谩s de que las empresas del Estado tienen que proporcionar un rendimiento sobre su capital invertido.

Plante贸 a la C谩mara de Diputados la necesidad de crear leyes al respecto, a fin de que los aprovechamientos, en caso de las empresas estatales mayoritarias y productivas del Estado, sean acordados por cada 贸rgano de gobierno conforme a sus propias facultades. 鈥淐on esto se obligar铆a a que los aprovechamientos pasen y se contabilicen como ingresos excedentes y se sujeten a controles鈥�.

En el caso de Nafin-Bancomext, mencion贸 que hubo un mismo acreditado para las dos instituciones, el cual ofreci贸 las mismas garant铆as. 鈥淓sa fue la esencia del problema, por lo que las instituciones ya est谩n tomando acciones鈥�, apunt贸.

Lo que llama la atenci贸n, dijo, es que en cr茅ditos de tan importante monto no existiera un marco de control al interior de cada instituci贸n por carencia de normatividad en ese aspecto, por lo que 鈥渞ecomendamos que la propia Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores expida una normatividad al respecto, que las garant铆as fiduciarias que se ofrecieron y las declaraciones patrimoniales de los principales accionistas se sometan a un proceso de revisi贸n鈥�.

En cuanto a la Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI, mencion贸 que al otorgarse un importante n煤mero de cr茅ditos a las instituciones financieras no bancarias, estas carecieron s煤bitamente de capacidad de pago por la crisis del 2009. 鈥淗ay una mala cartera de pago, de mala calidad, lo que gener贸 un cambio de giro en el que no estaban preparadas, lo que llevar谩 a mayores quebrantos.

Respecto a los Proyectos para Prestaci贸n de Servicios (PPS) coment贸 que presentan problemas al no reconocer cu谩l es el monto, a cu谩nto corresponde el gasto de inversi贸n y cu谩nto es el costo de la operaci贸n y financiamiento a largo plazo.

Celerino Cruz Garc铆a, director general de Inversiones F铆sicas y Federales, indic贸 que se revisar谩n los proyectos a la empresa filial de Grupo Higa, llamada Concretos y Obra Civil del Pac铆fico; se analizar谩 la ampliaci贸n y modificaci贸n de la plataforma presidencial y sus servicios, resguardos y apoyos dados por adjudicaci贸n directa.

De igual manera, se evaluar谩 la terminaci贸n, construcci贸n y equipamiento del Centro de Reinserci贸n Social en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; el contrato del Acueducto Monterrey 6, que es una licitaci贸n internacional, y el Museo de Barroco de Puebla, as铆 como las carretas Colima-Guadalajara y Toluca-Naucalpan.

Sobre los gastos fiscales, Ricardo Miranda Burgos, director general de An谩lisis de Investigaci贸n Econ贸mica, dijo que en el 2013 ascendieron a 643 mil 419.3 millones de pesos, equivalentes al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); en 2014, disminuyeron a 495 mil 780.7 millones.

Es decir, llegaron a 2.9 por ciento del PIB. Con la reforma hacendaria se eliminaron 24 gastos fiscales y 20 fueron acotados. La Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico estableci贸 que esos 44 conceptos de gastos erosionaban la base gravable, provocaba evasi贸n y elusi贸n o no cumpl铆an con los objetivos econ贸micos y sociales.

La dependencia federal ha planteado a la ASF que es precaria la evaluaci贸n de estos instrumentos en cuanto a sus resultados, lo cual tiene que resolverse.

Indic贸 que no existe un padr贸n o clasificaci贸n de gastos fiscales, por lo que en la auditor铆a realizada se ha sugerido a la dependencia federal la necesidad de dise帽ar un esquema de esta 铆ndole para conocer qui茅nes aprovechan ese tipo de facilidades.

Record贸 que el 83.6 por ciento del monto estimado se define por ley o adjudicaci贸n general, abarca a todo g茅nero de contribuyente y consumos de energ铆a el茅ctrica. Ese es el desaf铆o que hay que resolver en materia de gastos fiscales, precis贸.

En su intervenci贸n, el auditor Especial de Desempe帽o, Pensiones y Jubilaciones, Roberto Salcedo Aquino, precis贸 que el problema de las pensiones y jubilaciones es que no cuentan con los fondos necesarios para enfrentar estas responsabilidades, ya que al ser pasivos contingentes, 茅stos no se alimentan de fondos, por lo que la SHCP no los toma como parte de la deuda p煤blica.

Respecto a la deuda p煤blica subnacional, el director general de An谩lisis e Investigaci贸n Econ贸mica, Ricardo Miranda Burgos, resalt贸 que es necesario tomar en consideraci贸n sus causas y la acumulaci贸n de los d茅ficits fiscales. En t茅rminos nominales, enfatiz贸, dicha deuda de 2009 al 2014 ya se duplic贸, es decir, de 252 mil mdp se acumularon 254 mil m谩s, para llegar a m谩s de 509 mil mdp al cuarto trimestre del 2014.

Enfatiz贸 que hace falta poner en pr谩ctica la reforma legal que se hizo en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el 2012, la cual estableci贸 un a帽o como plazo para que se emitiera una nueva legislaci贸n en torno al tema y se contara con un registro 鈥渕inorizado鈥� de toda la deuda, obligaciones financieras y pasivos que los gobiernos locales tuvieran.

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